Finalmente, entró en la agenda nacional
El acoso reiterado entre pares en las escuelas, el hostigamiento sistemático, grave, sostenido, silencioso y no entre compañeros de escolaridad conocido internacionalmente como bullying, en apariencia entró en las agendas de los funcionarios educativos en Argentina. Hoy se puede notar el pasaje de los hechos violentos en las escuelas de las páginas policiales, del periodismo especializado en delitos, de ser abordado por comisarios, policías y vecinos de los niños o jóvenes involucrados, a las agendas de los ministerios de Educación del país y de sindicatos docentes. Fue llamativo y novedoso que el ministro de Educación, Alberto Sileoni, pusiera en la mesa la intervención de la cartera en el tratamiento, esclarecimiento y sanción de uno de los hechos más resonantes, el del joven con retraso madurativo de una escuela bonaerense de Avellaneda sometido a golpizas por sus compañeros. El ministro se mostró a favor de sancionar a los responsables y de contener a los sobrepasados docentes y directivos y dijo que iba a evaluar en conjunto el hecho con la directora general de Educación bonaerense, Nora De Lucía. Con una suerte de reflejos tomó por sorpresa a la prensa especializada en temas educativos, acostumbrada a las evasivas de los funcionarios en la problemática. La temática de la violencia en el ámbito escolar, mal llamada “violencia escolar”, fue abordada científicamente o en forma profesional tradicionalmente por especialistas, pedagogos y académicos como únicas voces en el desierto replicativo de la temática. Es entendible que había también que machacar en la opinión pública que la violencia en las escuelas “es la reedición de la violencia en el ámbito social”; es decir, en una ya lejana Argentina pluralista y abierta en la convivencia, hoy se replica en la escuela el maltrato psicológico, verbal y hasta psíquico que sufren muchos niños y jóvenes. En las últimas dos décadas en que se fueron incrementando y agravando los hechos violentos, las burlas y amenazas, el hostigamiento y las persecuciones a los estudiantes con mejor rendimiento o que resaltaban por sus condiciones físicas, fueron escasas las repercusiones y reacciones en los ámbitos oficiales: no sólo que los funcionarios, a la hora de las preguntas, prometían “averiguar”, “investigar” y “sancionar” los hechos violentos entre alumnos, sin ahondar mucho, sino que hasta en algún momento señalaron la “reiteración mediática” como la causal del flagelo. Uno de los primeros pasos fue el Observatorio Argentino de la Violencia Escolar, que organizó el Ministerio de Educación durante la gestión de Néstor Kirchner junto a la Universidad Nacional de General San Martín, del que se conocen pocos datos a unos siete años de su creación. Para el secretario general de la Unión Docentes Argentinos (UDA), Sergio Romero, ese órgano “no dio respuestas concretas, no sirvió para afrontar los problemas de violencia, no es un ámbito para ser burocrático”. Romero, quien presentó hace un año y medio en el Congreso de la Nación un proyecto de ley de creación del equipo coordinador interdisciplinario centralizado para la erradicación de la violencia en el ámbito escolar, consideró “fundamental crear redes y equipos para trabajar la problemática”. Dijo que “los docentes ven sobrecargada su tarea y necesitan apoyo, contención y trabajar fuertemente en la prevención”. Precisamente la UDA realizó un relevamiento respecto de cómo están trabajando las jurisdicciones argentinas en la prevención y el abordaje del bullying y concluyó que las provincias “están prácticamente huérfanas de equipos y se necesita más participación del Estado”. El 11 de septiembre el Congreso contribuyó con una nueva ley que da un marco regulatorio nacional a las distintas autoridades nacionales y provinciales para comenzar a abordar esta problemática. La única provincia que contaba con esa herramienta legal era la de Buenos Aires.
Laura Hojman DyN
• El acoso escolar o bullying es una conducta de hostigamiento o persecución física o psicológica que realiza un alumno contra otro, a quien elige como blanco de repetidos ataques. Este término lo introdujo un noruego, Dan Olweus, hace más de 20 años luego de observar esta conducta en la escuela entre niños y adolescentes. Otros expertos prefieren hablar de “acoso escolar” porque dicen que la palabra bullying (viene de la palabra en inglés “bull”, que significa toro, es decir que se podría traducir como “torear”) tiene connotaciones policiales. • Características del acoso. Debe haber un hostigador y un hostigado. El bullying es contra una persona concreta y no contra un grupo. Si fuera así, sería considerado una pelea entre pandillas. Generalmente es un grupo el que ejerce el hostigamiento, dirigido por un líder que idea las acciones aunque no siempre sea él quien las ejecute. Tiene que haber desbalance de poder o de fuerza. El hostigamiento tiene que ser repetido y sostenido en el tiempo. Una pelea ocasional o por un tema puntual no es bullying. • Tipos de acoso. Físico: pegarle, tirarle las cosas, hacerle zancadillas, robarle tareas o útiles, tirarle objetos, ensuciarlo, atarlo, etcétera. Verbal: ponerle sobrenombres, insultarlo, poner en evidencia defectos físicos, menospreciarlo, etcétera. Exclusión social: ignorarlo, hacerle el vacío, inventar historias falsas, contar intimidades, no invitarlo a reuniones, no sentarse con él, etcétera. • El hostigador. El hostigador generalmente actúa cuando los adultos no están presentes: en el recreo, en el pasillo, en el baño, por internet, por teléfono, enviando mensajes, etcétera. El hostigamiento la mayoría de las veces es rápido y oculto y el que reacciona inadecuadamente es el hostigado, a quien finalmente terminan retando. Un ejemplo es un niño que empieza a gritar luego de que le sacan las hojas, le tiran los útiles, lo pinchan, lo insultan, todo en forma oculta. Pero la maestra escucha sus gritos (reacción que aparece como desmesurada por parte del acosado) y termina amonestándolo. Y ésta es la segunda etapa de triunfo por parte del ‘bulero’: ser tan hábil como para provocar en los adultos la sanción a su víctima mientras él disfruta de su propia sagacidad al tiempo que es festejado por sus seguidores. Fuente: Centro de Investigaciones del Desarrollo Psiconeurológico (Cidep), entidad destinada a la prevención, diagnóstico, investigación y tratamiento de los trastornos de la salud mental infantil. www.grupocidep.org
El acoso reiterado entre pares en las escuelas, el hostigamiento sistemático, grave, sostenido, silencioso y no entre compañeros de escolaridad conocido internacionalmente como bullying, en apariencia entró en las agendas de los funcionarios educativos en Argentina. Hoy se puede notar el pasaje de los hechos violentos en las escuelas de las páginas policiales, del periodismo especializado en delitos, de ser abordado por comisarios, policías y vecinos de los niños o jóvenes involucrados, a las agendas de los ministerios de Educación del país y de sindicatos docentes. Fue llamativo y novedoso que el ministro de Educación, Alberto Sileoni, pusiera en la mesa la intervención de la cartera en el tratamiento, esclarecimiento y sanción de uno de los hechos más resonantes, el del joven con retraso madurativo de una escuela bonaerense de Avellaneda sometido a golpizas por sus compañeros. El ministro se mostró a favor de sancionar a los responsables y de contener a los sobrepasados docentes y directivos y dijo que iba a evaluar en conjunto el hecho con la directora general de Educación bonaerense, Nora De Lucía. Con una suerte de reflejos tomó por sorpresa a la prensa especializada en temas educativos, acostumbrada a las evasivas de los funcionarios en la problemática. La temática de la violencia en el ámbito escolar, mal llamada “violencia escolar”, fue abordada científicamente o en forma profesional tradicionalmente por especialistas, pedagogos y académicos como únicas voces en el desierto replicativo de la temática. Es entendible que había también que machacar en la opinión pública que la violencia en las escuelas “es la reedición de la violencia en el ámbito social”; es decir, en una ya lejana Argentina pluralista y abierta en la convivencia, hoy se replica en la escuela el maltrato psicológico, verbal y hasta psíquico que sufren muchos niños y jóvenes. En las últimas dos décadas en que se fueron incrementando y agravando los hechos violentos, las burlas y amenazas, el hostigamiento y las persecuciones a los estudiantes con mejor rendimiento o que resaltaban por sus condiciones físicas, fueron escasas las repercusiones y reacciones en los ámbitos oficiales: no sólo que los funcionarios, a la hora de las preguntas, prometían “averiguar”, “investigar” y “sancionar” los hechos violentos entre alumnos, sin ahondar mucho, sino que hasta en algún momento señalaron la “reiteración mediática” como la causal del flagelo. Uno de los primeros pasos fue el Observatorio Argentino de la Violencia Escolar, que organizó el Ministerio de Educación durante la gestión de Néstor Kirchner junto a la Universidad Nacional de General San Martín, del que se conocen pocos datos a unos siete años de su creación. Para el secretario general de la Unión Docentes Argentinos (UDA), Sergio Romero, ese órgano “no dio respuestas concretas, no sirvió para afrontar los problemas de violencia, no es un ámbito para ser burocrático”. Romero, quien presentó hace un año y medio en el Congreso de la Nación un proyecto de ley de creación del equipo coordinador interdisciplinario centralizado para la erradicación de la violencia en el ámbito escolar, consideró “fundamental crear redes y equipos para trabajar la problemática”. Dijo que “los docentes ven sobrecargada su tarea y necesitan apoyo, contención y trabajar fuertemente en la prevención”. Precisamente la UDA realizó un relevamiento respecto de cómo están trabajando las jurisdicciones argentinas en la prevención y el abordaje del bullying y concluyó que las provincias “están prácticamente huérfanas de equipos y se necesita más participación del Estado”. El 11 de septiembre el Congreso contribuyó con una nueva ley que da un marco regulatorio nacional a las distintas autoridades nacionales y provinciales para comenzar a abordar esta problemática. La única provincia que contaba con esa herramienta legal era la de Buenos Aires.
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