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Inseguridad: faltan recursos y confianza




Desde fines de la semana pasada, la zona de mayor densidad comercial de Roca tiene una notoria presencia policial.

La imagen activa de uniformados y de patrulleros resaltó, precisamente porque significó un contraste importante con el escenario que se vivió hasta finales de septiembre.

Esa movilización representó la reacción del gobierno provincial y de la Jefatura de la fuerza ante la ola de asaltos que irrumpió en la agenda pública, con negocios de distintos rubros como principales víctimas.

Y es bueno remarcar ese concepto: la seguidilla de robos tomó estado público y llamó la atención de las autoridades, a partir de los reclamos individuales e institucionales, pero no hay razones fundadas para afirmar que se trató de una etapa extraordinaria en materia de inseguridad.

Y eso es así, porque no se conocen estadísticas oficiales que muestren la evolución de los delitos contra la propiedad en Roca.

De todas maneras, contar con esos números aportaría un insumo para definir políticas públicas, pero no significaría una herramienta 100% confiable, porque de los mismos testimonios de las víctimas recientes surge que varios desisten de formalizar la denuncia, por el tiempo que les demanda el trámite y la escasa confianza en el esclarecimiento del caso.

Esa conducta revela el punto central de la historia: el contrato implícito que debería vincular a la fuerza de seguridad con la ciudadanía está dañado.

Y lamentablemente, lo visto durante la última semana en Roca no ayuda a construir nuevos puentes.

Desde la Secretaría de Seguridad y Justicia se admitió que la ciudad padece un faltante de vehículos, que los recursos humanos para la prevención son insuficientes y que la estructura funcional de la zona norte está desfasada en relación con la cantidad de población.

Sumado a eso, desde Provincia tuvieron que aclarar que son ellos los responsables del sistema de vigilancia con cámaras, porque un comerciante asaltado recibió como respuesta que esas imágenes debía pedirlas al municipio.

Tener 35 domos instalados y que dentro de la Policía haya efectivos que no tengan claro quién administra la red habla de una precariedad importante. Y si ese “desvío” de responsabilidades fue adrede, el escenario es mucho grave que el imaginado.

La titular de Seguridad, Betiana Minor, prometió intensificar los patrullajes, anunció la incorporación de móviles para un futuro cercano, aseguró que en el 2022 se creará una subcomisaría en barrio Nuevo y pidió al Poder Judicial reformular el mecanismo para las custodias, porque el mecanismo actual de consignas demanda de muchos efectivos.

Reacciones en distintas direcciones, prometedoras de cambios positivos. Pero también parecidas a otras escuchadas no hace mucho.

La realidad social y económica, con efectos de la pandemia que profundizaron problemáticas, exige algo más que espasmos ante la irrupción de las víctimas en la agenda pública.

La inseguridad es bastante más que una sensación y como tal, demanda una planificación de acciones de cara a los vecinos, para que todos sepan qué se hizo, qué se hace y qué falta para dejar de vivir con el corazón en la boca.


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