El pedido de jury contra un juez revive el conflicto político de La Angostura
Se suma un ingrediente más a la trama política, judicial e institucional que mantiene sumergida en un fuerte conflicto a las instituciones de la localidad.
El Concejo Deliberante de La Angostura votó la destitución de Brito el 15 de enero. (Gentileza: laangosturadigital.com)
Luego de varias semanas de calma, el conflicto político institucional de Villa La Angostura recupera protagonismo con el pedido de Jurado de Enjuiciamiento contra un juez, presentado por una legisladora de Juntos por el Cambio.
La pausa se debió, en gran parte, a la conmoción que generó en la ciudad el femicidio de Guadalupe Curual, la renuncia del juez Jorge Alberto Videla y las manifestaciones populares que solicitaron justicia.
Ahora retoma con el pedido de la legisladora Leticia Esteves, quien acusa al juez Procesal Administrativo de Zapala, Matías Nicolini, de provocar con su actuación «un apartamiento severo al principio republicano de división de poderes» y «en definitiva, un ataque al propio régimen democrático».
¿Qué hizo Nicolini? La diputada resume la compleja trama de este conflicto en su presentación, a la que accedió Río Negro.
• Ante el Concejo Deliberante de Villa La Angostura se inició, en 2020, un procedimiento de juicio político contra el entonces Secretario de Economía, Daniel Brito, por mal desempeño de sus funciones.
• Brito presentó una solicitud de medida cautelar en el Juzgado de Nicolini, con el objeto de que ordene la suspensión de la sesión del Concejo Deliberante prevista para el 15 de enero de 2021 y del juicio político llevado en su contra.
• El 14 de enero, Nicolini ordenó al Concejo Deliberante la suspensión de la Sesión Pública Extraordinaria fijada para el 15 de enero, bajo apercibimiento de desobediencia a una orden judicial.
Aquí está el nudo de la acusación de Esteves. La orden del juez a los concejales, afirmó, «importó una interferencia inadmisible del Poder Judicial sobre las atribuciones y competencias asignadas en forma exclusiva al Poder Legislativo por la Constitución Provincial».
«Esta interferencia en el marco del proceso cautelar fue dictada en forma ilegítima, en exceso a sus atribuciones constitucionales y arrogándose las funciones asignadas por la Constitución Provincial a otro poder del Estado provincial», agregó.
En el pedido de jury indicó que «el juez no tenía competencia para dictar esa resolución. Es más, la Constitución provincial excluye expresamente su competencia para intervenir del modo en que lo hizo».
Aclaró que «el objeto de esta denuncia no es cuestionar el contenido de una resolución dictada por el Magistrado -cuestión ajena al procedimiento de juicio político- sino denunciar que mediante el dictado de una medida cautelar el juez Nicolini pretendió suspender la función legislativa del Concejo Deliberante de Villa La Angostura, avasallando y anulando la Constitución Provincial. El juez agredió los principios constitucionales de un modo que pone en riesgo al principio de división de poderes y a la democracia toda».
Por otra parte, la legisladora de Juntos por el Cambio hizo referencia a la causa penal que se inició contra los concejales por presunta desobediencia a una orden judicial. Y le atribuyó esa decisión a Nicolini, cuando en realidad la formulación de cargos la realizó el fiscal jefe Fernando Rubio ante el juez Juan José Eulogio.
A Rubio también le pidieron un jury, en este caso lo hizo el bloque de legisladores del Frente de Todos. El juez Eulogio, por ahora, no recibió ninguna denuncia.
Hay que decir además que el Concejo Deliberante presentó, a través de sus letrados, un escrito ante el Tribunal Superior de Justicia para que intervenga en forma directa y anule la cautelar de Nicolini (lo que Esteves no ataca con el pedido de jury, porque no corresponde, lo hacen los abogados de los concejales).
Y agregar que el exsecretario Brito impugnó su destitución ante la sala Procesal Administrativa del Tribunal Superior de Justicia.
Por último, para quienes hayan llegado hasta este párrafo sin extraviarse en el laberinto de Creta, un desafío más: el Tribunal Superior estaría por resolver los planteos del Concejo Deliberante y del exsecretario Brito que llegaron a su conocimiento.
Y en paralelo, los integrantes del Tribunal Superior que también son miembros de la comisión especial o del Jurado de Enjuiciamiento deben resolver si abren o no el jury al juez Nicolini y al fiscal Rubio.
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