Causa Andis: avanzan las investigaciones con foco en Spagnuolo y se agrava la situación de los dueños de Suizo Argentina
Pese a los intentos de los dueños de la droguería por frenar el avance del expediente, la investigación por presuntos sobreprecios y pago de coimas continúa sumando pruebas en su contra. Paralelamente, la situación de Diego Spagnuolo, extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad, se complica al quedar nuevamente en el centro de la escena.
La causa que investiga presuntas maniobras de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) está en una etapa clave que complica la situación judicial de los empresarios Eduardo Kovalivker y sus hijos, Emmanuel y Jonathan.
Los dueños de la droguería Suizo Argentina, quedaron en el centro de la investigación debido al fuerte incremento de contrataciones que obtuvieron durante la gestión de Diego Spagnuolo al frente del organismo.
La situación de Spagnuolo y los dueños de Suizo Argentina
Según la última información que se reveló en el expediente, la firma pasó de manejar contratos por alrededor de $5.000 millones a concentrar adjudicaciones que superaron los $110.000 millones entre 2024 y 2025. La Justicia busca determinar si detrás de ese crecimiento hubo un esquema de direccionamiento de compras, sobreprecios y pago retornos.
Distintas auditorías oficiales detectaron irregularidades en las adquisiciones, incluyendo diferencias de precios que en algunos casos habrían superado el 3.000%. En este contexto, los Kovalivker intentar ganar tiempo antes de que avance una nueva etapa procesal.
Esta semana designaron una perito informática para intervenir en el análisis de los audios atribuidos al exdirector de la Andis, Diego Spagnuolo. El juez federal Ariel Lijo ordenó que las grabaciones sean sometidas a estudios técnicos para determinar si fueron editados, manipulados mediante inteligencia artificial o alterados de alguna manera.
Esta situación lo dejó de nuevo en el centro de la investigación al exfuncionario ya que se opuso a la orden judicial que lo obliga a aportar una muestra de voz para ser comparada con los audios. Sus abogados sostienen que esa medida vulnera la garantía contra la autoincriminación y anunciaron una presentación para intentar revertirla.
Los antecedentes tampoco favorecen a los empresarios. En 2025, la Justicia allanó propiedades vinculadas a la familia y durante los procedimientos secuestraron documentación, computadores, más de 260.000 dólares en efectivo y cerca de $7 millones.
Al mismo tiempo la investigación determinó que los operativos habrían sido filtrados previamente, lo que complicaría la situación tanto para ellos como para el jefe de seguridad del country acusado de difundir la información.
Mientras avanzan las pericias sobre los audios y se acumulan nuevas pruebas, en los tribunales consideran que la estrategia de las defensas apunta a dilatar definiciones.
Con información de C5N
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