El vale todo, para controlar todo

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Augusto Pinochet, dictador

La dictadura del general Augusto Pinochet no sólo utilizó el asesinato y la tortura de 38.000 chilenos para mantener el control de Chile sino que también recurrió a la sociología, la psicología y una increíble variedad de informes secretos a los que tuvo acceso DPA. Los antecedentes, publicados en el libro “Asociación ilícita” de los periodistas Mauricio Weibel y Carlos Dorat, revelan que las acciones represivas ocurrieron en paralelo con un metódico intercambio de fichas de opositores, gráficos estadísticos, informes sobre el “activismo intelectual” y reportes sobre el mundo religioso. Todos membreteados como reservados o confidenciales.

Las golpizas, las aplicaciones de descargas eléctricas en genitales y los ahogamientos en los centros de retención convivieron con las discusiones políticas sobre cuáles eran los límites de las políticas represivas.

“¿Cuántos presos tener? ¿Cómo desvirtuar las acusaciones por violaciones a los derechos humanos? ¿Qué hacer con los opositores? ¿Expulsarlos del país o relegarlos a los pueblos cordilleranos? ¿Cómo justificar las medidas contra sacerdotes?”, enumeran los autores en su texto.

Los documentos analizados, en miles de páginas distribuidas a ministerios y servicios, revelan justamente cómo fueron construidas estas decisiones de la dictadura.

La acción de la dictadura jamás fue el fruto del exceso psicópata de unos pocos sino de detallados discurrimientos conceptuales y operativos hijos de la Guerra Fría y la Doctrina de Seguridad Nacional, la construcción ideológica que justificó la tesis del “enemigo interno”.

Las fuentes de información –según la investigación– fueron por cierto las torturas, pero también hubo infiltrados, reportes diplomáticos, análisis estadísticos de la conducta social, recortes de la prensa y debates jurídico-políticos.

Todo el material circuló con fluidez entre la policía secreta y las más altas autoridades, fueran éstas ministros, miembros de la Junta de Gobierno o simples jefes de servicio.

“Un informe esencial fue el boletín diario de la DINA y la CNI, la mayoría de los cuales fueron quemados”, reseñan Weibel y Dorat en su publicación.

Otra fuente habitual de información fueron los reportes de las delegaciones diplomáticas. Embajadores y cónsules comunicaron con prontitud todo acto supuestamente lesivo a los intereses de la dictadura.

Los informes de los diplomáticos, salvo error, siempre llegaron a la policía secreta, ya fuera como meros reportes o como documentos producidos y sistematizados por los propios ministerios.

Otro material habitual fueron los reportes de actividades, los que desclasificaron las acciones clandestinas de partidos políticos o agrupaciones gremiales. En ellos fue clave el trabajo de infiltrados en el extranjero.

Desde temprano aparecieron también los informes sociológicos. La realidad fue desmenuzada en todos los tipos de activismo posible: terrorista, religioso e intelectual. Salas de clases, peñas y mítines fueron espiados.

Los informes, que cada vez utilizaron más recursos de la sociología científica, describieron con preocupación desde la postura de la Iglesia hasta los debates en las academias, cruzando por los senderos de la política y la economía.

Todo quedó registrado en una tabla o gráfico, como en una pesadilla orwelliana.

Las variaciones de las tendencias sirvieron para explicar “la conducta social”, “la manipulación de la conducta”, “el activismo terrorista” o “la expresión de la conducta”, entre otras variables.

El régimen no actuó impulsivamente. Todo fue metódico, estudiado, sistematizado y compartido. Una política de Estado.

La inteligencia, pervertida y banalizada, fue puesta al servicio del control y el exterminio.

Las más altas autoridades de la dictadura militar tuvieron contacto regular con la policía secreta del régimen, a la que informaban de actividades de los opositores e incluso le pedían confesiones de los detenidos en las mazmorras, revelan los archivos.

Un ejemplo radical de ello ocurrió el 10 de junio de 1987, cuando el régimen militar se preparaba para encarar el plebiscito del 5 de octubre de 1988, el que terminó en la derrota electoral de Pinochet y la apertura del camino de retorno a la democracia en 1990.

Ese día el vicecanciller chileno, el brigadier Francisco Ramírez Migliassi, tomó contacto con la Central Nacional de Informaciones (CNI) y sin titubeos demandó las confesiones de los detenidos en sus calabozos, en el oficio secreto 05151.

“Se necesita saber el apoyo logístico, financiero y de entrenamiento que Cuba presta a grupos de extrema izquierda chilenos. En especial, resulta esencial contar con antecedentes que permitan demostrar cabalmente las vinculaciones de Cuba con el FPMR y el MIR, y muy especialmente si se pueden proporcionar confesiones de extremistas que confirmen la conexión cubana”, detalló.

Ramírez Migliassi, según consta en el libro “Asociación ilícita”, adelantó a los jerarcas de la CNI que la información sería utilizada para reactivar los contactos con la comunidad cubano-americana, contraria al gobierno comunista de Fidel Castro.

“Igualmente, sería de desear contar con antecedentes respecto de la participación de Cuba en la entrega de armas ingresadas el año pasado en Carrizal Bajo”, añadió en el documento remitido al director de la CNI, general Hugo Salas.

“Las demandas de Ramírez Migliassi fueron parte de una extensa iniciativa del régimen surgida luego de las operaciones de Carrizal Bajo y del atentado a Pinochet”, reseña el libro además.

Carrizal Bajo, el nombre de una pequeña caleta de pescadores del norte de Chile, fue el lugar escogido por el Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR) para ingresar un cuantioso cargamento de armas que sería utilizado para intentar derrotar por la vía armada al régimen de Pinochet.

No obstante, en agosto de 1986 la operación falló cuando los guerrilleros, entre quienes estaban Sergio Buschmann, Alfredo Malbrich y Claudio Molina, fueron sorprendidos por agentes de la policía secreta del régimen.

Paralelamente, el 7 de septiembre de ese mismo año otro comando del FPMR atentó contra Pinochet en el cordillerano y capitalino Cajón del Maipo, acción de la cual el general resultó ileso. Cinco de sus escoltas murieron en ese combate.

“Los hechos, además de motivar asesinatos y detenciones en la oposición como represalias, indujeron una amplia y hasta hoy desconocida colaboración entre el gobierno estadounidense de Ronald Reagan, el exilio cubano y el régimen de Pinochet”, indica el libro.

Esta singular iniciativa golpeó incluso puertas de cancillerías e instituciones castrenses de Latinoamérica, como develó el oficio secreto 0199 del Ministerio de Relaciones Exteriores, fechado el 7 de enero de 1987.

En dicho informe secreto el director general interino de Política Exterior de Chile, el embajador Jaime Herrera Cargill, alertó al director de la CNI de los avances de esta operación internacional destinada a aclarar el ingreso de armas a Chile.

“Me dirijo a US. en relación con el documento de la referencia en virtud del cual nuestra embajada en Lima remitió informes relacionados con una entrevista sostenida entre personeros de dicha misión y los dos expertos en armamentos norteamericanos –invitados por nuestro gobierno– que elaboran un informe relativo al hallazgo de arsenales”, comenzó el documento.

“La misión de éstos –según explicaron– abarcó México, Colombia, Venezuela, Brasil, Uruguay y Perú, lugares en los que tomaron contacto con los ministerios de Relaciones Exteriores, del Interior y oficiales de inteligencia, y en el caso de Uruguay, además con miembros del Parlamento”, agregó el embajador Herrera.

Los agentes estadounidenses –que no fueron identificados– expresaron además su preocupación por la circulación de armas en la región y reseñaron que el propio presidente estadounidense Ronald Reagan (1981-1989) consideró grave y de interés la información, según los reportes de la Cancillería chilena.

Bajo el régimen de Pinochet, quien falleció en el 2006, unas 38.000 personas fueron ejecutadas, desaparecidas o torturadas, según informes oficiales emitidos en democracia.