Enemigos íntimos

DE DOMINGO A domingo

ALICIA MILLER amiller@rionegro.com.ar

La política rionegrina se mide en estos días por la mayor o menor agresividad de las batallas verbales en el Frente para la Victoria, triunfador en diciembre tras una larga historia de ansiedades frustradas. Mucho ha cambiado desde entonces. Particularmente, esta semana, dos hechos lo muestran con claridad: • La Legislatura derogó el viernes la ley “insignia” de Carlos Soria: la de Emergencia Administrativa, que declaró sujetos a disponibilidad a 20.000 estatales. La norma fue desmesurada desde el comienzo para el fin que perseguía. Pero su derogación consolida incluso la estabilidad de los ñoquis y exfuncionarios radicales que ingresaron al Estado por la ventana, sin concurso ni legítimo derecho. En síntesis: un fracaso político del oficialismo. En lugar de modificar y encauzar la norma para adecuarla a sus fines, eligió pagar los costos políticos de aprobarla y también los derivados de abandonarla. Los otros costos, los económicos, seguirán siendo pagados por los contribuyentes de la provincia. Como contrapartida, el cese de cinco de las siete emergencias que regían en Río Negro tiene un saldo positivo: implica el fin de las normas de excepción para contratos, compras y designaciones y el regreso de la obligación de realizar licitaciones y garantizar la libertad de ofertas y la igualdad de oportunidades. Legalidad cuyos efectos deberían pronto traducirse en una mejora relativa para las cuentas públicas y en la optimización y transparencia de los recursos del Estado. • Un día antes, el Frente para la Victoria vivió otra batalla contra sí mismo: destituyó de la presidencia de la estratégica Comisión de Asuntos Constitucionales a Ana Piccinini, la radical que Carlos Soria eligió para encabezar la lista de legisladores. Era previsible. Piccinini se ha vuelto una crítica mordaz de la gestión Weretilneck. Aun así, llamó la atención la agresividad empleada. También la pertinacia con que el oficialismo se coloca en desventaja. Lo hizo al permitir que se fracturara un bloque de 30 legisladores que le hubiera garantizado cuatro años de decisiones pacíficas. Tropieza con la misma piedra cuando, ante la carencia de abogados en el sector –Piccinini es la única de la bancada–, se asegura un camino de espinas en el trámite de proyectos complejos. El jueves, cuando la verborrágica reginense hizo paro de “brazos caídos”, se vio una muestra de esa dificultad anunciada. Es probable que el temperamento explosivo de Piccinini haya contribuido al distanciamiento. Y que el gobierno confiara en que, por no ser justicialista, quedaría en soledad. No parece ser el caso. El grupo de los 13 legisladores críticos a Weretilneck –que adhieren a la posición del senador Miguel Pichetto sobre el gobierno rionegrino– emitió un comunicado de respaldo que redobló la apuesta en dos aspectos: se autoadjudicó la custodia del sentir justicialista y cargó contra estilos y vinculaciones del oficialismo con radicales que estuvieron sospechados de presunta corrupción en gestiones anteriores. Lejos de disminuir, según el consejo presidencial, la violencia verbal en el Frente crece. Tanto que el comunicado de los pichettistas introdujo entre líneas un tema que, hasta ahora, sólo circulaba en voz baja por los despachos y en la opinión de algunos constitucionalistas. Al cuestionar que se eligiera para reemplazar a Piccinini al frente de Constitucionales a Tania Lastra, “los 13” la definieron como “una legisladora que ingresó fortuitamente como suplente a la Legislatura”. La referencia tensó aún más la sensible piel del oficialismo. Sin nombrarlo, aludieron a las dudas de interpretación de la Constitución y la ley respecto de si el procedimiento seguido en la Legislatura tras el fallecimiento de Carlos Soria se ajustó o no a lo que dispone el artículo 180 de la Constitución rionegrina y la ley de Acefalía de la provincia –la Nº 2239–. Mientras tanto, el gobernador apuesta a mostrarse activo y optimista, en la convicción de que gestionar el Estado no sólo es su obligación sino que contribuirá a restar argumentos a sus críticos y a reforzar su imagen ante la ciudadanía. En apenas unos días logró aval para saldar con bonos y cheques diferidos la deuda anterior a diciembre con proveedores del Estado, firmó contratos para construir obras escolares, asistió a inauguraciones y aniversarios, anunció la transformación de la Ley Orgánica de la Policía y recibirá pronto las conclusiones de la consulta pública para reformar la Ley Orgánica de Educación. Como contrapeso, Weretilneck enfrenta dificultades para disciplinar la Policía –agitada por graves denuncias de violación a los derechos humanos, revueltas por cuestiones internas y fugas de detenidos en penales provinciales–. La reestructuración de la fuerza es un tema que demanda recursos económicos e intelectuales pero, sobre todo, un replanteo de fondo cuyos resultados no se verán en el corto plazo. Sabiendo que la crisis política en el oficialismo no es inocua para su gestión, el gobernador confía en que la renovación de su gabinete le dará algo de aire para desgastar la posición del senador Miguel Pichetto. Al parecer, ha cambiado de estrategia y, si bien se reunirán, no está dispuesto a hacerle concesiones políticas. Paradójicamente, Weretilneck logró esta relativa posición de fuerza gracias al apoyo del intendente de Roca, Martín Soria, quien no ha ahorrado críticas a ciertas acciones del Ejecutivo. Si bien se declaró neutral en los primeros tiempos del desacuerdo, Soria terminó cediéndole al gobernador uno de sus más allegados colaboradores –Luis Di Giacomo será ministro de Gobierno– y sugiriéndole que designe al contador y fruticultor roquense Alfredo Palmieri al frente de la cartera de Producción. Otro de sus delfines –Luis Mario Bartorelli– tuvo un rol central en el desplazamiento de Piccinini. Aun así, Soria es el único dirigente que mantiene diálogo con Pichetto. Por necesidad de preservar la “gobernabilidad” de su ciudad o por verdadera vocación dialoguista, es hoy visitado en Roca y consultado por dirigentes de los dos sectores en disputa. Antes de que se calmen las aguas, otra batalla se anuncia: el gobernador habría dado instrucciones para apartar a Piccinini también del Consejo de la Magistratura. Un lugar para el cual el oficialismo parlamentario no está en condiciones de exhibir un candidato firme. Fracturado y débil en la Legislatura, el Frente para la Victoria busca recomponer su imagen desde el Ejecutivo para tapar el desnudo de sus diferencias, que amenazan con drenarle popularidad.