Estafa al Ipross: una abrupta caída de la facturación aporta más indicios

Tres farmacias de Roca cobraron $ 3,2 millones en enero. En marzo, con el escándalo desatado y el cambio de auditores, el monto fue de 1,3 millones menos. Hubo presiones para que no se detallen los nombres de los involucrados. La denuncia se hizo con códigos numéricos y la Justicia igual podrá identificarlos.



El caso salió a la luz porque nuevos dueños de una farmacia encontraron recetas en una caja.

El caso salió a la luz porque nuevos dueños de una farmacia encontraron recetas en una caja.

No sólo es la caja con recetas que permitió empezar a investigar. No sólo hay inconsistencias entre la demanda real de los afiliados y los remedios que pagó la obra social. Los registros contables también ofrecen fuertes indicios sobre las irregularidades en la facturación que presentaron farmacias de Roca y Allen ante el Ipross durante los últimos años.

“Río Negro” accedió ayer a información oficial que indica que en enero de este año tres de las farmacias de Roca sospechadas cobraron $ 3.234.748,24 por los planes de medicamentos para diabetes y epilepsia, pero en marzo -cuando se desató el escándalo dentro del propio Colegio de Farmacéuticos y la auditoría cambió de responsable– la cifra se redujo a $ 1.956.440,50.

“Estalló todo y de golpe la facturación bajó en más de 1,3 millones. No creo que la diabetes y la epilepsia hayan disminuido tanto de un mes a otro en la provincia. Parece que algo raro estaba pasando”, resumió ayer con ironía una fuente con acceso a la causa penal que avanza en los tribunales de Roca.

Más cifras refuerzan la teoría. En la primera quincena de enero una de esas farmacias cobró 146.468,67 pesos por el plan de medicamentos para la diabetes, pero en marzo el monto por el mismo concepto fue de 18.377,51 pesos.

Los datos a los que accedió ayer “Río Negro” también permiten responder una pregunta central desde que se hizo pública la denuncia: ¿quiénes son los acusados?

La denuncia no tiene nombres. Se sabe que son cuatro farmacias de Roca y una de Allen, pero no hay personas físicas ni denominaciones comerciales en el escrito que presentaron las autoridades del Colegio de Farmacéuticos el 13 de mayo pasado.

Lo que hay en ese texto son códigos, que identifican a cada una de las 270 farmacias de la provincia. Los fiscales Teresa Giuffrida y Gastón Britos Rubiolo recibieron un anexo que indica a qué farmacia corresponde cada código, por lo tanto para ellos no será difícil ponerle nombres y apellidos a los acusados, una vez que se decida formular cargos.

¿Por qué se pusieron códigos y se omitieron los nombres en la denuncia penal?

Fue la salida que encontraron las autoridades del colegio luego de la fuerte presión que ejerció un grupo de asociados, primero para que no se conforme una comisión investigadora interna y luego para que no se revelaran identidades.

Según las fuentes consultadas, se trató de los farmacéuticos que más nerviosos se pusieron cuando estalló el caso. Algunos de ellos llegaron a presentar cartas documento, invocando la protección legal que existiría sobre los datos personales y patrimoniales.

La investigación

De acuerdo a la información que surgió ayer, los fiscales avanzan con el análisis de la documentación secuestrada en los dos allanamientos realizados en la vivienda particular de la auditora del Colegio, en Allen, y en la sede de la entidad, en Roca.

Las cuatro computadoras que fueron retiradas desde las oficinas de la calle Mitre ya fueron restituidas, quedando en poder de la Justicia diversas copias de los registros informáticos que allí se guardaban.

El próximo paso clave en la pesquisa tiene al Ipross como protagonista.

La obra social tendría que enviar a Roca las cajas que contienen las recetas de medicamentos especiales, para pacientes con diabetes y epilepsia.

Allí se podrá cotejar la información y saber con exactitud si existen distorsiones entre los medicamentos entregados y los pagados por el Estado.

De confirmarse las anomalías denunciadas, allí se abriría una segunda fase importante en la investigación. La Justicia seguramente querrá mirar más atrás, para saber desde cuándo las cuentas públicas están perdiendo dinero y quiénes hicieron o no hicieron algo para que eso suceda.

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La obra social dice que ayudará a la Justicia

El Ipross emitió un comunicado, indicando que está a disposición de la Justicia. “Es objetivo del Gobierno que se llegue hasta las últimas consecuencias en la determinación de las responsabilidades de este hecho del cual la obra social es víctima. De comprobarse la maniobra fraudulenta con un perjuicio económico hacia la obra social, ésta accionará penalmente contra los responsables”, se aseguró.

También se recordó que el convenio que liga al Ipross con el Colegio de Farmacéuticos data del 2010 y en su cláusula 5 dispone que la administración del sistema es facultad del Colegio, “con las consecuentes responsabilidades que genere la gestión irregular de esa potestad”.


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