Conflicto universitario: la Justicia le dio cinco días al Gobierno para aplicar la ley de financiamiento

El Juzgado Contencioso Administrativo Federal N°11 dio lugar a la medida cautelar que presentó el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y ordenó que el Gobierno nacional cumpla con lo estipulado en la Ley de Financiamiento Universitario. El reclamo de los gremios de las universidades nacionales se sostiene en que el Poder Ejecutivo aplique la recomposición del 32,5% que los salarios perdieron durante los primeros años de la administración de Javier Milei. Además, que se actualicen las partidas para las becas destinadas a los estudiantes.

La medida firmada por el juez Martín Cormick señaló que el Gobierno tiene un plazo de cinco días para cumplir con la normativa, “bajo expreso apercibimiento de aplicar astreintes por cada día de demora”.

El fallo surge en medio del fracaso de la ronda paritaria convocada por la Secretaría de Educación en el Palacio Pizzurno. La cartera ofreció un incremento del 3% para septiembre y otro 3% para octubre, una propuesta que todos los sindicatos rechazaron de forma unánime por tratarse de una oferta idéntica a la presentada a comienzos de mes.

Ante ese resultado, la Asociación de Docentes de la Universidad de Buenos Aires (ADUBA) y la Asociación del Personal de la UBA (APUBA) confirmaron un paro escalonado de 23 días con actividades de visibilización en cada repartición y unidad académica, que comenzó el lunes 21 de septiembre en el Rectorado y se extenderá hasta el 22 de octubre.

Los referentes gremiales no tardaron en manifestarse sobre la situación, y el secretario general de ADUBA, Emiliano Cagnacci, declaró: “No podemos normalizar que un gobierno decida caprichosamente qué ley cumple y cuál no. En democracia la ley se cumple. La Corte Suprema se manifestó en el mismo sentido que el Congreso de la Nación, y no tiene sanción incumplir una orden judicial”.

Por su parte, el secretario general de la Federación de Docentes de las Universidades (FEDUN), Daniel Ricci, afirmó: “Seguimos insistiendo en que el Gobierno tiene que cumplir en democracia con la Ley de Financiamiento Universitario. Ya hay dos poderes de la Nación, el Legislativo y el Judicial, que dicen que tiene que cumplir. Nunca se ha visto que el Ejecutivo se niegue a aplicar algo que ya fue convalidado por los otros dos poderes”.

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Conflicto universitario: el fallo judicial y la intimación al Gobierno

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Los artículos 5 y 6 de la Ley 27.795 —que la cautelar ordena aplicar— regulan dos aspectos centrales del sistema universitario público: la actualización de los salarios del personal docente y no docente desde el 1 de diciembre de 2023 hasta la sanción de la norma, y la recomposición de todos los programas estudiantiles. La disputa tiene un recorrido judicial extenso, ya que el juez Cormick dictó la cautelar original en diciembre de 2025 tras el amparo colectivo que impulsaron representantes del CIN y de distintas casas de estudio nacionales. El planteo central busca que se declare la inconstitucionalidad del decreto 759/2025, mediante el cual el Ejecutivo subordinó la aplicación de la ley a la determinación de fuentes específicas de financiamiento.

La Sala III de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal confirmó esa medida al entender que el Estado no había logrado desvirtuar la verosimilitud del derecho invocado por los representantes universitarios. El tribunal de alzada también advirtió que el incumplimiento podía provocar perjuicios graves y un deterioro salarial que afectara el derecho de enseñar y aprender, señalando que el ahorro derivado de no aplicar la norma no resultaba significativo para el presupuesto de la Administración Pública Nacional.

El Gobierno intentó frenar el proceso por distintas vías: recusó a los jueces intervinientes y solicitó la excusación de los integrantes de la Corte Suprema bajo el argumento de que ejercen la docencia universitaria, aunque ambos planteos fueron rechazados. El 25 de junio, los tres ministros del máximo tribunal —Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti— desestimaron el recurso extraordinario del Ejecutivo por falta de sentencia definitiva y dejaron firme la cautelar. Aunque la resolución no tuvo efectos económicos inmediatos —dado que para esa fecha ya existía un acuerdo firmado—, representó un aval implícito a la vigencia de la ley.

Ese acuerdo había tomado forma el 10 de junio, cuando la Subsecretaría de Políticas Universitarias, el CIN y organizaciones gremiales docentes y no docentes suscribieron un acta en la que el Estado se comprometió a transferir fondos para un incremento de la masa salarial del 24,33%, una suba del 20% en los gastos de funcionamiento y una ampliación de las partidas para hospitales universitarios de $50.000.000.000.

El texto también contempló una actualización del 50% para las Becas Manuel Belgrano a partir de junio y fijó un cuarto intermedio hasta el 15 de septiembre para continuar las negociaciones paritarias. Para el Ejecutivo, ese convenio satisfacía “en lo sustancial” los artículos 5 y 6 de la ley y eliminaba el riesgo que había motivado la medida cautelar original. Sin embargo, las universidades recordaron que el propio Estado había aclarado al firmar que el acta no implicaba abandonar su postura en el proceso judicial, y desde el CIN calificaron el acuerdo como “una gota en medio del océano de los incumplimientos del Poder Ejecutivo”, argumentando que el convenio no cubría todos los requisitos que la norma establece.

Con ese telón de fondo, el Gobierno solicitó formalmente el levantamiento de la cautelar, pero el 1 de septiembre Cormick rechazó el pedido. En su resolución, el magistrado concluyó que “el Estado Nacional no ha logrado demostrar el impacto positivo sobreviniente” de los acuerdos “en relación a los perjuicios graves de imposible reparación ulterior”, ni que exista “una definición efectiva y final” sobre el deterioro de ingresos y la pérdida salarial del colectivo afectado.

El juez sostuvo que, ante la situación planteada por los actores, “mal puede considerarse superado el peligro en la demora” y aclaró que el rechazo no implica adelantar criterio sobre el fondo del litigio.

Previamente, el 7 de septiembre, el propio subsecretario de Políticas Universitarias de la Nación, Alejandro Álvarez, se había presentado ante el Juzgado Federal N° 11 en la causa del CIN para informar sobre el supuesto cumplimiento de la medida cautelar, destacando en su cuenta de X que los aumentos otorgados y el acuerdo del 10 de junio alcanzaban la meta prevista dentro de las disponibilidades presupuestarias vigentes bajo la premisa de estar «siempre a derecho!».

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El funcionario de Milei que cruzó al rector de la UNRN por el financiamiento universitario

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El enfrentamiento institucional sumó un capítulo de máxima tensión a través de las redes sociales el pasado 19 de septiembre, cuando Álvarez apuntó duramente contra el rector de la Universidad Nacional de Río Negro y vicepresidente del Consejo Interuniversitario Nacional (al que calificó como «la CGT de los rectores»), Anselmo Torres, tras su exposición ante diputados de la Nación.

Torres había lanzado críticas previas sobre la oferta oficial: «Quiero marcar la incoherencia, la falta de rigurosidad técnica y la falta de seriedad incluso de la propuesta que el gobierno eleva. La verdad que no se entiende. En el 2024 se presentó un proyecto en ese presupuesto para la Universidad de Río Negro que tiene hospital escuela de odontología, hospital escuela de veterinaria, hospital escuela de kinesiología en Viedma a 300 kilómetros y medicina en Bariloche a mil kilómetros de Viedma. En el 24 se propuso en el presupuesto para la Universidad de Río Negro para esos cuatro hospitales 47 millones de dólares. O sea, era poco. Pero el presupuesto que se aprobó en el pasado fue 17 y este año 24. Proponían ellos 47 millones a que ahora propongan 24 millones menos que lo que proponían hace tres años atrás. Si queremos renovar uno o dos de los sillones de odontología no nos alcanza esa plata. No hay seriedad, digamos».

Álvarez criticó su testimonio y apuntó contra «la incoherencia, la falta de rigurosidad técnica y la falta de seriedad» del rector y señaló que la Universidad Nacional de Río Negro financia sus hospitales con los recursos previstos en el presupuesto nacional asignado a la propia institución para funcionamiento, y añadió que ni ahora ni en otros gobiernos el Poder Ejecutivo determina si financia o no un determinado hospital, ya que esa decisión corresponde a la propia universidad en el marco de su autonomía y autarquía.

Como segundo punto, Álvarez indicó que no existen antecedentes en la Subsecretaría de Políticas Universitarias de asignaciones extrapresupuestarias destinadas a estos establecimientos y que nunca fueron financiados por fuera del presupuesto de la propia casa de estudios. Después, detalló que la partida de funcionamiento de la Universidad se incrementó un 270% en 2024 y acumuló un aumento del 345% en 2025 respecto de diciembre de 2023, con una asignación prevista para el corriente año de $2.609 millones.

Por último, el funcionario aclaró que la partida específica destinada a Hospitales Universitarios fue creada para asistir únicamente a la UBA, la UNCuyo, la UNC y la UNLaR, y aseguró que la Universidad Nacional de Río Negro no se encuentra comprendida entre las instituciones alcanzadas por ese financiamiento, requiriendo el cumplimiento de determinados requisitos técnicos para ser incluida.

Ante este panorama, Álvarez se preguntó: «Entonces, de qué estamos hablando? No hay falta de financiamiento decidido por el Poder Ejecutivo. No hay una partida que haya sido retirada. No hay un pedido de ampliación presupuestaria rechazado. Qué tenemos que pensar? Que miente deliberadamente o, peor aún, que el Rector no tiene idea de cómo se administra el presupuesto de la institución que preside? En cualquiera de los dos casos, estamos ante una situación de enorme gravedad institucional».