Abren investigación en Bariloche por un nuevo caso de violencia de género
La justicia dictó medidas cautelares contra el imputado, pero postergó la formulación de cargos porque la víctima y denunciante no estaría decidida a impulsar la causa.
Un vecino del barrio Unión, ubicado en el Alto de Bariloche, fue detenido en la madrugada del lunes tras una denuncia de su pareja por presuntas agresiones, en un procedimiento que fue convalidado por la Justicia, sin objeciones de la defensa, y que derivó en la liberación del joven, con una prohibición expresa de acercamiento y contacto con la mujer.
La formulación de cargos que estaba programada para ayer quedó postergada porque la propia víctima comunicó su voluntad de “no instar la acción penal”. Pero ese giro no fue tomado como definitivo debido al “plus protectivo” que rige en los casos de violencia de género. Así lo propuso la fiscal Fernanda Orticelli, con la ratificación del juez de Garantías Juan Pablo Laurence.
Antes de definir el rumbo de la investigación las partes esperarán un informe de la Oficina de Atención a la Víctima, para comprobar si la mujer tomó libremente la decisión de no demandar, a pesar de que la actuación se inició por un llamado suyo a la linea 911. También pesará si existían antecedentes o denuncias previas de violencia con los mismos protagonistas.
El relato del hecho aportado por Orticelli evitó los detalles porque fue obviada la formulación de cargos. Solo dijo que la pareja tiene hijos en común, que el hombre fue detenido “en situación de flagrancia” y que a la vista de los policías que intervinieron la denunciante tenía lesiones evidentes “en el rostro”.
Subrayó que la actuación se inició “a partir de un llamado de auxilio”, que el presunto agresor fue detenido en su propia vivienda y que fue trasladado a la comisaría 42. A propuesta de la defensa, el hombre aceptó retirarse “en forma voluntaria” de la vivienda” y ofreció un nuevo domicilio, que fue refrendado por el juez.
Deberá permanecer en esa situación, y con prohibición estricta de acercamiento a su pareja mientras avanza la investigación y por el término de un mes. La fiscal propuso que esas sean las condiciones hasta poder reunir la información necesaria y se produzca la intervención de la OFAVI “respecto de quien figura como denunciante”. La defensora Natalia Araya no presentó objeciones.
El juez Laurence validó la primera parte de la audiencia, dedicada al “control de detención” del hombre, quien llegó esposado y obtuvo su libertad. El magistrado también estableció las medidas cautelares impuestas al acusado, y recordó que si bien suelen aplicarse en paralelo con la formulación de cargos, el Código Procesal prevé dictarlas en circunstancias excepcionales cuando hay un “contexto protectivo” que así lo demande, por ejemplo en una situación de violencia de género.
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