Condenan a una mujer en Cipolletti por tener más de 170 imágenes de abuso sexual infantil
El hallazgo se produjo de manera fortuita durante un allanamiento por una causa federal de drogas en Catriel. Debido a sus condiciones de salud y a que ya cuenta con antecedentes, cumplirá la pena bajo la modalidad domiciliaria con monitoreo electrónico.
En una audiencia celebrada este miércoles en el Foro Penal de Cipolletti, la jueza María Florencia Caruso Martín condenó a una mujer a la pena de seis meses de prisión de ejecución efectiva tras hallarla culpable del delito de tenencia de material de abuso sexual infantil. Sin embargo, debido a su delicado estado de salud, la condena se cumplirá bajo la modalidad de prisión domiciliaria con la colocación de una tobillera electrónica.
Un hallazgo derivado de otra investigación
El caso penal tuvo su origen en abril de 2023, durante un operativo totalmente ajeno a la causa actual. En aquel momento, el Juzgado Federal de General Roca dispuso un allanamiento en la vivienda de la imputada, ubicada en la localidad de Catriel, en el marco de una investigación por infracción a la ley de drogas. Durante dicho procedimiento, el personal policial secuestró el teléfono celular de la mujer para peritar su contenido.
El análisis del dispositivo, llevado a cabo por la División de Pericias Telefónicas de la Policía Federal, arrojó un resultado alarmante. En total había 169 videos con contenido de abuso sexual infantil y 2 fotografías de la misma naturaleza.
Las pericias confirmaron que las víctimas eran menores de 13 años y que los archivos estaban vinculados a enlaces de la aplicación de mensajería Telegram.
Admisión de culpabilidad y unificación de penas
Durante la jornada de este miércoles, la fiscal Analía Díaz detalló el conjunto de pruebas recolectadas por el Ministerio Público Fiscal. Asimismo, remarcó que la acusada ya posee antecedentes penales y que actualmente se encuentra cumpliendo otra condena domiciliaria por una causa federal desde el pasado mes de abril.
Por su parte, el abogado defensor Ángelo Zamataro Amaranto no presentó objeciones ante la acusación ni ante la calificación legal de los hechos. Acto seguido, la propia imputada admitió formalmente su responsabilidad penal en el delito investigado, lo que dio luz verde a la resolución inmediata del conflicto por la vía del acuerdo.
Resolución judicial: Al dictar la sentencia de seis meses de prisión efectiva de ejecución domiciliaria, la jueza Caruso Martín dispuso la renuncia de los plazos procesales y ordenó la colocación inmediata del dispositivo de control electrónico.
Finalmente, la magistrada libró un oficio al Juzgado Federal correspondiente para proceder a la unificación de las penas, un trámite que, por normativa legal, debe resolver el organismo judicial que aplicó la penalidad mayor.
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