Indemnización millonaria en Roca: secretaria judicial reclamó por lesiones tras 35 años de tareas repetitivas
Condenaron a una ART a pagar una indemnización millonaria a una secretaria judicial por enfermedades laborales. La sentencia, que aún no está firme, reconoce el nexo causal entre sus tareas y las lesiones sufridas.
La Cámara del Trabajo de Roca falló a favor de una trabajadora del Poder Judicial de Río Negro, ordenando a la aseguradora de riesgos de trabajo a pagar una indemnización millonaria. El tribunal consideró que las dolencias de la mujer son el resultado de 35 años de tareas repetitivas.
Un largo historial de trabajo y dolor
El caso se inició a partir de la demanda de una secretaria del Poder Judicial de Río Negro, quien, después de más de 30 años de trabajo, comenzó a sufrir intensos dolores en sus manos que se irradiaban a sus codos, hombros y columna cervical. La trabajadora, que había ingresado a sus labores en 1987, denunció el siniestro en septiembre de 2022.
Sin embargo, la Aseguradora de Riesgos de Trabajo (ART) rechazó la denuncia, argumentando que las enfermedades que padecía no estaban incluidas en el listado de enfermedades profesionales.
A pesar de la negativa, la trabajadora continuó con tratamientos particulares y fue intervenida quirúrgicamente. Posteriormente, solicitó la intervención de la comisión médica, que ratificó la decisión de la ART, declarando que la enfermedad era de «carácter inculpable».
No conforme, la mujer acudió a la justicia, y ahora, un fallo de primera instancia de la Cámara del Trabajo de General Roca le da la razón, reconociendo el nexo causal entre su larga trayectoria laboral y su enfermedad.
La batalla en los tribunales: de la negativa de la ART al peritaje contundente
La demandante argumentó desde el inicio que las lesiones guardaban una clara relación con las tareas realizadas. Señaló que los movimientos repetitivos y las posiciones forzadas durante una jornada laboral de 48 horas semanales por más de tres décadas habían sido los «desencadenantes de las lesiones sufridas», que le generaron una incapacidad del 18%. Se impugnó la decisión de la Comisión Médica y la postura de la ART, y llevaron el caso a la justicia laboral.
La ART, por su parte, se defendió negando la autenticidad de toda la documentación presentada que no proviniera directamente de ellos o de la comisión médica, y puso a disposición de la justicia el legajo del siniestro, solicitando el rechazo de la demanda.
El punto de inflexión en el caso fue el peritaje médico oficial. El informe fue contundente: la trabajadora presentaba «síndrome del túnel carpiano bilateral y tenosinovitis de Quervain«, secuelas que le determinaban una incapacidad parcial y permanente del 19,34%.
La perito afirmó que esta incapacidad «guarda relación causal con la enfermedad profesional», debido a las «tareas administrativas de teclado» y los «movimientos repetidos o mantenidos de los tendones» que la mujer había realizado durante su extensa carrera.
La relevancia de este informe pericial es que no fue impugnado ni controvertido por ninguna de las partes, por lo que la jueza interviniente decidió tomarlo como base para su sentencia. La magistrada destacó que, además de la pericia, la ART no había presentado un estudio ergonómico de las condiciones de trabajo de la empleada ni los exámenes médicos periódicos, lo que hubiera sido clave para demostrar que la patología no estaba relacionada con su trabajo.
El fallo judicial: la importancia del nexo causal y la falta de pruebas de la ART
La jueza, en su sentencia, desestimó los argumentos de la ART y de la comisión médica. La magistrada explicó que para determinar una «enfermedad profesional», no solo se requiere un punto de vista médico, sino también uno jurídico, que surge del análisis de todas las pruebas. En este caso, la jueza encontró suficientes elementos para establecer el nexo causal y atribuir a la dolencia de la trabajadora el carácter de «profesional».
Uno de los puntos clave del fallo fue el análisis del factor de riesgo y la exposición. La magistrada señaló que la pericia médica dejó claro que el agente de riesgo estaba en las «tareas repetitivas y posiciones forzadas», y que la exposición de la trabajadora a estas condiciones durante 35 años fue la causa de sus dolencias.
El fallo de la Cámara del Trabajo de Roca destacó que la ART no cumplió con su obligación de presentar un estudio ergonómico del puesto de trabajo ni los exámenes preocupacionales de la trabajadora, lo que habría servido para probar la inexistencia de las patologías antes de la relación laboral o para deslindar responsabilidades. La jueza aplicó la jurisprudencia del Superior Tribunal de Justicia de Río Negro, que establece que si la ART no puede probar que la dolencia era preexistente, debe hacerse cargo de la totalidad de la incapacidad.
Cálculo de la indemnización y la condena millonaria
Con base en la incapacidad del 19,74% determinada por el tribunal y los precedentes legales del Superior Tribunal de Justicia, la jueza procedió a calcular la indemnización. Utilizando la fórmula legal correspondiente, que considera el ingreso base mensual de la trabajadora, su edad, el porcentaje de incapacidad y el RIPTE (Índice de Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables), el tribunal determinó que el monto a pagar por la ART asciende a $42.271.695,44.
Además de la millonaria suma, el fallo establece que la ART debe pagar los intereses sobre el monto adeudado y las costas del proceso. Es importante destacar que el fallo aún no está firme, ya que la demandada podría presentar un recurso de apelación ante una instancia superior.
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