Falleció Rodolfo Rivarola, ex juez federal de Neuquén
Investigó las causas de los desaparecidos de la región en la etapa inicial, en 1987. Antes, había realizado un aporte fundamental a la ley nacional que sacó a la justicia militar de la investigación de los crímenes de la dictadura, recordó Noemí Labrune.
Ex juez Federal Rodolfo Victoriano Rivarola (foto Archivo diario Rio Negro)
«Si pudimos llamar a indagatoria a más de 40 militares para cuando vino el ultimátum de la ley de Punto Final, se lo debemos a Rivarola«, dijo ayer la dirigente de la APDH de Neuquén, Noemí Labrune.
El ex juez federal falleció el 11 de octubre, a los 76 años. Rivarola fue nombrado en el juzgado de Neuquén luego de la renuncia que presentó Pedro Laurentino Duarte, quien fue un juez federal que actuó durante la dictadura militar y que evitó las denuncias de su complicidad con el terrorismo de Estando con la dimisión.
En su actividad privada, el ex juez fundó el estudio jurídico Rivarola & Bonetti y asociados.
Labrune aseguró que Rivarola en su juventud, como asesor del bloque de senadores del MPN durante la senaduría de Elias Sapag, logró introducir a la ley Alfonsin de juzgamiento a los militares que la definición de los tribunales militares sobre las denuncias presentadas por los desaparecidos, sería revisada por una cámara federal.
«Esa ley fue presentada por Raúl Alfonsín en su segundo o tercer día de mandato. Establecía que serían los tribunales militares los que juzgaran los hechos cometidos contra los desaparecidos. Pero el MPN, por consejo de Rivarola, logró introducir el detalle que si en 180 días los militares no tenían resolución, debían derivar las causas al fuero federal y eso fue votado por mayoría. Y si existía dictámen, igual debía ser revisado por una Cámara Federal. Por eso las causas no quedaron en manos de la justicia militar»; especificó.
En el caso de la región, las primeras instrucciones sobre los delitos cometidos durante la dictadura terminaron en la cámara militar 93, que sobreseyó a la mayoría de los imputados en algunos casos, o no juzgó en otros.
«Rivarola trabajó muchisimo por lograr la prueba cada vez que llegaba una imputación y lo derivaba al tribunal militar juzgador 93. Como no prosperaba o eran sobreseídos, las denuncias terminaron en la Cámara Federal» de Bahia Blanca, dijo, donde revirtieron los sobreseimientos del fuero militar y se inició la instrucción civil.
Labrune sostuvo que debido a ese trabajo en el juzgado de Neuquén, y a la definición por ley de que los tribunales militares tuvieran el control final del fuero federal para todas las causas de desaparecidos en todo el país, se logró avanzar con los juicios. Incluso a pesar de los años de suspensión del proceso de justicia por imperio de las leyes de Punto Final y de Obediencia Debida y «también pese a que no en todas las cámaras federales» se decidió investigar los delitos de lesa humanidad, dijo Labrune.
Al conocer el fallecimiento de Rivarola, Labrune aseguró que «no hubiéramos tenido el resultado que logramos 30 ó 40 años después si no hubieramos tenido este aporte de Rivarola abogado; y si la Cámara de Bahia Blanca pidió la inconstitucionalidad de la ley de Obediencia Debida, fue porque hubo este trabajo a contrareloj en instrucción que inclusive nos permitió llegar al límite del Punto Final con más de 40 imputados, en ese momento», señaló la dirigente.
Las causas federales por los crímenes cometidos durante el terrorismo de Estado se reabrieron en 2005, tras la anulación de las leyes de Punto Final y la de Obediencia Debida.
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