El Tribunal de Impugnación resolverá si avanza la investigación por el homicidio de un bebé

Los jueces Miguel Cardella, Adrián Zimermmann y la jueza Rita Custet Llambí tienen la llave para dejar abierta o cerrar la puerta que habilite a la fiscalía a formular los cargos contra una joven sospechada de haber causado la muerte violenta de su bebé la tarde del 12 de mayo pasado en su habitación. La formulación de cargos es el paso necesario para avanzar con una investigación.

La pelea jurídica entre el defensor oficial Marcos Cicciarelo y los representantes del Ministerio Público Fiscal (el fiscal jefe Martín Lozada, la fiscal del caso Betiana Cendón y el fiscal adjunto Marcos Sosa Lukman) arrancó a mediados de mayo pasado.

Y el nudo del conflicto está focalizado en la inspección o el allanamiento del domicilio de la joven que permitió hallar al bebé muerto de manera violenta, en un placar de la habitación de la sospechosa.

Para Cicciarelo ese ingreso de los policías y de la fiscal y sus colaboradores es nulo porque no hubo orden de allanamiento de un juez.

Los fiscales sostienen que es válido porque hubo un consentimiento para que ellos y los policías entraran la tarde del 14 de mayo último a la vivienda por parte de la hermana de la joven sospechada. A esa tesis se sumaron los abogados Alejandro Valdés y Slavko Jancovic, que representan al Equipo de Prevención del Abuso y Maltrato en Menores (Epamm) que es querellante en la causa.

La exjueza de garantías Romina Martini declaró el 24 de mayo último la nulidad de las diligencias que hizo la fiscalía en la vivienda de la joven porque advirtió -en sintonía con el planteo del defensor- que se vulneraron garantías constitucionales al omitir la orden de allanamiento y por haber utilizado información aportada por la sospechosa para incriminarla.

La fiscalía impugnó y el juez Bernardo Campana revisó el fallo de Martini y lo revocó parcialmente el 12 de julio pasado. Para Campana fue válido la inspección ocular por el consentimiento que prestó la hermana. La decisión de Campana allanó el camino para que Cendón y Lozada formularan los cargos contra la joven por el delito de homicidio agravado por el vínculo y porque se cometió con alevosía.

La autopsia del perito forense del Poder Judicial estableció que el bebé nació vivo y fue asfixiado hasta matarlo. Además, constató varias heridas de arma blanca en el cuerpo.

Cuando hallaron el cuerpo, la joven estaba internada en el hospital Ramón Carrillo, con custodia policial. La chica estuvo casi cuatro meses internada en el hospital a cargo del equipo interdisciplinario de Salud Mental. A finales de septiembre pasado fue evaluada por un equipo de especialistas que concluyó que no se trata de un caso de inimputabilidad.

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Cicciarelo recurrió el fallo de Campana ante el Tribunal de Impugnación. Para el defensor de la joven sospechada Campana dejó firme la nulidad del testimonio de la hermana. En consecuencia, advirtió en la audiencia que se hizo el martes por videoconferencia con los jueces del Tribunal de Impugnación de la provincia que se debería declarar la nulidad de todos los actos posteriores a la información que aportó la chica. Además, pidió analizar el caso con perspectiva de género.

El defensor sostiene que los datos que dio la hermana fueron clave para todo lo que pasó después. Si el Tribunal de Impugnación le da la razón al defensor oficial se caería la investigación preliminar de la fiscalía. En el caso de que los jueces del Tribunal de Impugnación desestimen el recurso de Cicciarelo, la fiscalía podrá pedir la audiencia para formular los cargos a la joven con la expectativa de que el juez permita avanzar con la investigación del homicidio del bebé. El fallo se conocerá en 20 días.