Vacunatorio VIP: se colocaron 1200 vacunas contra el covid de forma irregular
Hay funcionarios y exfuncionarios nacionales que no respetaron la prioridades de vacunación durante el inicio de la campaña de inmunización.
La Sputnik V fue la primera vacuna que se comenzó a aplicar en Argentina. Foto: Archivo Marcelo Ochoa
El Fiscal Sergio Rodríguez formuló cinco denuncias penales para que se determine quiénes fueron los responsables de otorgar 1.200 vacunas a personas que no estaban dentro de las prioridades establecidas por la emergencia sanitaria de 2020, cuando comenzó el proceso de inmunización y a los únicos que se vacunaba era al personal de salud, es decir los que estaban al frente de la línea de combate.
Rodríguez está al frente de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), la cual se especializa en casos de corrupción. En este ocasión interviene junto al fiscal Eduardo Taiano en la causa conocida como del Vacunatorio VIP, que tiene entre uno de sus imputados al exministro de Salud Ginés González García.
En la causa se indaga las responsabilidades de los funcionarios y ex funcionarios públicos que organizaron un sistema de vacunación contra el COVID-19. Aquí más precisamente la Justicia ahonda en las dosis que habían sido asignadas al Hospital Posadas, un establecimiento que depende del estado nacional.
El funcionamiento de aquel vacunatorio, en momentos que las dosis eran escasas, fue revelado en febrero de 2021 por el periodista Horacio Verbistky quien contó que había recibido una primera dosis de la vacuna rusa Sputnik V allí. El hecho derivó en un repudio generalizado de la sociedad y en un pedido de renuncia del presidente Alberto Fernández a González García, el funcionario que era titular de la cartera de salud. Fue reemplazado por Carla Vizzotti. quien actualmente sigue en el cargo.
En la lista de los vacunados VIP estaban desde el Procurador del Tesoro, Carlos Zannini, y su esposa hasta el ex presidente Eduardo Duhalde, su esposa Hilda “Chiche” González y las hijas de ambos. También el ministro de Defensa Jorge Taiana y el diputado Eduardo Valdés. La mayoría fueron registrados como personal de salud, los únicos que en ese entonces tenían prioridad para la inmunización.
Todas las denuncias por este hecho, se juntaron en un solo expediente que quedó a cargo de la jueza federal María Eugenia Capuchetti.
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