Imputado del homicidio de un adolescente recuperó la libertad en Viedma
Así lo dispuso el juez de garantías por pedido de la fiscalía y la defensa, que alegaron que ya no hay riesgo de entorpecimiento de la investigación o de fuga por parte de Isaías Barrera, que está imuputado por el homicidio de Jorge Yamir “Coco” Nahuelcheo, de 16 años. La querella se opuso.
Después de un un año y casi dos meses de permanecer con prisión preventiva, que cumplió de manera domiciliaria, Isaías Barrera, recuperó la libertad.
El juez Adrián Miguel Dvorzak admitió este jueves el pedido de la fiscalía y la defensa del imputado, quienes peticionaron por el cese de la prisión domiciliaria. De todos modos, el magistrado resolvió que Barrera continúe portando una tobillera electrónica, sobre todo, para controlar que cumpla con la prohibición de acercamiento al barrio Mi Bandera de Viedma, donde ocurrió el homicidio.
La audiencia se había pedido para tratar el pedido de sobreseimiento de Barrera, pero su defensor Damián Torres desistió de formular el planteo porque explicó al juez que estaban trabajando con la fiscalía y la defensa en una salida alternativa al conflicto.
El hecho que la fiscalía le atribuye al imputado
Barrera está imputado por el homicidio de Jorge Yamir “Coco” Nahuelcheo, de 16 años. Según la acusación fiscal, a la que adhiere la querella, alrededor de las 21.30 del 9 de mayo del año pasado, en la intersección de calles 22 y 23 del barrio Mi Bandera de Viedma, el imputado habría disparado un arma de fuego, aparentemente calibre 32, contra la víctima, que murió como consecuencia de las graves lesiones causadas por el proyectil que ingresó por el omóplato izquierdo.
La fiscalía y la querella calificaron el hecho atribuido a Barrera como un homicidio agravado por el uso de arma de fuego.
Prórroga del plazo de la investigación
En la audiencia de este jueves, la fiscal Paula de Luque, informó al juez que con la querella y la defensa habían acordado una prórroga de dos meses para la etapa de la investigación preparatoria.
Como no hubo controversia, el juez aceptó el planteo y extendió hasta el 26 de agosto próximo el plazo de la investigación.
La fiscal solicitó además el cese de la prisión preventiva domiciliaria que cumplía desde mayo del año pasado el imputado.
Explicó que había dos razones por las cuales esa medida cautelar no podía sostenerse en los próximos dos meses de la investigación. De Luque indicó que ya la prueba se ha producido “y el riesgo procesal que se analizó el 11 de mayo del 2024 y que fue prorrogándose con acuerdo de partes, claramente se ha visto morigerado al día de la fecha”.
Indicó que la segunda razón es “justamente cómo a nivel estratégico el Ministerio Público Fiscal ve ineficiente mantener esta medida cautelar en estos términos respecto a la expectativa que tiene, principalmente, la señora Paredes (madre de Nahuelcheo) en el caso”. La fiscal aclaró en la audiencia que le había informado a la querellante de la postura del MPF.
Obligaciones que el imputado debe cumplir
Pidió que se le imponga a Barrera la obligación de fijar domicilio, la prohibición de contacto absoluto con los testigos del caso. También, la prohibición de acercamiento a menos de 500 metros del barrio Mi Bandera y que esa medida sea monitoreada por la Uadme.
El abogado por la querella Diego Sacchetti explicó que estaba de acuerdo con la prórroga del plazo de la investigación, pero que no tenía mandato de la madre de la víctima para consentir la finalización de la prisión preventiva domiciliaria. Por eso, se opuso al pedido formulado por la fiscalía y la defensa.
Torres dijo que la investigación ya está terminada. Manifestó que la prórroga es para ver si pueden acordar con la fiscalía y la querella una solución alternativa al conflicto.
La teoría de la defensa
Rememoró que Barrera está imputado por haber efectuado un disparo con el que dio muerte al adolescente. Mencionó que la fiscalía y la querella lo calificaron como un homicidio agravado por el uso de arma de fuego.
Aclaró que para la defensa el hecho “ocurrió de otra manera”. Recordó que la víctima tenía un arma de fuego y que se encontraron vainas de dos armas de fuego en el lugar. Y que le dispararon a Barrera. “De mínima, estamos hablando de que Barrera estaba defendiendo su vida”, advirtió Torres.
“Cambiaron las circunstancias y la escala penal se modifica. Y esto es un tema no menor”, sostuvo. Mencionó que la víctima “claramente era una persona que tenía antecedentes penales.
Además, afirmó que ya no hay un riesgo de entorpecimiento de la investigación. Y destacó que tampoco existe el riesgo de fuga.
El juez aceptó el pedido de la fiscalía. “Entendiendo que la libertad durante el proceso es la norma y la privación es la excepción, entiendo señor Barrera que están dadas las condiciones para que usted recupere la libertad en los términos solicitados por la fiscalía”, resolvió el magistrado. Y le impuso las obligaciones pedidas por la fiscalía, que la defensa no cuestionó.
Tras la audiencia, Torres manifestó a Diario RÍO NEGRO que es “un caso para que los ciudadanos resuelvan sin duda”. “Un menor de edad, que tenía antecedentes por homicidio con su grupo de amigos que viven robando en el barrio, que tenían un arma de fuego, y un tipo laburante que con un arma de fuego terminó matando en un enfrentamiento”, reseñó.
“Yo no tengo dudas que hubo una legítima defensa, pero sin dudas la sociedad debería decidir y así lo vamos a reclamar”, indicó. Por eso, quiere llevar el caso a un juicio por jurados si no acuerdan con la fiscalía y la querella una salida alternativa.
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