Acusada de ejercer como falsa médica en Roca: la Justicia de Río Negro envió la causa al fuero Federal
La jueza Natalia González resolvió que la causa contra Mariela Marzano, acusada de ejercer la medicina de forma ilegal en Roca, sea investigada por el fuero federal debido a la presunta falsificación de títulos nacionales.
La investigación judicial contra Mariela Fernanda Marzano, la mujer acusada de ejercer ilegalmente la medicina en Roca durante más de cinco años, dio un giro importante. Este jueves 28 de mayo, la jueza de Garantías Natalia González declaró la incompetencia del fuero provincial para seguir interviniendo en el legajo, disponiendo el traslado inmediato de las actuaciones a la Justicia Federal.
La decisión se fundamenta en la naturaleza de los delitos imputados por el Ministerio Público Fiscal, que no se limitan únicamente al ejercicio ilegal de la medicina, sino que involucran la presunta falsificación de documentos públicos de organismos nacionales. Según la resolución, la complejidad de la maniobra documental «íntegramente apócrifa» exige la intervención del fuero de excepción, tal como lo habían solicitado las fiscales Celeste Benatti y Teresa Giuffrida en audiencias previas.
Los fundamentos de la incompetencia federal
Durante la lectura de su resolución, la jueza González fue tajante al señalar que la materia en debate supera la jurisdicción ordinaria. «Analizados los pedidos de ambas partes por los fundamentos que supondrán, se adelanta que no se hace lugar a la petición de suspensión del dictado de resolución y que además, coincidiendo con lo expresado por ambas partes, entiendo que la presente investigación, por su materia, es de competencia del fuero federal», sentenció la magistrada.
El eje del conflicto radica en que Marzano habría utilizado una estructura documental falsa para obtener su matrícula provincial. Entre los documentos bajo sospecha se encuentran resoluciones del Ministerio de Educación de la Nación y de la Universidad Nacional del Comahue (UNCo), organismos que pertenecen a la esfera federal.
De acuerdo con la fiscalía, la imputada presentó un título de médica cirujana supuestamente expedido por la Universidad de los Andes (ULA) de Venezuela en 2018, pero la institución confirmó que la mujer nunca cursó estudios allí y que el diploma presenta «muchísimos detalles» que no coinciden con el formato oficial.
La magistrada explicó que existe una relación intrínseca entre las figuras legales expuestas: el uso de documentos falsos nacionales fue el medio necesario para que la imputada obtuviera la matrícula provincial y pudiera, de ese modo, ejercer ilegalmente la medicina y usurpar el título profesional.
El rechazo al planteo de la defensa
La defensa de Marzano, integrada por los abogados Oscar Pineda y Pablo Iribarren, había solicitado suspender cualquier resolución sobre la competencia hasta que el Tribunal de Impugnación resolviera un recurso de queja contra las medidas cautelares vigentes. Sin embargo, la jueza González rechazó este pedido de plano, argumentando que la competencia penal es una cuestión de «orden público, inalterable e improrrogable» que afecta la intervención del juez natural.
«La falta de jurisdicción o de competencia es una de las excepciones… se resuelve cuando el tribunal interviniente no es el adecuado para ello», recordó la jueza durante la audiencia. Asimismo, aclaró que la existencia de medidas restrictivas, como la tobillera electrónica o la inhibición de bienes, no impide la remisión del legajo al fuero competente, ya que dichas medidas pueden ser rediscutidas ante el nuevo magistrado interviniente.
Por su parte, el abogado Oscar Pineda aclaró al finalizar la audiencia que la defensa no es que «no se opuso» al cambio de fuero, sino que solo «prestó conformidad» debido a que, tratándose de títulos nacionales, la competencia federal es indiscutible según la doctrina de la Corte Suprema de Justicia.
Un raid de cinco años bajo sospecha
La investigación sobre la actuación de la acusada en la región fue profunda. La fiscalía sostiene que la mujer se desempeñó como médica clínica y terapista en centros de salud públicos y privados de Roca entre agosto de 2020 y marzo de 2026. Durante ese periodo, prestó funciones en el área de terapia intensiva de una clínica privada, en un consultorio particular, y en el hospital Francisco López Lima.
La gravedad del caso se acentúa con el hecho de que Marzano habría firmado libros internos, historias clínicas, prescripto medicamentos e incluso extendido certificados de defunción utilizando su matrícula obtenida fraudulentamente. Un dato clave de la pesquisa detallada por el MPF, aportado por Migraciones, reveló que la acusada «nunca estuvo en el país de Venezuela», a pesar de que su supuesto título universitario exigía una residencia presencial de dos años en hospitales de ese país.
Definición y próximos pasos
Con esta declaración de incompetencia, la jueza ordenó remitir todas las actuaciones y los elementos secuestrados al Juzgado Federal de General Roca. En su resolución, González también notificó que las medidas cautelares impuestas a Marzano -que incluyen el dispositivo de seguimiento electrónico (GPS) y la inhibición general de bienes- siguen vigentes y deberán ser controladas por el juzgado de destino.
La defensa, por su parte, continúa cuestionando la validez de estas restricciones, alegando que se aplican sin que se haya realizado aún una formulación de cargos formal con circunstancias de tiempo, modo y lugar. «Esta defensa formalmente no sabe circunstancias de tiempo, modo y lugar de cómo se producen los hechos», había reclamado Pineda en instancias anteriores, calificando la situación como una afectación severa a las garantías constitucionales.
A partir de ahora, será el juez federal local quien deba decidir si acepta la competencia o si, en caso de discrepancia, la cuestión deberá ser dirimida por la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
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