“El reinado de Catriel y sus contradicciones…”

Redacción

Por Redacción

Un político que no puede interpretar la letra de la ley, que hace caso omiso de sus compromisos más sublimes, que intenta por todos los medios coartar la participación ciudadana en la vida pública, que hace de la desprolijidad y de la inobservancia a la ley su modo de vida, no es un político, sino una amenaza pública. En mi opinión, eso es el intendente Carlos Johnston: una amenaza al contrato social. Pisoteó la carta magna municipal y –contrariándola– hizo el llamado a elecciones para el 3 de mayo, cuando la ley máxima dice expresamente que el único poder facultado para convocar a comicios es el Poder Legislativo municipal. Pero como en su vademécum de atropellos a las normas aún le faltaba experimentar algo, no contento con lo anterior, se presentó como candidato a la reelección, acompañado de varios de sus secretarios, que no pidieron licencia antes de aceptar la candidatura, tal como manda la Constitución municipal, aunque lo hicieron después, fuera de tiempo, cuando era pública su desprolijidad. Embriagado de soberbia, el partido gobernante Movic se olvidó de que para participar en una elección es necesario cumplimentar algunos requisitos que marca la ley (ley O 2431). Tal vez en su imaginario, su amistad con el gobernador podría significar un salvoconducto para que la ley no signifique nada para él. Se venció el plazo para presentar documentación y una presentación del apoderado del Partido Justicialista lo hizo caer en la cuenta de que no había convocado a internas en su partido, y muestra de ello es que no había publicación en el Boletín Oficial. La Junta Electoral local dio lugar al reclamo e impugnó la lista del oficialismo, ajustándose a la fría letra de la ley. Pero si hay algo que en la Argentina se puede hacer es recurrir “al dueño de la pelota” para que haga posible lo imposible. Ni lerdo ni perezoso, el Tribunal Electoral levantó la impugnación, haciendo una excepción. ¿Por qué? Nadie lo sabe. Uno puede sospechar que desde el poder todo es posible, puede interpretar que dicho organismo ha olvidado que la ley es para cumplirla o imaginarse muchas otras cosas, pero lo que uno no logra encontrar es una respuesta razonable. En medio de este “vale todo”, los partidos provinciales con representación en Catriel (por ejemplo UCR y PJ) parecen haber hecho caso omiso de la injusticia que se cometía con sus propios pares y siguieron adelante con lo suyo: convocar a internas partidarias. Paralelamente, la convocatoria real del Poder Legislativo municipal, hecha bajo el imperio de las normas que proponía las PASO en agosto y las generales en octubre, parece haber pasado inadvertida para los grandes dirigentes provinciales. Así, por acción u omisión, casi todos contribuyeron al ultraje de la democracia, a la violación de las leyes, al caos legalizado, porque el poder no es entendido como una herramienta de transformación, sino como un “comodín” para satisfacer deseos, aun cuando la ley indique lo contrario. Hoy, gracias al Superior Tribunal de Justicia, todo volvió a la normalidad. Se vota en agosto en las PASO y en octubre las generales. Pero a los que militamos y transpiramos canelones para poder ajustarnos a la injusticia legalizada ¿nadie va a pedirnos perdón por el atropello (frustrado tardíamente) de quienes juraron respetar las constituciones y las leyes vigentes e hicieron todo lo contrario? ¿Quién nos devuelve el dinero que gastamos en innumerables viajes a Viedma? ¿Quién nos indemniza por los gastos innecesarios de una interna impuesta contra la ley? ¿Quién nos quita el desgaste de convencer a los afiliados a presentarse en una interna que siempre deja heridos? ¿Por qué tengo que agradecer al STJ cuando el Tribunal Electoral provincial tiene la obligación de conocer nuestra carta magna y decirle a la propuesta trasnochada del intendente que eso no tenía razón de ser? Por último, queda un mensaje subliminal peligroso: saber que desde el poder se puede intentar cualquier barrabasada porque, en el peor de los casos, nadie pagará por ello. Roberto Campos, DNI 10.042.201 Catriel


Un político que no puede interpretar la letra de la ley, que hace caso omiso de sus compromisos más sublimes, que intenta por todos los medios coartar la participación ciudadana en la vida pública, que hace de la desprolijidad y de la inobservancia a la ley su modo de vida, no es un político, sino una amenaza pública. En mi opinión, eso es el intendente Carlos Johnston: una amenaza al contrato social. Pisoteó la carta magna municipal y –contrariándola– hizo el llamado a elecciones para el 3 de mayo, cuando la ley máxima dice expresamente que el único poder facultado para convocar a comicios es el Poder Legislativo municipal. Pero como en su vademécum de atropellos a las normas aún le faltaba experimentar algo, no contento con lo anterior, se presentó como candidato a la reelección, acompañado de varios de sus secretarios, que no pidieron licencia antes de aceptar la candidatura, tal como manda la Constitución municipal, aunque lo hicieron después, fuera de tiempo, cuando era pública su desprolijidad. Embriagado de soberbia, el partido gobernante Movic se olvidó de que para participar en una elección es necesario cumplimentar algunos requisitos que marca la ley (ley O 2431). Tal vez en su imaginario, su amistad con el gobernador podría significar un salvoconducto para que la ley no signifique nada para él. Se venció el plazo para presentar documentación y una presentación del apoderado del Partido Justicialista lo hizo caer en la cuenta de que no había convocado a internas en su partido, y muestra de ello es que no había publicación en el Boletín Oficial. La Junta Electoral local dio lugar al reclamo e impugnó la lista del oficialismo, ajustándose a la fría letra de la ley. Pero si hay algo que en la Argentina se puede hacer es recurrir “al dueño de la pelota” para que haga posible lo imposible. Ni lerdo ni perezoso, el Tribunal Electoral levantó la impugnación, haciendo una excepción. ¿Por qué? Nadie lo sabe. Uno puede sospechar que desde el poder todo es posible, puede interpretar que dicho organismo ha olvidado que la ley es para cumplirla o imaginarse muchas otras cosas, pero lo que uno no logra encontrar es una respuesta razonable. En medio de este “vale todo”, los partidos provinciales con representación en Catriel (por ejemplo UCR y PJ) parecen haber hecho caso omiso de la injusticia que se cometía con sus propios pares y siguieron adelante con lo suyo: convocar a internas partidarias. Paralelamente, la convocatoria real del Poder Legislativo municipal, hecha bajo el imperio de las normas que proponía las PASO en agosto y las generales en octubre, parece haber pasado inadvertida para los grandes dirigentes provinciales. Así, por acción u omisión, casi todos contribuyeron al ultraje de la democracia, a la violación de las leyes, al caos legalizado, porque el poder no es entendido como una herramienta de transformación, sino como un “comodín” para satisfacer deseos, aun cuando la ley indique lo contrario. Hoy, gracias al Superior Tribunal de Justicia, todo volvió a la normalidad. Se vota en agosto en las PASO y en octubre las generales. Pero a los que militamos y transpiramos canelones para poder ajustarnos a la injusticia legalizada ¿nadie va a pedirnos perdón por el atropello (frustrado tardíamente) de quienes juraron respetar las constituciones y las leyes vigentes e hicieron todo lo contrario? ¿Quién nos devuelve el dinero que gastamos en innumerables viajes a Viedma? ¿Quién nos indemniza por los gastos innecesarios de una interna impuesta contra la ley? ¿Quién nos quita el desgaste de convencer a los afiliados a presentarse en una interna que siempre deja heridos? ¿Por qué tengo que agradecer al STJ cuando el Tribunal Electoral provincial tiene la obligación de conocer nuestra carta magna y decirle a la propuesta trasnochada del intendente que eso no tenía razón de ser? Por último, queda un mensaje subliminal peligroso: saber que desde el poder se puede intentar cualquier barrabasada porque, en el peor de los casos, nadie pagará por ello. Roberto Campos, DNI 10.042.201 Catriel

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