El temor a un estallido

Toda vez que la economía nacional entra en una zona de turbulencia sindicalistas y otros nos advierten que en cualquier momento podría producirse un “estallido social” de proporciones muy grandes. Lo que no nos dicen es que, aun cuando la situación sea tan catastrófica que sería comprensible que gente desesperada reaccionara participando en disturbios callejeros y saqueos, los estallidos raramente son espontáneos. Casi siempre responden al accionar de agitadores decididos a aprovechar lo que toman por una oportunidad para asestar un golpe al gobierno de turno. Es lo que sucedió a mediados de 1989, cuando los llamados “barones” del conurbano bonaerense decidieron ayudar a truncar la gestión del presidente radical Raúl Alfonsín, y nuevamente en diciembre del 2001, cuando protagonizaron el “golpe civil” que derrocó al gobierno de otro radical, Fernando de la Rúa. En cuanto a los saqueos que tanta alarma motivaron a fines del 2012 y comienzos del 2013, se vieron potenciados por una rebelión policial que convirtió partes del interior del país en “zonas liberadas”. Así las cosas, no sorprende demasiado que la presidenta Cristina Fernández de Kirchner se haya convencido de que el gastronómico Luis Barrionuevo quiere que haya un gran “estallido” en diciembre precedido por “una matiné” destinada a preparar el escenario para una convulsión mayor. Además de ser proclive a ver la mano negra de conspiradores detrás de todas las dificultades, la mandataria se formó políticamente en un movimiento que se ha especializado en sacar provecho del descontento popular. De todos modos, para desbaratar una eventual maniobra de tal tipo, el gobierno pidió a los fiscales denunciar al sindicalista por apología del delito e incitación a la violencia colectiva pero, a menos que cuenten con información concreta que aún no se ha visto difundida, no les será del todo fácil acusarlo de algo más grave que formular previsiones inquietantes. Al fin y al cabo, si hablar de catástrofes sociales por venir es un delito, se trata de uno que han cometido casi todos los políticos del país. Por su parte, Barrionuevo negó tener en mente provocar el caos y nos recordó que en una oportunidad la presidenta misma dijo que, si la inflación “llegaba al 25% anual, volábamos por los aires”. El que voceros gubernamentales se hayan puesto a aludir al riesgo de que el país pronto pudiera ser sacudido por una sucesión de estallidos sociales es de por sí preocupante. Es como si quisieran instalar un clima aún más conflictivo que el ya existente por suponer que les convendría que la ciudadanía se sintiera menos segura. Según el infaltable jefe de Gabinete Jorge Capitanich, detrás del malestar están “grupos de oposición de carácter político, gremial, mediático, comunicacional”, que tratan de “generar miedo en la población a través de declaraciones temerarias”, pero para que tal estrategia funcionara las condiciones tendrían que serles propicias. Por desgracia, no cabe duda de que lo son. Merced a los errores económicos del gobierno kirchnerista, millones de personas temen recaer en la pobreza extrema, lo que, como es natural, brinda a los interesados en impulsar disturbios en gran escala una oportunidad para hacerlo que algunos, acaso muchos, podrían encontrar irresistible. Tienen razón aquellos políticos, tanto oficialistas como opositores, que insisten en que el grueso de la ciudadanía sólo quiere vivir en paz. La mayoría entiende muy bien que un eventual estallido social tendría consecuencias negativas para virtualmente todos. Sin embargo, quienes más han contribuido a crear el tenso clima tenso no son los medios de comunicación o los dirigentes políticos denunciados por Capitanich sino los responsables de permitir que la tasa de inflación alcanzara el 40% anual y que la economía se precipitara en una recesión que amenaza con profundizarse mucho antes de que por fin el país toque fondo nuevamente, lo que tendría un impacto sumamente negativo no sólo en los salarios sino también en el empleo. Es de esperar que hayan exagerado aquellos que advierten que la situación socioeconómica del país ha comenzado a asemejarse a la imperante en los meses previos a la crisis del 2001, pero los síntomas, entre ellos la falta de confianza en la capacidad del gobierno para frenar el deterioro que se ha registrado, son ominosos.

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