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Juntas Vecinales, la primera línea de contención en la cuarentena de Bariloche

La demanda de alimentos, artículos de limpieza y también los conflictos personales llegan a los dirigentes barriales.



Bariloche concentra la mayor cantidad de personas que contrajeron la enfermedad, hasta ahora, en la provincia.  Foto: archivo

Bariloche concentra la mayor cantidad de personas que contrajeron la enfermedad, hasta ahora, en la provincia. Foto: archivo

Reclamos de más ayuda alimentaria, la necesidad de salir a trabajar porque el dinero se acabó, un consejo para contener a los chicos durante el encierro y hasta problemas de salud que nada tienen que ver con la pandemia son algunas de las variadas demandas que recaen sobre las juntas vecinales de Bariloche, cuyos dirigentes funcionan como primer “mostrador” de las preocupaciones que circulan en los barrios durante la cuarentena.

La insuficiencia de los comedores y de los módulos alimentarios es un tema recurrente. El municipio realiza la entrega a unas 3000 familias pero también traslada a las juntas.

Varios presidentes de junta contaron que reciben del municipio 10 ó 15 módulos por semana y la demanda es varias veces mayor. Les toca a ellos administrar esa escasez y la mayoría opta por rotar las entregas. Así cada familia recibe cada dos o tres semanas, un beneficio que funciona solo como un paliativo porque se acaba en pocos días.

Sandra Pinchulef, la presidente de la junta del barrio 2 de Abril mantiene en su casa “el comedor de los abuelos de Newenche” que asistía regularmente a unas 35 personas y hoy recibe a más de 70. “Cocinamos tres veces por semana, porque no nos da para todos los días -afirmó-. Recibimos alimentos del municipio, de la Red Solidaria y de amigos que nos donan”.

Pinchulef dijo que “la gente anda sin trabajo y se arrima a pedir, es gente que nunca necesitó ayuda social y tiene vergüenza”. La misma observación fue transmitida por Ana Barrio, presidente de las 170 Viviendas.

Dijo que allí tampoco dan abasto con los módulos y los vecinos “se acercan todo el tiempo a pedir alimentos y productos de limpieza, porque no pueden comprar”. Señaló que el encierro se tornó difícil de sobrellevar y la gente “está ansiosa para que se levante la cuarentena y salir a trabajar”.

La coordinación municipal de las juntas depende de la subsecretaría de Comunidad y Territorio. Su titular, Marcos Pavón, dijo que algunos de los planteos que reciben los dirigentes barriales tienen que ver con “la urgencia por desarrollar alguna actividad económica” y volver a la búsqueda de sustento “día a día”, como es hábito en los hogares de menores recursos.

“Hay ansiedad y hay temores, pero también entienden la situación y saben que el aislamiento es necesario”, dijo Pavón. Señaló que “la asistencia desde el Estado les genera tranquilidad y lo alimentario es la prioridad”.

Dijo que hay un respeto grande sobre el trabajo que hacen las juntas, pero algunos dirigentes están agotados porque “hay mucha presión que recae sobre ellos”.

Pavón aseguró que unade las preocupaciones es que andaba mucha gente en la calle, pero “bajó el flujo con la restricción por número de documento”. Calculó que a futuro “un asunto a preve” -si se extiende el aislamiento obligatorio- es cómo organizar las colas que se forman en los comercios cuando llegue el frío y el mal tiempo.

Roberto Paillacoy, presidente de la junta vecinal del barrio Lera, dijo que el encierro genera también conflictos y violencia porque hay hogares con “situaciones de hacinamiento”. Aseguró que la gente tiene temores que nadie resuelve y que en la junta a su cargo repercute todo, “no solo la falta de trabajo sino los problemas de salud y hasta la frustración de no poder ayudar a los hijos en las tareas escolares, porque no todos los padres están en condiciones”.

A su entender, la cuarentena superó cualquier previsión y “el municipio falla en las políticas públicas para los sectores bajos”.

En el barrio Unión las inquietudes de los vecinos también pasan por la falta de ingresos y la necesidad de asegurar el alimento diario. La presidente de la Junta, Antonia Reuque dijo que allí la mayoría son trabajadores informales y cumplieron con el trámite para recibir el subsidio nacional de 10 mil pesos, “pero se hizo todo muy largo, todavía no cobraron y la gente no tiene ya cómo aguantar”.

Dijo también que “costó que entendieran la importancia de quedarse en casa, pero después de las primeras dos semanas se respetó más”. Aunque ahora muchos vecinos “están al límite y quieren romper la cuarentena para volver a trabajar”.

César Balmaceda, presidente del barrio 28 de Abril, coincidió en que la ayuda alimentaria municipal aumentó pero “no alcanza” y refirió que en la junta a su cargo repercuten también las necesidades de leña y de garrafas.

Pinchulef dijo que las sensaciones son nuevas porque el aislamiento es algo que “nunca ocurrió” y a los dirigentes barriales “les toca un poco hacer de psicólogos, escuchar al vecino”, aunque la incertidumbre es compartida. “Todos estamos en la misma -afirmó-. La gente está asustada pero necesita trabajar. Al principio de la cuarentena fue más complicado el aislamiento el vecino no creía que era tan grave, pero ahora vieron que va en serio y se cuidan un poco más”.


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