En guerra contra la economía

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Que los kirchneristas desprecien a los economistas “ortodoxos” o “neoliberales” no es ningún secreto. Tampoco lo es que crean que si logran convencer a la gente de que la economía está por reactivarse no tardará a recuperar el dinamismo perdido. Será por este motivo que el gobierno ha confeccionado un presupuesto destinado a colmar las expectativas de los más exigentes. Prevén que el producto bruto crecerá el 2,8% –de no haber sido por la resistencia oficial a pagar el cupón de PBI de las deudas reestructuradas, lo hubieran duplicado o triplicado–, que la inflación apenas rozará el 15% anual y que el dólar oficial terminará el año ubicándose en torno del 9,45 pesos… Si fuera cuestión del presupuesto 2012, digamos, los números no ocasionarían demasiada sorpresa, pero parecería que están pensando en el 2015. Conforme a la mayoría de los economistas no oficialistas, lo más probable es que el año próximo el producto bruto se achique el 2% o más, que a pesar de la recesión la inflación no baje del 40% anual que ya ha alcanzado y que el dólar oficial se vea devaluado para que se acerque al “blue” que acaba de subir a 14,45 pesos. Así, pues, el presupuesto 2015 es nada más que un relato muy lindo, obra de funcionarios que, según parece, suponen que les ha sido dado reemplazar la realidad cierta por una ficticia que, huelga decirlo, es decididamente mejor. Para los radicales, peronistas e izquierdistas que siempre han insistido en que lo económico debería subordinarse a lo político, la situación en la que el país se ha metido ha de ser aleccionadora. Fiel al principio así resumido, el gobierno kirchnerista se ha negado sistemáticamente a dejarse conmover por tendencias que en otros países motivarían pánico. Aunque a inicios de su gestión, el presidente Néstor Kirchner brindaba la impresión de comprender que sería peligroso tomar demasiado en serio las tesis voluntaristas de los convencidos de que las malas noticias suelen ser inventos de la derecha más recalcitrante que los fabricaba con el propósito de asustar a los gobiernos populares para que privilegiaran a los poderes concentrados, razón por la que sería mejor mofarse de sus advertencias, andando el tiempo cambió de opinión, de ahí la decisión de falsificar las estadísticas del Indec. En cuanto a su esposa y sucesora, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, parecería que nunca se le ocurrió permitirse influir por lo que, según los despreciados “neoliberales”, era la realidad económica. Aun antes de irrumpir “los buitres”, el gobierno de Cristina se empeñaba en aumentar cada vez más el gasto público sin preocuparse en absoluto por la necesidad de financiarlo con recursos genuinos. A los kirchneristas les ha resultado agradablemente fácil justificar los aumentos en términos morales o sociales, señalando que son tantas las necesidades que sería inhumano reducir los gastos pero, por desgracia, negarse a respetar los límites fijados por la dura realidad sólo asegura que, al chocar contra ella, los daños provocados sean irreparables. Lejos de reaccionar frente al default provocado por el fallo del juez neoyorquino Thomas Griesa asumiendo una postura más cauta, la presidenta, el ministro de Economía Axel Kicillof y otros funcionarios eligieron actuar como si careciera de importancia, razón por la que muchos entendieron que habían optado por lo que a su juicio sería el mal menor en comparación con lo que podría suceder de aplicarse la tristemente célebre “cláusula RUFO” según la cual el país tendría que tratar en pie de igualdad a todos los acreedores, incluyendo a los que habían entrado en los canjes propuestos por el gobierno kirchnerista. Por lo tanto, se suponía que el país saldría del default días después del 31 de diciembre al vencer dicha cláusula, pero últimamente se ha difundido el temor a que, el año que viene, el gobierno siga resistiéndose a llegar a un acuerdo con los holdouts o “buitres” por razones políticas o, si se prefiere, ideológicas. En tal caso, el default se prolongaría, lo que con toda seguridad tendría consecuencias nefastas para la economía nacional que, sin acceso a los mercados de capitales, no estaría en condiciones de recuperarse de la recesión inflacionaria que, mal que les pese a los autores del presupuesto 2015, amenaza con ser más profunda de lo que, hasta hace poco, preveían los pesimistas.

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