Estafa con planes sociales en Neuquén: el cuarto imputado que intenta despegarse
En la fiscalía de Delitos Económicos se fijaron plazos para terminar con las pericias informática y contable. El límite es julio, cuando se vencen las prisiones preventivas y el tiempo para la investigación.
Marcos Ariel Osuna está con prisión preventiva desde el 10 de julio del 2023. Se la prorrogaron hasta julio de este año. (Archivo/Matías Subat)
Al despacho del fiscal Juan Manuel Narváez hay que entrar en puntas de pie. No es para mantener sigilo, sino para no pisotear las innumerables montañas de papeles que, como una cordillera, atraviesan el piso de su oficina. Papeles hay además en los armarios y en el escritorio, donde apenas encuentra lugar para los tres celulares que maneja al mismo tiempo: también los apila para ahorrar espacio.
La fiscalía de Delitos Económicos maneja una gran cantidad de investigaciones, principalmente por estafas de todo tipo y con todas las modalidades. Pero la causa más famosa es la identificada con el número 234319/22, y caratulada «Soiza Ricardo, Sánz Néstor Pablo y Osuna Marcos Ariel s/asociación ilícita en concurso real con estafas reiteradas».
Durante la feria judicial de enero, a ese voluminoso legajo ingresó la declaración espontánea de uno de los principales acusados: Marcos Ariel Osuna, ex responsable de Gestión de Programas del Ministerio de Desarrollo Social (esa cartera fue reconvertida en Desarrollo Humano por la actual gestión).
El cuarto que hace un descargo
Osuna es el cuarto de los cinco acusados de jefes de una asociación ilícita que rompe el silencio. El primero fue el ex director de Planes Sociales, Ricardo Nicolás Soiza, quien habla con el juez o jueza que le pongan delante cada vez que tiene oportunidad para expresar su inocencia (en cada ocasión lo escuchan pero le renuevan la prisión preventiva por riesgo de entorpecimiento de la investigación. Habrá que ver qué pasa el 4 de agosto, cuando cumpla 70 años).
El segundo fue el ex Coordinador Provincial de Administración del Ministerio de Desarrollo Social, Tomás Siegenthaler. Presentó un escrito en agosto del año pasado, antes de que le formularan cargos.
El tercero fue el ex director de Fiscalización del organismo, Néstor Pablo Sánz. En una extensa declaración ante el fiscal jefe Pablo Vignaroli y el fiscal del caso Narváez, en noviembre, aportó datos y nombres. Es el único que logró que le cambiaran la prisión preventiva por una domiciliaria, a fines de diciembre pasado.
Las cuatro declaraciones tienen denominadores comunes: procuran despegarse de la acusación más grave, la de liderar una asociación ilícita. En caso de que los declaren responsable de ese delito, los condenarán a prisión efectiva. Además, descargan responsabilidades en otros imputados.
El quinto señalado como jefe, quien no habló hasta ahora, es el ex ministro de Desarrollo Social, Orlando Abel Di Luca. «No es el momento», dijo cuando diario RÍO NEGRO le preguntó si iba a hacer declaraciones.
Osuna presentó un escrito de cinco carillas, solo con su firma. Es el único sindicado como cabecilla que tiene defensa pública. Lo asiste el defensor jefe Fernando Diez.
Ingresó al ministerio con una pasantía en 2006, cuando la titular era Vanina Merlo, hoy defensora general (y responsable última de que tenga una buena representación legal).
Los puntos de Osuna
Osuna se preocupó por dejar aclarados varios puntos:
• No estaba a cargo de los listados de beneficiarios, y nunca incorporó a nadie por su cuenta.
• Nunca recibió una tarjeta de ningún beneficiario.
• No conoce al resto de los imputados (son 31 en total) salvo a algunos por compartir áreas de trabajo.
• Cumplía órdenes de Soiza y Sánz, cuya legalidad presumía. Los responsabilizó en caso de que exista alguna irregularidad.
• Dijo no conocer ni a Di Luca ni a Siegenthaler. Pidió que busquen en su teléfono alguna llamada con alguno de ellos, con la certeza de que no la encontrarán. (Siegenthaler había dicho en su descargo: «El alta o baja de beneficiarios no lo decidía yo ni personal a mi cargo. De ello se encargaba Osuna»).
• Negó haber amenazado a alguien, o haber participado de la cosecha de celulares y equipos informáticos que hicieron los imputados antes de los allanamientos del 30 de agosto del 2022.
• Y negó haber recibido pagos extras, como denunció Sánz. Además de su sueldo, su único ingreso eran 100.000 pesos que le pagaba Soiza por el mantenimiento de las computadoras y redes del restaurante El Faraón, propiedad del ex director. (Un dato anecdótico: además era el encargado de mantenimiento de las cámaras de vigilancia del búnker donde fue asesinado Miguel «Ruso» Auer).
• Fue ambiguo al referirse a las cantidades de dinero depositadas en su cuenta que detectó la fiscalía.
El fiscal jefe Vignaroli refutó el pretendido descargo de Osuna. Recordó que «está filmado extrayendo dinero de los cajeros», y según testigos, era el que organizaba las extracciones ráfaga junto con Sánz.
Además, era quien enviaba los listados paralelos a la dirección de Administración, dijo Vignaroli, parte fundamental del proceso para poder concretar la estafa.
Depósitos millonarios
Uno de los detalles más singulares son los movimientos de su cuenta bancaria. Su sueldo no superaba el millón de pesos por año, pero según reveló la fiscalía:
• La AFIP informa acreditaciones en la cuenta de Osuna en 2020 por 19.734.685 pesos.
• En el período 2021, por 35.811.455 pesos.
• Y en el 2022, hasta septiembre (cuando se descubrió la maniobra) por 26.766.709 pesos.
Sobre el particular, el imputado se limitó a decir en su descargo que los movimientos de su cuenta se corresponden con su nivel de ingresos.
La ruta del dinero
Según la fiscalía, el beneficio personal que obtuvieron algunos de los imputados ya está suficientemente probado. Osuna tenía esas sumas en su cuenta (no se le conocen propiedades ni otros bienes); Sánz está sospechado de comprar terrenos en barrios privados para su actual y su ex pareja (ambas también imputadas); y Soiza de volcar dinero de los planes en su emprendimiento gastronómico.
El objetivo más esquivo es probar que con ese dinero se solventaron gastos de campañas políticas del Movimiento Popular Neuquino. Aunque muchos testigos hablan de la «caja azul», en la que se depositaba el dinero extraído de los cajeros automáticos, ninguno aportó pruebas de que esos billetes hayan sido afluentes del partido provincial.
En una de las tantas audiencias, el abogado e imputado Alfredo Cury argumentó que si se utilizó dinero para financiar alguna campaña, fue la de Rolando Figueroa a diputado nacional. Por eso pidió -sin éxito-que le manden el legajo a la justicia electoral para que continúe la investigación.
Los plazos a cumplir
De acuerdo con el diagrama de tareas y plazos que diseñaron en la fiscalía, en marzo estaría culminada la pericia informática en los más de 70 dispositivos secuestrados (computadoras, teléfonos, algunos pendrives, queda pendiente un servidor oculto en las oficinas de calle Rivadavia).
A medida que se desbloquean dispositivos, la DAFI (Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones) remite los archivos recuperados al departamento Delitos Económicos de la policía de Neuquén.
Ese personal realiza un filtrado del material de interés y lo deriva a las contadoras encargadas de elaborar un dictamen que determinará a cuánto asciende el monto de la maniobra (a valores actualizados) y que será el sostén del juicio oral.
«Mantenemos la idea de llegar a julio con la audiencia de control de acusación», dijo este viernes a diario RÍO NEGRO el fiscal Narváez. «Después habrá que organizar con la Dirección de Asistencia a Impugnación y Coordinación General la fecha del juicio oral. Hay que ver qué disponibilidad tienen en la agenda, porque serán muchas audiencias. Nuestro objetivo es que se haga en el segundo semestre».
A los 31 imputados se le podrían sumar algunos más. ¿Otros quedarán desafectados? No se sabe por el momento.
Las cuatro investigaciones
La causa que llegará a juicio es conocida como Planes Sociales I. Son estafas cometidas con el programa Subsidio Provincial para la Desocupación Laboral, creado por resolución 29/18 del entonces ministro de Desarrollo Social, Mariano Gaido, el 19 de febrero de 2018.
El período investigado abarca desde septiembre del 2020 hasta julio del 2022. Incluye maniobras con tarjetas de débito (las llamadas extracciones ráfaga) y algunas con cheques.
También están en marcha las investigaciones Planes Sociales II (presuntas maniobras cometidas con el Subsidio Social Transitorio y el subsidio al desempleo), Planes Sociales III (hechos anteriores al 20 de septiembre del 2020 y hasta el 2015) y Planes Sociales IV, que comenzó por una denuncia de la fiscalía de Estado e involucra a empleados estatales que además cobraban planes sociales.
Respecto de esta última, todavía están procesando la documentación que entregó el ministro de Trabajo, Lucas Castelli. Las personas bajo investigación son entre 750 y 1000.
La estructura de la fiscalía de Delitos Económicos es una de las más raquíticas: allí trabajan solo Pablo Vignaroli, que es el jefe además de las fiscalías de Actuación Genérica; Asignación del Caso y Rincón de los Sauces, y Juan Manuel Narváez.
Tenían previsto incorporar a corto plazo un fiscal del caso más, pero desbarató sus planes la polémica decisión del Consejo de la Magistratura que declaró fracasado el concurso.
Por eso Narváez tiene tres teléfonos: está de guardia las 24 horas, los 7 días de la semana.
Para esta investigación incorporaron dos contadoras que realizan la crucial pericia contable.
La resolución que firmó Gaido
La resolución 29 del 19 de febrero de 2018 es el kilómetro cero de la estafa con planes sociales. La norma legal creó el «Subsidio Provincial para la Desocupación Laboral», cuya «finalidad principal será la incorporación o reinserción al mundo laboral de las personas excluidas del mismo».
En su artículo 1 determina «como autoridad de aplicación» a «la Unidad de Gestión de Planes y Programas Sociales dependiente (de) la Coordinación de Administración del Ministerio de Trabajo, Desarrollo Social y Seguridad».
El gobernador en ese momento era Omar Gutiérrez; el ministro Mariano Gaido (hoy intendente de Neuquén); el Coordinador, Santiago Morán; el director de Planes Sociales, Ricardo Soiza.
La bancarización
El 25 de abril de ese año, el gobernador Gutiérrez firmó un convenio de bancarización de planes sociales y alimentarios a través del Banco Provincia del Neuquén (BPN). El acuerdo -suscripto junto al ministerio de Trabajo, Desarrollo Social y Seguridad y la secretaría de Desarrollo Territorial y Ambiente- tuvo como objetivo «la inclusión financiera de todos los ciudadanos del Neuquén que reciben ayuda social del Estado provincial y/o municipal».
La resolución 29/18 establecía que la ayuda era otorgada por 3 meses prorrogables hasta 6, aunque podía extenderse su el beneficiario continuaba en situación de vulnerabilidad.
Entre los requisitos, figuraban «carecer de algún beneficio nacional, provincial o municipal vinculado a la seguridad social, o de cualquier otro ingreso», tanto el solicitante como cualquier integrante del núcleo familiar conviviente.
Entre los 31 imputados hay un grupo identificado como los «reclutadores». Son los que se encargaban de detectar personas en condiciones de acceder al subsidio. Con su documento hacían el trámite y le abrían una caja de ahorro en el Banco Provincia de Neuquén.
El beneficiario iba una sola vez al banco: a retirar la tarjeta de débito con la clave. Según la acusación fiscal, se la entregaba a los «extractores», que retiraban el dinero depositado en su cuenta a través del cajero automático. Al parecer nunca se enteraba de que le habían depositado 49.900 pesos, ya que en mano recibía entre 4.000 y 10.000 pesos.
El resto iba a la «caja azul», y de allí se distribuía entre los involucrados en la maniobra.
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