Fiscalía pidió prisión para dos penitenciarios de Viedma declarados culpables de golpear a un interno
Durante el juicio de cesura por el delito de vejaciones, la acusación requirió penas diferenciadas de hasta dos años y cuatro meses de prisión efectiva. La defensa solicitó el mínimo legal y limitantes laborales parciales. La sentencia del juez Ignacio Gandolfi se anunciará la próxima semana.
En la jornada de este miércoles se llevó a cabo el juicio de cesura en el debate oral que declaró penalmente responsables a dos agentes del Servicio Penitenciario Provincial por haber golpeado a un interno alojado en el Complejo Penal de Viedma. Durante la audiencia, tras la declaración de testigos, la fiscalía y los abogados defensores expusieron sus alegatos finales con las razones que sustentan la pena pretendida para cada uno de los condenados por el delito de vejaciones.
La apertura de los alegatos estuvo a cargo de la fiscal Paula Rodríguez Frandsen, quien rememoró el hecho ocurrido el 5 de septiembre de 2025. Según detalló, el episodio se desencadenó durante tareas de desinfección en el área de celdas y culminó con el traslado del interno al sector de aislamiento, habiéndole provocado diversas lesiones físicas. La fiscalía remarcó esa prolongación temporal como un elemento clave para fundamentar el pedido de pena, el cual resultó diferenciado según la situación particular de cada imputado.
Rodríguez Frandsen enfatizó que la agresión comenzó dentro de la celda y continuó durante el traslado. En ambos espacios no solo se ejerció fuerza física, sino que además se emplearon diversos elementos para concretar las vejaciones, todo ello «en un contexto en el cual el personal policial tenía dominio sobre la integridad de la persona detenida». Asimismo, ponderó la magnitud del daño mediante la descripción del sufrimiento expuesto por la propia víctima, las secuelas constatadas por una enfermera del establecimiento y el testimonio de la madre sobre el estado anímico posterior de su hijo.
Argumentos y pedido de pena
En su argumentación, la fiscalía remarcó que ambos acusados son personas adultas, conscientes de sus actos y con pleno conocimiento de las implicancias de cometer un delito, especialmente por la función pública que desempeñaban. Agregó que actuaron con la intencionalidad de causar un daño a quien debían custodiar, sin obtener ningún beneficio más que el de provocar sufrimiento.
En cuanto a las penas solicitadas, la fiscalía requirió dos años de prisión en suspenso y cuatro años de inhabilitación para uno de los agentes. En cambio, para el segundo imputado solicitó dos años y cuatro meses de prisión efectiva junto al doble de tiempo de inhabilitación. La acusación justificó la mayor severidad al señalar que este último contaba con un historial de rencillas previas con el interno y antecedentes penales por hechos de similares características.
La postura de las defensas
Por parte de las defensas, la abogada particular Andreina Barrionuevo cuestionó el dolo planteado por el Ministerio Público Fiscal y la valoración del equipamiento utilizado, señalando que se trataba de elementos reglamentarios destinados a tareas de protección. Al sostener que no se acreditó un daño psiquiátrico en la víctima, solicitó la pena de un año de prisión y requirió que la inhabilitación no sea absoluta, sino circunscripta a la portación de armas y a funciones ligadas al cuidado de personas.
A su turno, el defensor oficial Pedro Vega adhirió a los planteos de la postura defensiva y objetó la utilización de testimonios de familiares para dimensionar el daño, al considerar que la angustia del entorno o problemas de salud de la madre y la abuela no podían atribuirse objetivamente a su asistido. Añadió que tampoco correspondía achacarle las consecuencias del aislamiento, ya que el agente no decidió el lugar de alojamiento ni ejecutó dicho traslado.
Vega destacó la conducta previa y el nivel de instrucción de su asistido —para quien la fiscalía pidió prisión efectiva— citando las declaraciones de compañeros de trabajo que lo describieron como una persona correcta y sin conflictos. Además, citó un informe socioambiental de la Oficina de Servicio Social para resaltar que el hombre es el sostén económico de su hijo y aclaró que una inasistencia procesal previa, usada por la fiscalía como agravante, se debió al cuidado del menor. Solicitó la pena mínima de un año de prisión y dos de inhabilitación restringida al contacto directo con personas privadas de la libertad, argumentando que la sanción debe ser proporcional y no desmedida.
Antes del cierre del debate, ambos penitenciarios hicieron uso del derecho a pronunciar sus últimas palabras ante el tribunal. Concluidas las intervenciones, el juez de juicio Ignacio Gandolfi dio por finalizada la audiencia e informó que la resolución con las penas definitivas se daría a conocer la próxima semana.
En la jornada de este miércoles se llevó a cabo el juicio de cesura en el debate oral que declaró penalmente responsables a dos agentes del Servicio Penitenciario Provincial por haber golpeado a un interno alojado en el Complejo Penal de Viedma. Durante la audiencia, tras la declaración de testigos, la fiscalía y los abogados defensores expusieron sus alegatos finales con las razones que sustentan la pena pretendida para cada uno de los condenados por el delito de vejaciones.
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