Fin de un largo litigio: reconocen a Bariloche la propiedad del cerro Catedral

La empresa Capsa desistió de la demanda que había presentado hace una década. Era parte del acuerdo tras la firma de la prórroga de la concesión.





La concesionaria del cerro Catedral cuestionaba el poder concedente del municipio de Bariloche y ahora desistió. Foto Archivo

La concesionaria del cerro Catedral cuestionaba el poder concedente del municipio de Bariloche y ahora desistió. Foto Archivo

La empresa concesionaria del cerro Catedral, Alta Patagonia, le puso fin a un largo litigio judicial. Como una herramienta de presión, había desconocido la transferencia de la propiedad del centro de esquí de la provincia a la municipalidad de Bariloche, dispuesto en 2005 pero ejecutado cuatro años después.

El argumento era que la empresa había dado el consentimiento del traspaso de jurisdicción, pero con un plazo que estaba cumplido.

De hecho, desde hace más de 10 años, cada vez que debe responder a comunicaciones de la municipalidad como poder concedente, inicia sus escritos con un largo párrafo sobre este litigio.

El acuerdo de prórroga anticipada de la concesión (hasta 2056), que firmó el intendente Gustavo Gennuso y la empresa en junio pasado, supone el desestimiento de la causa contencioso administrativa contra el traspaso por parte de Alta Patagonia.

La semana pasada, la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y de Minería de Viedma, que entiende en las causas contra el Estado, definió: "Téngase por presentado por la parte actora, Catedral Alta Patagonia SA, el desistimiento de la acción y del recurso de apelación oportunamente deducido".

Este paso legal significa el reconocimiento, 15 años después de decidido, del traspaso de la propiedad de la montaña a la ciudad de Bariloche.

Cómo fue el proceso

En febrero de 2004 el gobierno de Miguel Saiz firmó con Catedral Alta Patagonia SA (Capsa) lo que se conoce como la readecuación del contrato de concesión. Allí la empresa dio su conformidad a la transferencia del dominio del cerro al municipio, con una vigencia de dos años.

Ese acuerdo se transformó a los pocos días en una ley, que además creó un ente regulador con representantes provinciales, municipales y de entidades intermedias de Bariloche.

Pasaron meses, semestres, años y en septiembre de 2009, en una nota oficial a la secretaría de Turismo, Capsa comunicó que “la aceptación irrevocable (de la transferencia del cerro) debe tenerse por extinguida y revocada”.

Y a finales de 2009, se firmó finalmente el acta de transferencia. Mediaron seis meses entre ese momento y la acción judicial de la empresa, que desconoció y sigue haciéndolo en cada comunicación oficial al ente regulador, la legalidad de la transferencia sin su consentimiento y aduce incumplimientos de la provincia que la obligan a retirar esa conformidad.

Desde entonces, se suspendieron en varias ocasiones los plazos procesales de la causa de común acuerdo entre las partes, para abrir instancias de negociaciones.


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