Intensa primera audiencia de formulación de cargos contra la intendenta de Huergo
El juez de Garantía definirá, tras disponer un cuarto intermedio, si avala la imputación que pretende la fiscalía. El abogado defensor de la jefa comunal reiteró que hay intenciones políticas de los denunciantes.
La formulación de cargos contra la intendenta de Huergo, Silvia Penilla, su subsecretario de Gobierno, Darío Cavia, y la pareja de este último, Eva Muller, pasó este miércoles a un cuarto intermedio luego de una intensa audiencia judicial. El juez de Garantías, Gastón Pierroni, dará a conocer si da por formulados los cargos en una audiencia el 30 de julio próximo.
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Durante este miércoles el abogado defensor de Penilla, Damián Torres, insistió en que la causa tiene fuertes connotaciones políticas, principalmente por la composición del Tribunal de Cuentas, que actúa como querellante.
El Ministerio Público Fiscal, representado por la fiscal Vanesa Cascallares, formuló cargos contra la actual intendenta por la autoría del delito de administración fraudulenta e incumplimiento de los deberes de funcionario público. Además se imputó a las otras dos personas por ser partícipes necesarios del mismo hecho.
La acusación de la fiscalía contra la jefa comunal
De acuerdo con el relato del Ministerio Público Fiscal, el origen de la maniobra delictiva se remonta a la designación de Cavia por parte de la jefa comunal, un nombramiento que llamativamente no fue registrado formalmente en la planta de empleados del municipio. Bajo esta irregularidad administrativa, se habrían canalizado transferencias de fondos públicos por un total de 4 millones de pesos hacia las cuentas de Muller, esposa de Cavia, para saldar facturas emitidas por ella, dado que el funcionario no emitía facturación propia a pesar de percibir el dinero.
Según la acusación, “la funcionaria habría abusado de las facultades de administración y disposición de los fondos públicos e instrumentó un mecanismo de pago por fuera del régimen legal que se aplica para retribuir funciones públicas. Todo fue posible, además, porque habría contado con la intervención necesaria de las otras dos personas señaladas por la acusación”.
Según la fiscal Vanesa Cascallares, “la intendenta habría permitido la disposición irregular de caudales públicos mediante documentación y modalidades de contratación que no eran procedentes, ocasionando un perjuicio patrimonial estimado en 6.183.796 de pesos”.
La calificación legal por la que fiscalía y querella solicitaron que se tuvieran por formulados los cargos para la intendente es la de “administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública e incumplimiento de los deberes de funcionario público”, según los Artículos 173 inc. 7° en función del Art. 174 inc. 5° del Código Penal. A las restantes personas le imputó ser partícipe necesario del primero de los delitos.
La defensa de Penilla cuestionó a los querellantes y la fiscalía
A su turno, Torres cuestionó con dureza la legitimación del presidente del Tribunal de Cuentas, Rodrigo Amorosi, quien pretende intervenir en el expediente como querellante con el patrocinio del abogado Federico Diorio. Torres desestimó la figura de la querella argumentando que los intereses del Estado ya se encuentran debidamente representados por la fiscalía y sugirió que la insistencia del órgano de contralor esconde un trasfondo estrictamente político, haciendo hincapié además en que un pedido previo de desafuero contra la mandataria no prosperó.
Ante este planteo, tanto la fiscal Cascallares como el abogado del Tribunal de Cuentas rechazaron de plano la postura defensiva. Diorio se mostró sorprendido por la objeción y defendió el rol de Amorosi al recordar que el Tribunal de Cuentas es el órgano constitucional de contralor por excelencia del municipio, facultado específicamente para vigilar las acciones del Ejecutivo, y remarcó la extemporaneidad del cuestionamiento señalando que Torres lleva casi dos años en el ejercicio de la defensa técnica.
El punto álgido de la jornada llegó al momento de discutir la apertura de la investigación preparatoria, instancia en la que Torres se opuso firmemente a la formulación de cargos formulada por el Ministerio Público. El defensor calificó la descripción de la hipótesis fiscal como deficiente y carente de los requisitos mínimos exigidos por el artículo 130 del Código Procesal Penal, asegurando que pocas veces había visto una acusación «tan mal confeccionada» tras dos años de recolección de datos.
En su alegato, el abogado afirmó que la fiscalía intentaba mezclar «agua y aceite», pretendiendo transformar faltas de carácter estrictamente administrativo -como la omisión de registración, la falta de inscripción tributaria ante la ARCA o la ausencia de facturas- en un delito de carácter penal, sin lograr precisar con claridad en qué consistió el lucro indebido o cuál fue el daño real provocado al erario público.
La fiscal Cascallares le respondió que le corresponde en su rol como representante del Ministerio Público investigar y más teniendo en cuenta que se trata de fondos públicos. «No hay animosidad», remarcó la funcionaria judicial.
Ante este escenario el juez Pierroni decidió que la audiencia pase a un cuarto intermedio hasta el 30 de julio próximo, a las 12:00, donde dará a conocer su resolución a través de la plataforma Zoom.
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