Golpe bajo

A los gremialistas no los han conmovido las alusiones del gobierno sobre la importancia del censo y su necesidad.

Redacción

Por Redacción

En tiempos como el actual, en los que está en juego el futuro de la Argentina, sería legítimo, si bien ingenuo, esperar que todos los representantes sectoriales, encabezados por los políticos y gremialistas que juran estar al servicio del «pueblo», se manifestaran dispuestos a postergar sus aspiraciones particulares en aras de los intereses del conjunto. Hasta ahora, empero, no se han producido demasiadas razones para suponer que sean muchos los que entienden que mientras el gobierno esté esforzándose por negociar con los acreedores locales y extranjeros un «canje de deuda» ordenado al país le convendría brindar la impresión de estar plenamente capaz de afrontar los días difíciles que con toda seguridad le esperan. Por el contrario, es dolorosamente evidente que los líderes de distintas agrupaciones han llegado a la conclusión de que la crisis peligrosa que se ha declarado les ha planteado una oportunidad excelente para aprovechar al máximo la presunta debilidad del gobierno del presidente Fernando de la Rúa y lo imprescindible que le es poder contar con la buena voluntad de los demás, de ahí la decisión del sindicato docente CTERA de ordenar a sus afiliados rehusarse a cumplir con la obligación constitucional de ayudar a llevar a cabo el censo nacional previsto para el 17 y 18 de este mes. Por supuesto, a estos gremialistas no los han conmovido en lo más mínimo las alusiones de miembros del gobierno y de otros a la importancia fundamental del censo y de la necesidad de realizarlo. Antes bien, el que según las autoridades la suspensión del censo dispuesta por CTERA le supondría al Estado la pérdida de por lo menos diez millones de pesos, sólo ha servido para convencer a los militantes más combativos de que si persisten en su actitud podrán anotarse un triunfo fácil.

Pues bien: a nadie se le ocurriría afirmar que los docentes carecen de motivos para quejarse. Muchos están mal remunerados y es notorio que con frecuencia no han podido cobrar sus salarios a tiempo. También lo es que en períodos de crisis -es decir, casi siempre- puedan verlos reducidos a niveles que apenas les permiten subsistir. Sin embargo, es absurdo atribuir esta situación nada satisfactoria al «modelo económico» o teorizar en torno de conjuras destinadas a destruir la educación pública en beneficio de los colegios privados, con el propósito de hacer de la Argentina una colonia neoliberal, tesis disparatadas éstas que figuran en un lugar destacado de la retórica sindical. Los mitos no obstante, aquí, lo mismo que en los demás países de América Latina, la docencia siempre ha sido reivindicada en los discursos de los políticos, pero los docentes de carne y hueso se han visto tratados con desprecio. Hace más de medio siglo visitantes europeos a nuestro país manifestaban su asombro frente a la depauperación de los maestros, fenómeno que, huelga decirlo, ya había resultado en la transformación de la docencia en una profesión abrumadoramente femenina.

Una consecuencia acaso inevitable de la actitud hipócrita hacia la educación de la sociedad en su conjunto -a esta altura, sería ridículo achacarla a un movimiento político determinado- ha sido la radicalización de los gremios docentes que con escasas excepciones han caído en manos de sectas ideológicas. Por cierto, la mandamás de CTERA, Marta Maffei, nunca ha vacilado en subrayar que le preocupan mucho menos los intereses específicos de quienes suele llamar los trabajadores de la educación, que las vicisitudes de «la lucha» contra el «modelo neoliberal», o sea, contra el capitalismo democrático que impera en todos los países desarrollados del planeta. No hay que decir que desde el punto de vista de ideólogos de este tipo el eventual colapso del «modelo» -en otras palabras, de la economía argentina- no constituiría un desastre sino que, por el contrario, sería un acontecimiento muy deseable, razón por la que es de prever que, lo mismo que otros que comparten sus ideas, seguirá haciendo lo posible para asegurar que la muy difícil situación actual se agrave muchísimo más a pesar de que si consiguen hacerlo los docentes mismos se encontrarán entre los más perjudicados.


En tiempos como el actual, en los que está en juego el futuro de la Argentina, sería legítimo, si bien ingenuo, esperar que todos los representantes sectoriales, encabezados por los políticos y gremialistas que juran estar al servicio del "pueblo", se manifestaran dispuestos a postergar sus aspiraciones particulares en aras de los intereses del conjunto. Hasta ahora, empero, no se han producido demasiadas razones para suponer que sean muchos los que entienden que mientras el gobierno esté esforzándose por negociar con los acreedores locales y extranjeros un "canje de deuda" ordenado al país le convendría brindar la impresión de estar plenamente capaz de afrontar los días difíciles que con toda seguridad le esperan. Por el contrario, es dolorosamente evidente que los líderes de distintas agrupaciones han llegado a la conclusión de que la crisis peligrosa que se ha declarado les ha planteado una oportunidad excelente para aprovechar al máximo la presunta debilidad del gobierno del presidente Fernando de la Rúa y lo imprescindible que le es poder contar con la buena voluntad de los demás, de ahí la decisión del sindicato docente CTERA de ordenar a sus afiliados rehusarse a cumplir con la obligación constitucional de ayudar a llevar a cabo el censo nacional previsto para el 17 y 18 de este mes. Por supuesto, a estos gremialistas no los han conmovido en lo más mínimo las alusiones de miembros del gobierno y de otros a la importancia fundamental del censo y de la necesidad de realizarlo. Antes bien, el que según las autoridades la suspensión del censo dispuesta por CTERA le supondría al Estado la pérdida de por lo menos diez millones de pesos, sólo ha servido para convencer a los militantes más combativos de que si persisten en su actitud podrán anotarse un triunfo fácil.

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