Desestimaron la denuncia de las comunidades mapuches por el desalojo en la Casa de Gobierno de Neuquén

El fiscal del caso Manuel Islas resolvió archivar la denuncia presentada por representantes de comunidades mapuches contra integrantes del Ministerio Público Fiscal (MPF) y de la Policía provincial por el desalojo realizado en Casa de Gobierno en julio pasado.

La resolución, firmada hoy, determinó que los hechos denunciados no constituyen delito y que el accionar de los fiscales Diego Azcárate y Pablo Vignaroli, quienes ordenaron el procedimiento, “resultó legal y ajustado a derecho”.

El argumento del fiscal del caso

Según Islas, los fiscales dispusieron una medida “menos gravosa” que no requería control de jueces de garantías, ya que no afectaba derechos constitucionales. Explicó que la orden consistió en identificar e intimar a los manifestantes a retirarse, y que solo ante la negativa a cumplir y a identificarse, la Policía actuó “de manera progresiva, escalonada y razonable, en uso del poder público que detenta el Estado”.

La denuncia cuestionaba que la orden debía contar con control judicial y denunciaba un uso excesivo de la fuerza policial. Frente a ello, Islas señaló que el procedimiento se desarrolló en un espacio público y fue dispuesto por fiscales penales, “autoridad judicial competente para investigar con celeridad y eficacia, aplicando la ley para restablecer el orden y la paz social”.

La policía actuó «en cumplimiento del deber»

Respecto del accionar policial, el fiscal afirmó que tras analizar videos, informes médicos y fotografías concluyó que el personal actuó “en cumplimiento del deber y el legítimo ejercicio de su autoridad, de modo razonablemente proporcional a las circunstancias”. Incluso destacó que varios oficiales resultaron heridos durante la resistencia de los manifestantes.

El conflicto se originó el 15 de julio de 2025, cuando un grupo de personas de distintas comunidades mapuches se encadenó en el ingreso a Casa de Gobierno para reclamar la entrega de personerías jurídicas. Con el correr de los días, ampliaron la ocupación y comenzaron a obstaculizar la circulación y el acceso de empleados y funcionarios, con el fin de forzar una respuesta del Ejecutivo provincial.

El 20 de julio, los fiscales Azcárate y Vignaroli ordenaron a la Policía provincial identificar e intimar a los ocupantes a retirarse en un plazo de dos horas. En caso de negativa, autorizaron el desalojo compulsivo, habilitando el uso de la fuerza pública “únicamente cuando fuera absolutamente necesaria y resguardando la integridad física de las personas, en especial de menores de edad”.

Finalmente, tras la revisión del caso, Islas concluyó que tanto los fiscales como la Policía y funcionarios de la Fiscalía de Estado actuaron de manera correcta, dentro de sus facultades y deberes legales, por lo que desestimó la denuncia por abuso de autoridad reiterado.