Investigarán a María Julia por la privatización de Entel

Una Cámara Federal decidió que la Justicia investigue el accionar de la ex funcionaria en el proceso de licitación de la empresa estatal de telefonía durante el gobierno de Carlos Menem.



A casi quince años de la privatización de ENTel, la Cámara Federal dio ayer impulso a una nueva causa penal contra la detenida ex funcionaria María Julia Alsogaray, para que se investigue si cometió irregularidades durante la licitación de la ex empresa telefónica estatal en los comienzos de Carlos Menem.

En este sentido, los camaristas de la Sala I rechazaron ayer un recurso de nulidad que había planteado la defensora oficial de Alsogaray, Perla Martínez de Buck, donde se cuestionaba una resolución del juez federal Norberto Oyarbide que daba curso al requerimiento de los fiscales federales Luis Comparatore y Patricio Evers para investigar esta denuncia.

María Julia -un emblema de la gestión menemista que está tras las rejas hace un año y tres meses, fue condenada por enriquecimiento ilícito y ya suma ocho procesamientos por su actuación en la función pública-, será investigada por sus supuestos contactos con la compañía telefónica estadounidense Bell Atlantic International Inc, que pretendía quedarse con parte de la concesión del sistema telefónico argentino. Los jueces ordenaron abrir el expediente para saber si hubo un “acuerdo irregular” entre Alsogaray y Pablo Leclerq, apoderado de la empresa Bell, para “sortear un escollo del pliego de licitación” que finalmente no se superó, indicaron las fuentes judiciales.

La historia de la nueva investigación se remonta a los años '90, cuando -al inaugurar el período de privatizaciones de la gestión de Menem-, el entonces ministro de Obras y Servicios Pú

blicos, Roberto Dromi, y María Julia, interventora de ENTel, procedieron a elegir a las empresas que se iban a encargar del servicio telefónico en la Argentina, dividido en las zonas sur y norte del país.

El 25 de junio de 1990, cuando se abrieron las ofertas, sólo se presentaron a la licitación el consorcio Telefónica de España, el francés-italiano Telecom-Stet y la norteamericana Bell Atlantic.

Telefónica y Bell habían presentado las mejores ofertas y así quedaron preseleccionadas, pero, al llegar octubre y adjudicarse el servicio, el Gobierno dejó afuera a la firma norteamericana y se inclinó por Telecom.

Según se cree, Bell no habría cumplido con la condición de entregar unos cuatro mil millones de dólares en títulos GRA (deudas financieras nacionales consolidadas en ciertos bancos), que eran muy difíciles de conseguir en ese momento. Pero, en el marco de las intentos de Bell para quedarse con la licitación, el ingeniero Leclerq, apoderado legal de la firma, se habría comunicado con Alsogaray con el fin de superar los escollos de la negociación.

Los detalles que ahora salpican a Alsogaray quedaron registrados en una denuncia que, en 1999, presentó a la Justicia el ingeniero Guillermo Laura, quien también acusó a Dromi por la privatización de las autopistas. Frente a un escribano público, Laura grabó a Leclerq en una conversación privada en la que el representante de la firma americana le habría confiado a su interlocutor haber sido víctima de un pedido de coima por parte de funcionarios menemistas en el proceso de licitación.


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