Una encuesta arrojó que el 65% de los padres de Roca no paga la cuota alimentaria
Los datos fueron difundidos el lunes por un estudio del Consejo de Mujeres Diversas. Se recopilaron las voces de 165 mujeres mediante un cuestionario virtual. Un 90% del total no paga nada, menos o fuera de término.
Casi la mitad de los ingresos a mediación familiar en Río Negro fueron por prestaciones alimentarias, en el primer semestre.
Esta semana, se presentaron los resultados parciales de un relevamiento local sobre deudores alimentarios en Roca. Para la confección de este informe, el Consejo de Mujeres Diversas entrevistó a 165 mujeres de la localidad.
Según los datos suministrados el 63% de las encuestadas no recibe dinero por parte de los padres de sus hijos. Mientras que del porcentaje restante, el 88% no recibe el monto que se acordó y solo el 10 lo percibe en tiempo y forma.
El informe se dio a conocer este 27 de septiembre, fecha que se conmemora el Día Nacional de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes. Fue establecida en 1990 a través de la ley 23.849 cuando se incorporó al derecho argentino la Convención de los Derechos del Niño.
Justamente, uno de los principios fundamentales hace referencia al desarrollo pleno de las infancias, algo de lo cual la alimentación es parte indispensable.
Para elaborar esta investigación, el Consejo consideró por alimentos al «conjunto de todo aquello que las niñas y niños necesitan para su supervivencia, educación, vestimenta, salud, entretenimiento, vivienda y un futuro oficio o profesión«.
Hay que precisar que tan solo el 81 por ciento de los acuerdos por alimentos fue mediado por el poder judicial. Lo cual muestra una falta de compromiso y de respuestas rápidas por parte de las entidades estatales encargadas de dar soluciones.
El alimento es un derecho, la responsabilidad alimentaria una obligación, el incumplimiento un delito.
Consejo Local de Mujeres Diversas
Esta realidad tiene su impacto directo tanto en el desarrollo de los menores, como en el estado emocional de las mujeres. Muchas de ellas presionadas por la necesidad de continuar dando sustento a sus hijos, con ingresos limitados.
Por su parte, referentes del organismo solicitaron que se evite el uso del término ‘cuota alimentaria’. La denominación, según ellos, «sólo queda en lo patrimonial y dinerario». La propuesta es reemplazar la terminología por ‘responsabilidad alimenticia’, ya que integra otras dimensiones y a un verdadero compromiso vincular del padre no conviviente con sus hijos.
«Lleva a la toma de conciencia de lo que los alimentos se encuentran vinculados con la afectividad familiar y la integridad general de los y las niñas para una crianza confortable«, añadieron en referencia al cambio de expresión.
Según estipula el Código Civil en su artículo 658, la obligación de alimentar y educar a los menores de acuerdo al nivel socioeconómico es responsabilidad de ambos progenitores. “Aunque el cuidado personal esté a cargo de uno de ellos”, añade la normativa.
Registro de Deudores
Existe un Registro de Deudores Alimentarios (REDAM) que depende del Registro Civil de las Personas de Río Negro. Está vigente desde el año 2008 y se actualiza cada 6 meses.
Cualquier persona física o jurídica, pública o privada, interesada en acceder puede realizarlo con un trámite sencillo.
Para hacerlo se debe completar un formulario online en la página del Registro Civil, para luego retirar el certificado en la oficina más cercana. El sellado tiene un costo de 350 pesos.
La inscripción de los morosos se realiza por orden judicial, cuando el progenitor o progenitora no conviviente no abona tres cuotas alimentarias seguidas y/o cuando adeuda cinco de forma alternada.
En Roca hay 95 personas que no pasan la cuota alimentaria a sus hijos de 534 a nivel provincial, según datos publicados en febrero de este año.
Hace pocas semanas comenzó a elaborarse un anteproyecto de ordenanza para crear en la ciudad un registro propio. La base de datos le permitiría al estado municipal una verdadera política de protección e interés por la niñez y adolescencia en su desarrollo integral.
Según la propuesta, los organismos del municipio deberán pedir el certificado de libre deuda para distintos trámites como: licencia de conducir, permisos, concesiones para la explotación comercial y prestación de servicios, habilitaciones comerciales y/o industriales, entre otros.
También se les imposibilitará el desarrollo de tareas en la gestión pública.
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