En Río Negro auditan compras de 1.112 millones por el Covid

El Tribunal de Cuentas analizó contrataciones en tres ministerios, de los seis meses iniciales de la pandemia. Hay observaciones por precios, por “errores administrativos” y demoras en las entregas, pero se pondera la excepcionalidad del momento.

Seguridad adquirió 150.000 barbijos en unos de los contratos directos, analizados por los auditores del Tribunal de Cuentas. Foto: Marcelo Ochoa.

Seguridad adquirió 150.000 barbijos en unos de los contratos directos, analizados por los auditores del Tribunal de Cuentas. Foto: Marcelo Ochoa.

Algo más de 1.112 millones de pesos desembolsó el Estado Provincial en el primer semestre de la pandemia por las erogaciones de Salud, Seguridad y Desarrollo Humano.

Esas operaciones públicas se concretaron con contrataciones directas por las facultades de urgencia fijadas por las normas provinciales.

Cerca de medio centenar de expedientes durante marzo y agosto del año pasado permitieron compras por unos 1,112,4 millones. Se concentran un 64% en la cartera de Desarrollo Humano, seguida con el 33% por contrataciones de Salud mientras el 3% corresponde a la cartera de Seguridad.

Tres auditorías del Tribunal de Cuentas evaluaron esos trámites, a partir de muestras -es decir, la revisión de algunos expedientes- y la conclusión de distintas “observaciones” -como falta de valores estimados o razonabilidad del precio- aunque, en líneas generales, ese órgano de control relativiza esas falencias por la emergencia impuesta por la pandemia.

En sus estudios, el Tribunal alude que los mismos “cumplen con un pedido de la gobernadora Arabela Carreras para analizar los procedimientos de contrataciones”, en el marco de la emergencia sanitaria.

Esas compras directas se autorizaron por el decreto/ley N° 1 del año pasado, con la ley ratificatoria N° 5436.
Las evaluaciones alcanzaron seis meses, desde marzo -con emisión de la norma original- hasta agosto inclusive, con corte fijado por el órgano en el 1° de setiembre.

En Salud, el Tribunal hurgó en tres de los siete expedientes tramitados y entienden que las “mayores falencias” se detectaron en las entregas, incluso en el seguimiento se detecta la frustrada operación para la adquisición de los 100 respiradores cuando la firma oferente comunica que no lo podría cumplir con la provisión porque “Nación intervino la fábrica”.

Uno de los expedientes analizados se correspondía con la compra de camas ortopédicas, bombas de infusión, monitores multiparamétricos, camillas y mesas de comer por algo más de 91 millones. En las conclusiones, los auditores valoran que “existió celeridad” en las actuaciones aunque advirtió de los plazos de entregas: una empresa -Ultragroup- “demoró 53 días corridos para entregar la totalidad” de los elementos adjudicados y la segunda firma -Servimed- requirió “126 días corridos”.

Además, la comisión rescata una “advertencia de la Contaduría” que alude a la existencia de valores de ofertas “significativamente inferiores a los costos oficiales estimados”.

En cambio, en Seguridad se revisaron siete de diez expedientes, incluyendo un anticipo de fondos por 20 millones que derivó en la utilización de 17,3 millones en la compras de 150 mil barbijos, entre aparatos de análisis de temperatura y lavandina.

Al final, los técnicos aceptan las diferentes aclaraciones del ministerio y levanta sus observaciones, recordando que fueron “básicamente errores administrativos”.

La principal auditoria se concentró en Desarrollo Humano, con 30 expedientes y el desembolso mayor, con unos 718 millones, de los cuales, unos 545 millones fueron de asistencia alimentaria, con unos 180 millones de tarjetas (en reemplazos de los comedores escolares suspendidos) y 365 millones en módulos.


Precios de las compras de Desarrollo Humano


Los auditores revisaron siete expedientes de Desarrollo Humano, como compras de alimentos, chapas, insumos de protección y fumigación.

En algunos casos advierten que no se acreditaba “la razonabilidad del precio abonado”. Observa que los datos para su justificación era posterior a la contratación, pero la Comisión dice “haber podido hacerse de elementos de juicio válidos”, afirmando que se abonaron en “forma correcta” y “la demora en la documentación respaldatoria podría obedecer al contexto de la pandemia”.

Incluso, en un expediente, se afirma que un “precio máximo” de referencia para la lavandina era de 40,5 pesos y se adjudicó por 58 pesos. “Se abonó -dice- efectivamente el 43% más”.

Aún así, los auditores concluyen que es “es posible interpretar que en la fecha la lavandina era un bien de escasa disponibilidad” entonces los precios máximos -agrega- “adquieren relatividad”.

Montos en la pandemia

718 millones
de pesos fueron desembolsados por la cartera social.
364,4 millones
de pesos fueron usados por Salud en el período marzo-agosto.

30 millones
de pesos de contrataciones directas sumó Seguridad.

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