El rol de un empresario de medios en el municipio de Allen monopolizó la formulación de cargos al intendente Román
La fiscalía presentó la acusación a Marcelo Román, y al dueño de varios medios locales, Sebastián Ocampo. La audiencia definirá si se da lugar a la formulación de cargos. Al jefe comunal se les acusa por administración fraudulenta y peculado. Al empresario, de ser partícipe necesario del presunto delito.
Román es acusado por de administración fraudulenta y peculado. Foto: Juan Thomes.
En una extensa jornada, la fiscalía presentó este lunes su acusación contra el intendente libertario de Allen, Marcelo Román, y el empresario Sebastián Ocampo. El foco estuvo puesto en el suministro de un celular al dueño de varios medios locales desde donde habría impartido órdenes a funcionarios del municipio, siendo tratado como «asesor» del jefe comunal sin tener la facultad legal necesaria. El 17 de junio se definirá formalmente si de da lugar a la formulación de cargos.
En la audiencia estuvieron presentes ambos acusados, acompañados de sus respectivos abogados: Matías Rubio por Román y Federico Diorio por Ocampo. Por otra parte, la acusación por el Ministerio Público fue realizada por las fiscales María Celeste Benatti y Graciela Echegaray. La audiencia fue presidida por la jueza de Garantías, Natalia González.
En la misma, la Fiscalía solicitó que se tengan por formulados los cargos contra el intendente como presunto autor de los delitos de administración fraudulenta y peculado, mientras que al empresario se le acusa por ser participe necesario del mismo hecho.
Sin embargo, la imputación deberá esperar: todavía no quedó confirmada de manera formal debido a que la audiencia pasó a un cuarto intermedio, y continuará el 17 de junio a las 8.00.
La acusación de la fiscalía
La audiencia comenzó con la acusación de las fiscales, quienes indicaron que, entre marzo de 2024 y julio de 2025, el intendente habría sustraído de la esfera de la administración pública fondos del erario municipal. Esto con el fin de autorizar la compra de un celular Sangung Galaxy a34 por 479.999 pesos, bajo la modalidad de servicio corporativo, con un abono mensual a nombre de la Municipalidad por un monto total de 596.812 pesos.
Además, Román habría apartado y extraído dicho bien de la actividad patrimonial del municipio para dárselo a Ocampos, quien no es agente municipal ni posee vínculo contractual que «legitime la tenencia de bienes del Estado», de acuerdo al discurso de la fiscal Benatti. A partir de la entrega, el imputado habría quebrantado la esfera de custodia legal que debía preservar sobre el patrimonio público, permitiendo que un tercero ajeno «disponga del recurso como si fuera propio», añadió.
«El delito de partícipe necesario del segundo imputado se configura porque este hombre habría prestado colaboración indispensable para la consumación del ilícito. Puntualmente porque tenía pleno conocimiento de no ser agente público ni poseía designación oficial alguna, y aun así recibió el bien del Estado y lo usó», describió la fiscal.
De acuerdo a algunos testimonios citados por la acusación de la fiscalía, a través del dispositivo Ocampos impartió órdenes a los trabajadores públicos, y en ocasiones dentro de la municipalidad se solía referirse a él como «asesor».
La importancia de Ocampos dentro la política local también se habría visto reflejada en su habitual concurrencia al despacho del intendente, con quien se reunía frecuentemente. Por otra parte, la priorización del pago de las facturas destinadas a personas vinculadas con el empresario también fue mencionada.
Según la acusación, el jefe comunal mencionó al empresario como su «mano derecha» e incluso lo comparó con Scaloni frente a los funcionarios municipales. «Al que no le gusta, se tiene que ir», llegó a decir de acuerdo al relato.
«Este imputado habría utilizado el teléfono para impartir órdenes y directivas de manera indirecta a los empleados de la Municipalidad, arrogándose facultades de gestión que reforzaron el apartamiento del bien de sus fines legales y consolidaron la disposición privada del recurso estatal», concluyó la fiscalía.
Cuáles fueron las pruebas otorgadas para la formulación de cargos
La calificación legal por la que fiscalía y querella solicitaron que se tuvieran por formulados los cargos para Marcelo Román es la de «administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública y peculado todo en concurso ideal«, siguiendo los lineamientos de los Artículos 173, inciso 7 en función del 174 inc. 5, 261 primer párrafo, articulo 45 y 54 del Código Penal.
A Sebatián Ocampo, por su parte, se le acusó de ser partícipe necesario de «administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública«, según los Artículos 173, inciso 7 en función del 174 inc. 5, 45 del Código Penal.
Entre las pruebas otorgadas por las fiscales Benatti y Echegaray, se incluyeron la denuncia penal realizada por el Tribunal de Cuentas de Allen y documentación como el acta de asunción como intendente, la carta orgánica, copia de comodatos de celulares corporativos, chats otorgados por la testigo y la factura de compra del celular en cuestión de este legajo fiscal.
Se agrega el informe concretado por el Departamento de Contaduría Forense dependiente del Ministerio Público de Rio Negro, que realizó el análisis de las órdenes de pago secuestradas en el allanamiento que la fiscalía realizó en el edificio municipal.
La fiscalía enumeró además que posee copias certificadas de pago interno y externos, facturas, transferencia, todas a la empresa Movistar; además del legajo de la investigación que realiza el Tribunal de Cuentas, informes de la División Judicial e Investigaciones tanto de San Antonio Oeste como de Allen. A lo anterior, se suman más de 35 entrevistas realizadas en sede fiscal.
Qué respondió la defensa de ambos acusados
Después de la acusación, los abogados defensores coincidieron en solicitar que no se tengan por formulados los cargos. Además, pidieron que se impute a la exsecretaria de Hacienda como participe necesaria del delito al autorizar la compra del celular, y que se excluya su testimonio de las pruebas.
El abogado de Román, Matías Rubio, señaló que la exfuncionaria tiene carácter de testigo, pero que en su declaración reconoció actos que «contrarían su carácter de funcionaria pública». En esa línea, afirmó que el Tribunal de Cuentas de Allen «al menos debió haber suspendido la entrevista» para advertir las circunstancias y habilitarle la posibilidad de darle un abogado
Por este motivo, se pidió excluir de la plataforma probatoria lo que declaró la exsecretaria en función de testigo. También solicitaron excluir la documentación entregada durante el allanamiento concretado en la Municipalidad, la pericia contable, y extracciones que se realizaron del celular de la testigo.
En relación a su representado, Rubio indicó que cuando se efectuó la compra, Román estaba en Neuquén con su esposa adquiriendo un vehículo, y que registros de cámaras y documentos desmienten que estuvo presente aquel día. En este sentido aseguró que no hay plataforma probatoria para imputar al intendente.
El defensor también esgrimió que la decisión que se determine en la audiencia «puede traer consecuencias de carácter político, eso hay que tenerlo en cuenta. El intendente fue elegido por voto popular y eso podría causar una consecuencia de orden político que afectaría esta situación».
Cuando le tocó hablar a Federico Diorio, abogado de Ocampo, cuestionó la calificación legal de administración fraudulenta. Señaló contradicciones en las declaraciones de los testimonios del exjefe de Gabinete y la exsecretaria de Hacienda sobre el uso del teléfono y sugirió que la causa «tiene un tinte político».
Román: «Las decisiones que tienen que ver con el municipio siempre las tomé yo»
Tras la audiencia, el intendente Marcelo Román fue consultado por su opinión al respecto: aseguró sentirse «tranquilo», y afirmó que la acusación de la fiscalía no tiene sustento probatorio. «Nosotros tenemos la defensa preparada y vemos también que no hay mucha sustentación de parte de la acusación fiscal, porque en definitiva me califican con un delito y no dicen si lo cometí o no», esgrimió.
En relación a los testimonios de la exsecretaria de Hacienda y el exjefe de Gabinete -que mencionó como «pilares de la investigación» en su contra-, expresó: «Me llama poderosamente la atención que, en su momento, conforme lo establece la ordenanza específica, no hayan denunciado o haber iniciado la investigación, haberlo comunicado por escrito, como corresponde, o haber acudido al tribunal de cuenta, quien es que hace la denuncia».
«Yo no se lo entregué (el celular)» afirmó, señalando no saber que el dispositivo estaba en manos del Sebastián Ocampos. «No tengo vínculo con él. Tenemos un vínculo de afecto, sinceramente, pero hoy en día no lo tengo. Las decisiones que tienen que ver con el municipio siempre las tomé yo», concluyó.
En una extensa jornada, la fiscalía presentó este lunes su acusación contra el intendente libertario de Allen, Marcelo Román, y el empresario Sebastián Ocampo. El foco estuvo puesto en el suministro de un celular al dueño de varios medios locales desde donde habría impartido órdenes a funcionarios del municipio, siendo tratado como "asesor" del jefe comunal sin tener la facultad legal necesaria. El 17 de junio se definirá formalmente si de da lugar a la formulación de cargos.
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