Golpistas imaginarios

Al insistir tanto en que distintos personajes a su entender aficionados al «golpismo oculto» estarían tratando de poner fin a su período en el poder, el presidente Fernando de la Rúa sólo ha logrado llamar la atención sobre el clima malsano que rodea a su gobierno desde que se inició el escándalo de los senadores presuntamente sobornados. Mal que le pese, sus problemas tienen muy poco que ver con las intrigas de golpistas de cualquier especie. Sin embargo, es de suponer que, lo mismo que la ministra de Desarrollo Social Graciela Fernández Meijide y otros que dicen creer que neogolpistas «ocultos» están operando en las sombras, sembrando rumores maliciosos, intentando agitar a los mercados pidiendo una devaluación, tratando de «mellar la autoridad de la investidura presidencial», y así por el estilo, De la Rúa siente cierta nostalgia por los días en que la actividad política era mucho más sencilla por estar reducida a un enfrentamiento entre democracia y dictadura o, como decían los propagandistas radicales de los años ochenta, vida y muerte. En aquel entonces era posible silenciar a los críticos acusándolos de conspirar con los uniformados pero, por fortuna, la tradicional «alternativa» castrense a los «políticos civiles» dejó de existir a comienzos de la gestión de Carlos Menem. Con todo, por distintos motivos muchos políticos de cierta edad aún encuentran irresistible la tentación de procurar continuar cumpliendo el papel heroico de paladín de las libertades democráticas en lucha contra la tiranía a pesar de que, cuando el golpismo no tenía por qué ocultarse sino que, por el contrario, se manifestaba con claridad brutal, raramente se destacaron por su combatividad.

Según parece, lo que más molestó a quienes se declaran resueltos a defender la democracia contra la hipotética amenaza «golpista» fue la afirmación del gobernador bonaerense Carlos Ruckauf de que estaba «listo para gobernar». Aunque sería un error subestimar los peligros que plantea a la convivencia un político tan inescrupuloso que se dio el lujo de nombrar a un golpista de verdad, Aldo Rico, como su ministro de Seguridad, no puede considerarse ilegítimo el que se haya aseverado preparado para asumir la responsabilidad de gobernar. Por el contrario, lo entiendan o no el presidente y sus partidarios más vehementes, en democracia es normal que los principales dirigentes opositores juren estar en condiciones de administrar el país. También lo es que insinúen que quienes están tratando de hacerlo son totalmente inoperantes. La idea, que suele ser reivindicada con alusiones a una manifestación notoria del fallecido dirigente radical Ricardo Balbín, de que la función de la oposición consiste en «ayudar» al gobierno de turno aplaudiéndolo, refleja más que nada la incapacidad de muchos políticos para comprender la democracia, un orden político cuya salud depende en buena medida del vigor de los partidarios de diversas opciones, no del temor de la oposición a debilitar al oficialismo haciendo hincapié en sus deficiencias. En cuanto al interés que han manifestado diversos líderes peronistas por la ley de Acefalía que se aplicaría en el caso de que De la Rúa optara por abandonar el poder de forma anticipada, la situación creada por el «portazo» del ex vicepresidente Carlos «Chacho» Alvarez los ha obligado a prestar atención al asunto.

Siempre y cuando aliancistas, peronistas y otros respeten las reglas del juego, la democracia no correrá riesgo a raíz de las palabras críticas que pronuncien los jefes opositores. Antes bien, en momentos de crisis cuando la ciudadanía tiene motivos de sobra para sentir angustia, es positivo que los dirigentes hablen sin pelos en la lengua. Si los líderes de los partidos de la oposición optan por expresarse mediante eufemismos, o si cierran filas detrás de un gobierno cuya gestión no aprueban, dando a entender que no dirán nada en público acerca de temas que la gente considera importante porque en su opinión la situación es demasiado delicada, la democracia, un sistema que pretende hacer manejables los conflictos sin por eso eliminarlos, no tardará en vaciarse y la ciudadanía, consciente de que sus dirigentes le están ocultando lo que realmente piensan, podría recaer en la tentación de confiar en individuos a su juicio menos pusilánimes.