El Gobierno avanza con su plan para reforzar el transporte eléctrico y destrabar inversiones del sector privado

Hoy, el Gobierno Nacional anunció que avanzará con el Plan Nacional de Ampliación del Sistema de Transporte de Energía Eléctrica. Según informó en un comunicado oficial, se habilitará la ejecución de obras prioritarias mediante el régimen de concesión de obra, con participación de inversión privada y reglas claras.

A través del Decreto 921/2025, se busca mitigar riesgos de cortes de suministro, robustecer la red eléctrica nacional y resolver cuellos de botella estructurales que hoy limitan el transporte de energía desde los centros de generación hacia los centros de consumo. Se trata de una condición indispensable para mejorar la confiabilidad del sistema, acompañar el crecimiento de la demanda y permitir el desarrollo de nueva generación.

El Plan Nacional de Ampliación del Transporte Eléctrico constituye una pieza central de la estrategia para contar con un sistema energético más confiable, moderno y preparado para el crecimiento de la Argentina.

Con esta medida, el Gobierno avanza en la normalización del sector eléctrico, crea las condiciones para destrabar inversiones largamente postergadas y fortalece un sistema de transporte que es clave para la seguridad energética, el desarrollo productivo y la reducción de restricciones que afectan a usuarios, industrias y regiones del país.

En el decreto se establece que las obras de ampliación del transporte eléctrico definidas como prioritarias se llevarán adelante mediante licitaciones públicas nacionales e internacionales, bajo el marco de la Ley de Concesión de Obra. Este esquema permite que el sector privado construya, opere y mantenga la infraestructura, sin comprometer recursos fiscales directos, garantizando previsibilidad jurídica y sostenibilidad económica.

La norma delega en la Secretaría de Energía del Ministerio de Economía de la Nación la ejecución del proceso licitatorio, incluyendo la aprobación de pliegos, la convocatoria, la evaluación de ofertas y la adjudicación de los contratos. Con esta reorganización, el Ministerio de Economía actuará como autoridad de aplicación y control.