Juicio administrativo al ex jefe de despacho
CIPOLLETTI (AC).- Unos días antes de que el fiscal Cid ampliara la promoción de acción penal, los vocales del Tribunal de Cuentas de Río Negro iniciaron juicio administrativo de responsabilidad al ex jefe de despacho de la Cámara, José Forno, uno de los procesados por estafas reiteradas. Se intenta recuperar los $ 242.366,39 que configurarían el perjuicio económico, tal como lo detalló ayer la agencia de noticias ADN.
Se presume que entre el 25 de marzo de 2003 y el 27 de octubre de 2004, en relación con causas en trámite y conociendo el estado de las cuentas judiciales asociadas, Forno habría prestado la cooperación necesaria para el libramiento de oficios de pago -con sellos de funcionario y membrete del Tribunal- a personas que no resultaban ser actoras ni beneficiarias en causas y que cobraron dinero en forma indebida.
Además de las indagatorias a los jueces y al ex secretario de la Cámara, Cid requirió otras medidas probatorias. Entre ellas, una pericia contable para determinar a cuánto asciende la totalidad del monto de los fondos sustraídos; que «en caso de negarse las firmas insertas por los funcionarios indicados», se efectúe una pericial caligráfica a través de Gendarmería Nacional «a efectos de evitar excusaciones o parcialidades funcionales»; y como ya hay personas procesadas solicitó que se remitan las actuaciones para evaluar su requerimiento a juicio con respecto a esos imputados. Asimismo solicitó que se requiera «de manera urgente» la remisión del resultado de la causa administrativa en la cual se investiga la conducta de la representante de la Fiscalía de Estado de la provincia, Staforini, «por la desviación de fondos en los hechos investigados en esta causa», dijo.
CIPOLLETTI (AC).- Unos días antes de que el fiscal Cid ampliara la promoción de acción penal, los vocales del Tribunal de Cuentas de Río Negro iniciaron juicio administrativo de responsabilidad al ex jefe de despacho de la Cámara, José Forno, uno de los procesados por estafas reiteradas. Se intenta recuperar los $ 242.366,39 que configurarían el perjuicio económico, tal como lo detalló ayer la agencia de noticias ADN.
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