Integrantes de ATE no declararon por la protesta de Cordero
15 integrantes del gremio fueron indagados por la jueza Sonia Martín.
A diferencia de la ruidosa protesta de la semana pasada que se inició en Tribunales y finalizó en el mismo sitio, tras marchar por el centro de la ciudad, hoy nadie acompañó a los 15 integrantes de ATE que fueron indagados por la jueza Sonia Martín.
Los trabajadores municipales de Cordero, que se negaron a declarar, fueron indagados por los incidentes ocurridos el 12, 13, 16, 17 y 18 de mayo pasado en esa localidad.
Se les atribuye, según la acusación fiscal, que: “…Durante esos días y mediante actos intimidatorios, vociferando agravios, quemando neumáticos, arrojando basura, detonando bombas de estruendo y montando un toldo en el acceso al edificio, entorpecieron el normal funcionamiento de la Municipalidad…”, y agregó el fiscal Martín Pezzetta: “Haber impedido el ingreso de los funcionarios y empleados que se presentaban a cumplir sus funciones como así de los vecinos de la comunidad que requerían sus servicios. Asimismo impidieron el acceso al corralón y al depósito municipal en el cual se guardan los camiones de provisión de agua, utilitarios destinados a brindar servicios públicos, herramientas y materiales obstruyendo el único acceso al mismo”.
El fiscal Pezzetta, en su acusación, sostuvo que “el propósito fue obligar ilegítimamente – mediante amenazas y actos intimidatorios – al intendente Gustavo Pita y al secretario de gobierno, José Cofré, a la reincorporación de los empleados municipales despedidos y a que dispongan aumento salarial”.
La protesta comenzó a mediados de abril y, en esta oportunidad, Pezzetta solicitó la indagatoria, la detención de los manifestantes y el desalojo del municipio, pero la jueza Sonia Martín no le hizo lugar y lo único que solicitó fue las indagatorias.
El conflicto entre el gremio ATE y las autoridades del municipio se extendió por más de 50 días y se iniciaron tres causas penales. La primera fue por entorpecer el normal funcionamiento del municipio.
La segunda causa fue por incidentes y la última por los daños ocasionados en el municipio y la comisaría por la que fueron citado Rodolfo Aguiar, Rosa Ñanco y Dora Fernández.
Estos son los cargos contra dirigentes de ATE tras incidentes en Cordero
Desde el Ministerio Público Fiscal informaron que el fiscal Martín Pezzetta formuló cargos contra dirigentes del gremio ATE por los delitos de daño agravado por ser perpetrados contra bienes del estado, atentado contra la autoridad agravado por ser cometido por tres o mas personas, y lesiones leves.
En relación con esto, desde el ministerio aseguran que contabilizando la declaración de hoy ya suman 18 indagatorias que fueron distribuidas en tres jornadas.
Los hechos por los que se imputa a los dirigentes sindicales comenzaron el 27 de mayo, cerca de las 13:30 horas, en inmediaciones al edificio municipal de la localidad de Contralmirante Cordero. Allí, acorde lo expresaron desde el ministerio, casi una treintena de personas, entre las que aseguran se en encontraban menores, habrían arrojado piedras contra el inmueble, generando daños en el exterior del mismo y rompiendo 8 vidrios del salón de usos múltiples, 4 del polideportivo, veinte vidrios de puertas y ventanas corredizas de las oficinas de Catastro y Compras. Ademas resaltaron que también dañaron vehículos policiales.
A partir de las 9 de la mañana Rodolfo Aguiar, Rosa Ñanco y Dora Fernández prestan declaración indagatoria https://t.co/vdpwcu3mNO
— ATE Río Negro (@aterionegro) 13 de septiembre de 2016
Además, el fiscal sostuvo que unos minutos después de esos incidentes, el secretario General de ATE, Rodolfo Aguiar habría atentado contra el personal policial, que aseguraba el no ingreso de los manifestantes al edificio publico, arrojándose con violencia hacia ellos, explicó Pezzetta. Asimismo aseguran que un grupo de sindicalistas agredieron a los oficiales utilizando palos y resorteras, lo cual habría lesionado a 11 efectivos.
Desde la fiscalía explicaron que los delitos que se les imputan gremialistas prevén penas de hasta cuatro años de prisión para el daño agravado, hasta dos años años de prisión para el atentado contra la autoridad agravado y hasta un año por las lesiones.
