Impuestos camuflados

Salvo que protestas y cacerolas aconsejen un cambio de planes, existen fundadas sospechas de que el gobierno de Cristina Kirchner trataría de “estirar” hasta donde le sea posible –incluso hasta el 2013– la demorada actualización del mínimo no imponible (MNI) y, eventualmente, de las escalas del Impuesto a las Ganancias. Aquella salvedad no sólo se basa en la incierta posibilidad de un gesto conciliatorio hacia las clases medias urbanas. También hacia la dirigencia de la CGT que, después de haber dejado en off side a Hugo Moyano, debe consagrar a su sucesor en pocos días y necesita alguna señal oficial que la fortalezca frente al eje sindical opositor que el líder camionero está armando con el ala de la CTA encabezada por Pablo Micheli. Por lo pronto, la forma en que se instrumentó la mejora de las asignaciones familiares (otro pedido sindical largamente pospuesto) dejó la impresión de que la Casa Rosada busca reservar la carta del ajuste del MNI para las elecciones legislativas del año próximo. El nuevo esquema (anunciado con la decisión oficial de aumentar después de un año la asignación universal por hijo en un 25,9%, de 270 a 340 pesos mensuales) establece que las asignaciones familiares serán más bajas cuanto mayor sea la suma de sueldos del grupo familiar, al eliminarse el techo individual. Y no cobrarán asignación los matrimonios con hijos que sumen más de $ 14.000 mensuales de sueldos, en cuyo caso sólo el cónyuge que cobre más de $ 7.000 por mes podrá deducir del Impuesto a las Ganancias hasta $ 7.200 anuales. Este mecanismo no resuelve el problema de fondo. Como el MNI de Ganancias no se actualiza desde abril del 2011 (en números redondos, se mantiene en $ 6.000 mensuales para solteros y $ 8.000 para casados con familia tipo), cada vez incorpora más trabajadores al impuesto y sufre los efectos de una inflación que podría estimarse en torno de 35% para ese lapso. Y si el ajuste se pospusiera hasta abril del 2013 para que tenga impacto electoral, debería superar el 50% sólo para mantener los valores reales del mismo mes del año pasado. No parecen porcentajes que el gobierno de CFK estaría dispuesto a convalidar sin desautorizar los cuestionados índices del Indec. Máxime cuando este año se calculaba que una suba de 20% en el MNI tendría un costo fiscal de unos 3.500 millones de pesos anuales. La desactualización del MNI significa lisa y llanamente una mayor presión tributaria sobre los sueldos medios y altos. También invalida muchas mejoras de ingresos, ya que las escalas del impuesto tampoco se actualizan desde hace más de diez años. O sea que cuanto más altos sean los salarios por encima del MNI, la AFIP se lleva una tajada proporcionalmente mayor que la que va a los bolsillos de trabajadores, autónomos o en relación de dependencia. No porque éstos tengan necesariamente mayor poder adquisitivo (salvo que logren aumentos espectaculares), sino porque el piso, las escalas y deducciones del impuesto no suben al ritmo de la inflación verdadera. Algo similar les ocurre a las empresas, que tributan sobre ganancias “contables” al no estar permitido el ajuste por inflación de sus balances. Otro caso notorio es el del Impuesto a los Bienes Personales (IBP). Aunque fue bautizado como “impuesto a la riqueza” cuando se creó en la década del 90, su MNI no se actualiza desde 2007 y asciende actualmente a 305.000 pesos (equivalentes a 65.000 dólares al tipo de cambio oficial o a 48.000 al paralelo). Esto implica que cualquier propietario de un departamento de dos ambientes, por ejemplo, queda alcanzado por el gravamen. No son los únicos casos en que la inflación es el camuflaje de mayores pagos de impuestos. Cada vez que los consumidores pagan más caro cualquier producto o servicio, el Estado se lleva el 21% del nuevo precio a través del IVA. A ello se agregan los impuestos provinciales a los Ingresos Brutos (con tasas que van de 2 a 4,5%) que se trasladan directamente al consumidor. Según cálculos privados, la recaudación implícita del llamado “impuesto inflacionario” ya representa nada menos que 2% del PBI. Otro tanto ocurre con las patentes de automotores, que suelen ajustarse al valor real del seguro del vehículo, independientemente de la evolución de los ingresos de sus propietarios. Y si bien a la hora de cargar nafta éstos pagan 10,5% de IVA, también tributan 62% en impuesto a los combustibles. O sea que al pie de surtidor se paga más de impuestos que por el combustible, cuyos precios subieron más de 25% en un año. En el caso de los cigarrillos, a su vez, la proporción no llega a esos extremos, pero quienes fuman deben saber que un 48% del precio se hace humo en carga tributaria. Un caso particular es el del mal llamado impuesto al cheque, que grava con 0.6% a todas las transacciones financieras (incluso dentro de las cuentas bancarias de un mismo titular) y cuya recaudación sube al ritmo de la inflación. Este gravamen surgió poco antes de la crisis del 2001 y, como todos los impuestos de emergencia en la Argentina, nació para quedarse. Pero como sólo el 30% de su recaudación se coparticipa con las provincias, éstas resignaron en diez años ingresos por un total acumulado de 56.600 millones de pesos, según cálculos de la consultora abeceb.com. Para el 2012, la cifra alcanza a 15.500 millones y equivale a casi 60% del déficit fiscal estimado para el conjunto de provincias, muchas de las cuales debieron aumentar impuestos locales o actualizar abruptamente las valuaciones fiscales del impuesto inmobiliario para suavizar el rojo de sus cuentas. Con este panorama, el Instituto de Análisis de la Realidad Fiscal Argentina (Iaraf), estima que la presión tributaria total en la Argentina se aproxima a 37% del PBI. Más recientemente, un estudio de la Fundación Libertad y Progreso calculó que un trabajador con ingresos por $ 5.000 mensuales, debe destinar 53% (o sea, el equivalente a 196 días de trabajo al año) para pagar 96 impuestos directos o indirectos o aportes previsionales. Es cierto que ninguna sociedad puede progresar sin el pago de impuestos y que en muchos países desarrollados la carga tributaria es aun más alta, lo mismo que la contraprestación que sus ciudadanos reciben en educación, salud, seguridad, justicia y otros bienes públicos. Pero también lo es que, al ubicarse entre los cinco países con mayor inflación del mundo, la Argentina somete a sus ciudadanos a una carga extra, que no sólo cada vez cuesta más calcular sino que termina empobreciendo a los más pobres, aunque se les pongan más billetes desvalorizados en sus bolsillos.

Néstor O. Scibona

LA SEMANA ECONÓMICA