El Gobierno anunció al nuevo secretario de Discapacidad en medio del conflicto por el Presupuesto 2027

El Poder Ejecutivo oficializó el nombramiento de Pablo Di Liscia como titular de la Secretaría de Discapacidad tras la dimisión de Alejandro Vilches. La designación se concretó a escasas 24 horas de la salida de su antecesor y cuenta con el respaldo directo del ministro de Economía, Luis Caputo.

El recambio de autoridades coincide con una profunda crisis política desatada por el proyecto de Presupuesto 2027 enviado al Congreso. La iniciativa del Gobierno propone la derogación de normativas centrales para el sector, como el nomenclador único de prestaciones, un punto que generó el repudio de la oposición y expuso fuertes fricciones internas con los bloques aliados del oficialismo.

A la tensión legislativa se suma el hallazgo de irregularidades millonarias en la administración previa del organismo. Una auditoría interna detectó diferencias contables por más de 158.717 millones de pesos en los registros de la ex Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) durante la gestión de Diego Spagnuolo, quien ocupó el cargo hasta el mes de agosto de 2025.

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Quién es el nuevo secretario de Discapacidad y los roles que asumirá

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Pablo Di Liscia es contador público y cuenta con antecedentes en la gestión estatal. Entre los años 2017 y 2019, ocupó la titularidad del Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA) en la provincia de Buenos Aires. Con anterioridad, ejerció como subsecretario de Higiene Urbana y director general de Control de Gestión en el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Según reportó Infobae, desde el oficialismo justificaron su elección al destacar sus más de 20 años de experiencia ejecutiva en el sector privado. Su nombre llegó a la órbita de la cartera sanitaria por recomendación de Luis Caputo, quien valoró su perfil técnico y su paso por IOMA para ordenar los números del área. Fuentes gubernamentales lo definieron como un funcionario enfocado en el orden y la reforma administrativa.

En su nuevo rol, Di Liscia tendrá como prioridades optimizar el acceso a las prestaciones para las personas con discapacidad, fortalecer los procesos de control del organismo y garantizar una administración eficiente de los recursos.

Asimismo, continuará al mando del proceso de auditoría sobre las pensiones por invalidez laboral, una iniciativa impulsada para identificar irregularidades derivadas de los problemas estructurales de la antigua ANDIS.

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El conflicto en Discapacidad por el Presupuesto 2027

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La renuncia de Alejandro Vilches ocurrió el 21 de agosto por razones personales, según alegó en su carta de renuncia, aunque se concretó en el medio de la tormenta política por los recortes proyectados para el año 2027. El articulado enviado por el Ejecutivo modifica los artículos 6, 7 y 19, y deroga los artículos 5, 8, 9 y 14 de la Ley de Emergencia en Discapacidad.

El eje de la disputa radica en la eliminación del Nomenclador de Prestaciones Básicas y de su actualización mensual atada a la inflación. Con esta reforma, cada obra social, prepaga o provincia fijará valores diferenciados para las terapias y escuelas especiales. A su vez, el proyecto desvincula el Certificado Único de Discapacidad (CUD) como vía de acceso directo a la pensión, elimina las garantías fijadas por el Congreso e impide la compatibilidad del beneficio con el empleo formal o el alta tributaria.

La inclusión de estos artículos tomó por sorpresa a la cúpula oficialista. La senadora Patricia Bullrich admitió su desconocimiento sobre el texto, calificó la maniobra como un error no forzado y advirtió sobre el impacto negativo en la relación con los bloques aliados encargados de defender los proyectos.

Frente a las denuncias de legisladores opositores como Juan Marino y Maximiliano Ferraro, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, frenó las derogaciones y retomó las conversaciones con el PRO, la UCR y bloques provinciales. La nueva estrategia libertaria apunta a negociar una legislación permanente durante el debate en comisión para reemplazar a la actual ley de emergencia con reglas claras sobre costos y financiamiento.

Este martes 22 el vocero presidencial, Adrián Ravier, precisó en sus redes sociales sobre el ajuste de los Nomencladores del sistema de prestaciones básicas que «Hoy el nomenclador sigue ajustando por IPC, y así será hasta el 31 de diciembre de 2026. De 2027 en adelante, dependerá de lo que defina el Congreso de la Nación«.

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Qué reveló la auditoría en Andis

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Una intervención gubernamental descubrió un desfasaje exacto de 158.717.131.557,63 pesos entre los listados de la deuda exigible de la Andis. El trabajo examinó la gestión hasta el 21 de agosto de 2025 y contrastó los datos aportados por la Dirección de Presupuesto y Contabilidad frente a los de la Dirección Nacional de Acceso a los Servicios de Salud (Dnass), según reveló La Nación.

La Dnass, encargada de la implementación de programas como Incluir Salud, informó el pasivo más abultado y justificó las diferencias en posibles errores involuntarios de carga por parte de los prestadores.

En paralelo, esta dependencia afronta una investigación a cargo del fiscal Franco Picardi por presunto fraude con posibles coimas de hasta el 20%, sobreprecios y anomalías en los procedimientos administrativos de compras.

El documento técnico también observó el uso repetitivo de la figura de legítimo abono, un mecanismo que permite pagar bienes o servicios cumplidos sin atravesar los procedimientos ordinarios de contratación. Los auditores detallaron que los prestadores de medicamentos e insumos recibieron 479.504 millones de pesos entre el año 2024 y el 21 de agosto de 2025 bajo esta modalidad discrecional, lapso en el cual solo se iniciaron seis procedimientos formales de compras vinculados a dichos servicios.