Vaca Muerta en alerta: advierten riesgo a las inversiones por nuevas exigencias de un municipio

A una década del inicio de las actividades en Vaca Muerta, y cuando los niveles de producción ya dan pie a exportaciones de buen volumen, un municipio lanzó una batería de normas para regular el uso del agua pese a que es una facultad provincial, otorgó el control a una sola empresa y llevó a que desde la Cámara de Empresas Productoras de Hidrocarburos (CEPH) se alertara que pone en riesgo los desarrollos en la búsqueda de gas y petróleo.

En concreto se trata de las acciones que desde septiembre lleva adelante la comuna de San Patricio del Chañar, a cargo del intendente Leandro Bertoya, que emitió 4 decretos y una ordenanza al respecto.

Puntualmente se trata de la ordenanza 1300/22 y los decretos 1152/22, 1180/22, 1466/22 y 1488/22, que fueron emitidos entre septiembre y octubre. En los mismos se crea la “Red integral de manejo del agua”, un plan que busca controlar el uso en el ejido local del líquido destinado a la industria y su reúso, y a la vez cobrar por el volumen consumido.

La medición de los caudales a cobrar se concesionó a una sola empresa, Confluencia Ambiente y Servicios SRL, pero además se fijaron otros requisitos como la prohibición del uso de mangueras flexibles (lo habitual en Vaca Muerta) a partir de agosto del año que viene.

Y se exigió a las empresas operadoras presentar todos sus planes de trabajo y estudios de impacto ambiental vinculados al uso del agua. A partir de esto, el municipio envió cédulas de notificación intimando a un grupo de operadoras a cumplir las exigencias bajo la pena de aplicarles multas, e incluso clausuró algunas instalaciones que habían sido habilitadas por provincia.

El eje del problema es que el manejo y control del agua es una facultad provincial, regulada por la Ley 899, controlada por la subsecretaría de Ambiente y de Recursos Hídricos desde donde se cobra por el agua consumida.

“Este avance normativo de la municipalidad contradice normas dictadas por la provincia, sumado al costo económico que genera la doble imposición, provocan incertidumbre, inestabilidad e inseguridad jurídica y dificultades económicas y operativas en las empresas de la industria nucleadas en la CEPH, con el peligro de que este accionar sea seguido por otros municipios en caso de no ponerse un freno a esta situación irregular”, planteó la CEPH en una nota a la que Energía On accedió y que fue elevada días atrás al ministro de Energía, Alejandro Monteiro, solicitando su intervención.

“El accionar unilateral de la municipalidad invade directamente competencias legislativas y ejecutivas de la provincia, y contradice normas provinciales y preceptos constitucionales. De hecho, todas estas nuevas medidas unilaterales de la municipalidad contradicen las normas y autorizaciones ya otorgadas por la provincia. Además, impiden el normal desarrollo de los proyectos ya en marcha en la zona, con las consecuencias negativas que ello tiene para las empresas, la provincia y la República Argentina”, remarcó la CEPH en la nota firmada por su titular, Manuel García Mansilla.

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La postura de la provincia ante el conflicto

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En diálogo con Energía On, Monteiro explicó que “hemos tenido varias reuniones con la CEPH y el municipio para tratar de encontrar una solución consensuada entre las partes”.

Es que Monteiro reconoció que “los municipios no pueden cobrar una tasa por el volumen de agua porque esa es una facultad de la provincia, pero sí pueden cobrar una tasa de inspección por una prestación”.

El ministro señaló que “las empresas tienen que entender que está dentro de la autonomía municipal solicitar documentación” y deslizó que “al no haber colisión con intereses de la provincia, no podemos nosotros accionar”. Por lo cual serán las empresas las que deban definir si interponen recursos administrativos o judiciales.

Monteiro reconoció que “no hay antecedentes de otros municipios que hayan hecho este tipo de acciones” contra la industria de Vaca Muerta. Y señaló como ejemplo que “Añelo firmó un convenio con una operadora por un sistema de captación de agua y como contrapartida parte del agua captada es del municipio”.

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Cambios por venir y enojo de las operadoras

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La polémica generada en San Patricio del Chañar ya abrió la puerta a que desde la provincia se estén analizando cambios en las normas vigentes. Por un lado, se anticipó que se pondrá fin a las autorizaciones para la toma de agua en canales de riego ante el mayor volumen de trabajos.

Pero además se avanzará en una norma que fije presupuestos mínimos para la captación y el transporte del agua en zonas urbanas.

Mientras tanto avanzan las mediaciones, el municipio no solo amenaza a las empresas con la aplicación de multas si no cumplen con las nuevas exigencias, sino que además días atrás clausuró tomas de agua a pesar de que habían sido habilitadas por provincia y no por el municipio.

Desde las empresas del sector, la preocupación crece a la par del enojo, ya que no solo se cuestiona que se concesionó todo el nuevo servicio a una sola empresa que fue definida por el municipio y no por cada una de las operadoras, sino que además la prohibición del uso de las habituales mangueras flexibles se da sin que la concesionaria -Confluencia Ambiente y Servicios SRL- cuente con una planta de captación de agua.

“Nos quieren obligar a trabajar con la empresa que el municipio fijó cuando tenemos otros proveedores, y de cierta forma a financiarles la planta de agua si no queremos que se frenen los desarrollos”, contó un empresario del sector.

Otra fuente de la industria alertó que “están queriendo romper el negocio del agua con esta empresa sin ganarse el lugar por la calidad de sus servicios sino entrando a las patadas”.

La polémica sigue abierta y tal como se adelantó desde la CEPH, suma incertidumbre a los grandes desarrollos que hay en la zona de parte de empresas como Shell y Phoenix Global Resources (PGR), entre otras.