Avanza el juicio contra el policía Lamadrid acusado de homicidio en Bariloche

La defensa pidió el sobreseimiento por "inactividad" de la querella, pero el juez Marcos Burgos no hizo lugar y dio curso al control de acusación y el listado de testigos, para un eventual juicio por jurados.

Redacción

Por Redacción

El homicidio ocurrió el 11 de agosto en el paraje Mallín Ahogado, a unos 15 kilómetros de El Bolsón. (foto de archivo)

El homicidio ocurrió el 11 de agosto en el paraje Mallín Ahogado, a unos 15 kilómetros de El Bolsón. (foto de archivo)

Los abogados querellantes que intervienen en la causa por homicidio agravado contra el policía Néstor Lamadrid lograron mantener a flote la acusación y cumplir con el control de acusación, como paso clave rumbo al juicio oral, que se realizaría con un jurado popular.

Durante una audiencia que se prolongó por más de tres horas, el primer tramo estuvo absorbido por el pedido del abogado defensor Damán Torres para que Lamadrid sea sobreseído, dado el desistimiento de la fiscalía de continuar con la causa y de lo que entendió como un plazo superior a los 30 días hábiles de inactividad por parte de la querella, con lo cual (según el Código) se consideraría “abandonada” la acusación.

Pero el juez Marcos Burgos rechazó el planteo de caducidad y habilitó la continuidad del juicio, con el exclusivo impulso de los querellantes, Martín Palumbo y Milton Díaz, quienes asumieron hace menos de un mes, en reemplazo de otros abogados. Lamadrid está acusado de matar de varios disparos a Juan Carlos Villa durante un allanamiento en un campo de Mallín Ahogado, cerca de El Bolsón, y de causar heridas graves a su hijo, Emanuel Mol Villa, cuya detención era el propósito primero de la actuación policial.

Lo único que quedó por definir es si el imputado deberá enfrentar un juicio por jurados, como corresponde para los delitos de mayor gravedad, cuando las penas estimadas superan los 12 años de prisión. Si prospera la acusación de homicidio agravado al ser cometido por un empleado de fuerzas de seguridad el castigo previsto es la prisión perpetua.

Aun así el juez Burgos dijo que se tomaría un plazo de 48 horas para adoptar una decisión, con la alternativa de llevar al imputado frente a un tribunal de tres jueces letrados. Tanto los querellantes como la defensa (al fracasar en su pedido de sobreseimiento) se mostraron inclinados a la conformación del jurado popular. Torres dijo que otra opción afectaría el principio de juez natural.

Burgos entendió que había coincidencia en ese punto pero fundó sus dudas en la falta de antecedentes, ya que sería la primera vez que se realiza un juicio por jurados con la acusación sostenida solo por la querella, sin participación del ministerio público fiscal. Esa circunstancia inusual, dijo, lo obligaba a estudiar el caso antes de definir.

Lamadrid integra la policía de Río Negro desde hace 24 años y se desempeña como oficial inspector. A pesar de la gravedad del hecho que le imputan actualmente permanece en libertad y afectado el servicio en una comisaría de General Roca.

La fiscal Cendón será citada como testigo de la defensa

El punto central de confrontación entre las partes tiene que ver con la calificación del hecho, ya que si prospera la figura del homicidio agravado el policía se expone a una altísima pena, pero su defensa sostiene que actuó en legítima defensa y en cumplimiento de su deber, una tesis que ya habían expuesto las fiscales Betiana Cendón y Daniela Ortiz Celoria cuando promovieron el sobreseimiento de Lamadrid.

El juez de Garantías Víctor Gangarrosa dictó hace varios meses una resolución en ese sentido, pero luego retrocedió ante la voluntad de la querella de continuar con la acción. A pedido del defensor Torres, la fiscal Cendón fue admitida como testigo en el futuro juicio, mientras que las resoluciones de Ortiz Celoria y Gangarrosa serán incorporadas como “prueba estandarizada”.

El propósito de Torres es que la fiscal jefe “deponga sobre la intervención del ministerio público en el legajo y explique por qué retira la acción”. Los querellantes se opusieron, dijeron que era “improcedente”. Pero el juez Burgos le hizo lugar porque consideró apropiado que Cendón brinde al jurado “información concreta de los actos funcionales y circunstancias que motivaron la decisión” de desistir de las imputación original.

Además, las partes ocuparon buena parte de la audiencia en definir qué otros testigos llamarán a juicio. La lista está integrada por el médico que tuvo a su cargo la autopsia de la víctima, Juan Manuel Piñero Bauer, varios testigos directos de los hechos (que son integrantes de una comunidad mapuche), la licenciada en criminalística Karina Riquelme, más otros policías y gendarmes que participaron del allanamiento y de los primeros pasos de la investigación.

Según lo descripto por la fiscalía al cabo de la investigación preparatoria, Lamadrid se presentó en el predio de Mallín Ahogado con una orden judicial para detener a Emanuel Mol, quien intentó escapar mientras su padre (Juan Carlos) intervenía también con el propósito de abortar la detención. Lamadrid inició una persecución y efectuó varios disparos contra ambos, a corta distancia. Juan Carlos Villa perdió la vida y su hijo quedó malherido.

Querella y defensa difieren en la interpretación de la evidencia, ya que si bien hay constancias de que las víctimas “portaban cuchillo”, no está claro que lo hayan esgrimido en un intento de agresión al policía. La fiscalía decidió no acusar al entender que Lamadrid se vio amenazado y se defendió, que es también la justificación invocada por la defensa.

Pero uno de los querellantes, Milton Díaz, dijo que las descripciones no son lo suficientemente explícitas. Entendió que “portar” un cuchillo no significa -de por sí- emplearlo en forma amenazante, y la víctima pudo haberlo portarlo “envainado, como suele hacerlo la gente de campo”.


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