La Justicia sobreseyó a la intendenta de Cervantes en la megacausa Techo Digno en Río Negro
La jueza Claudia Alejandra Lemunao consideró que las pruebas reunidas no permitían acreditar un delito. La jefa comunal, Claudia Montanaro, había sido investigada por su presunta intervención en el manejo de recursos nacionales para la construcción de viviendas en Cervantes.
La jueza penal Claudia Alejandra Lemunao sobreseyó a Claudia Montanaro, intendenta de Cervantes, en la megacausa Techo Digno, en la que se investigó su presunta participación en irregularidades en el manejo de fondos nacionales destinados a la construcción de viviendas. La resolución, firmada el 21 de octubre, hizo lugar al pedido de la defensa de la funcionaria, que contó con el aval de la Fiscalía, y dispuso el cierre definitivo del proceso penal.
La fiscal jefa Graciela Echegaray solicitó el sobreseimiento al considerar que las pruebas reunidas durante la investigación no alcanzaban para sostener una acusación penal contra Montanaro. La causa examinó su posible intervención en operaciones con fondos del programa habitacional durante la gestión municipal de su padre, el exintendente Gilberto Montanaro. Según la Fiscalía, los hechos podían dar lugar a eventuales responsabilidades administrativas, pero no se habían acreditado los elementos necesarios para configurar un delito.
Cervantes y la causa por el plan Techo Digno
La causa comenzó en abril de 2017, a partir de una denuncia de la Dra. Mónica Patricia Marchisella, quien se desempeñaba como instructora sumariante del entonces Ministerio del Interior y Obras Públicas. La presentación cuestionó el manejo del convenio entre Nación y la Municipalidad de Cervantes para construir viviendas.
En diciembre de 2023, la Fiscalía amplió la investigación para determinar si Claudia Montanaro, secretaria de Gobierno hasta asumir la intendencia el 10 de diciembre de 2015, había tenido participación en las irregularidades.
La hipótesis investigada sostenía que la funcionaria habría colaborado con su padre, el exintendente Gilberto Montanaro, en la disposición de fondos públicos del programa habitacional. En particular, se analizaron operaciones bancarias que habría autorizado para transferir dinero a las empresas Baszkir Construcciones, Eraiki S.A. y ECA S.A., pese a que las obras no habían sido medidas ni certificadas. También se investigaron movimientos de fondos cuyo destino no había sido determinado.
El análisis de la documentación bancaria, las pericias contables y los demás elementos incorporados al expediente permitió delimitar el alcance de la investigación. En su resolución, Lemunao señaló que la continuidad del programa durante la gestión de Montanaro podía generar cuestionamientos en el plano administrativo, pero no alcanzaba para atribuirle responsabilidad penal.
El fallo judicial y la condena al exintendente de Cervantes
En su resolución, la jueza retomó los argumentos de la Fiscalía sobre los requisitos para acreditar una defraudación por administración fraudulenta. El fallo explica que debe demostrarse un perjuicio patrimonial concreto y una conducta contraria a los intereses administrados. También precisa que el delito requiere una actuación deliberada: «No se satisface con la negligencia, la impericia o el desorden administrativo«.
La resolución también distingue la situación de Claudia Montanaro de la de su padre, Gilberto Montanaro, quien fue condenado el 30 de abril de 2026 mediante un acuerdo de juicio abreviado que quedó firme. El exintendente fue condenado por defraudación a la administración pública en concurso ideal con uso de documento público falso, por hechos vinculados con el manejo de los fondos del programa.
La investigación sobre Techo Digno comprendió contratos para construir 135 viviendas: 44 a cargo de Baszkir Construcciones, vinculada con Jacobo Baszkir; 48 correspondientes a Eraiki S.A., representada por Néstor Sarasola; y 43 a cargo de ECA S.A., vinculada con Longinos Pacífico de Dios. La resolución atribuye a Gilberto Montanaro el control de las operaciones desde la firma del convenio hasta la disposición de los fondos y los pagos a las empresas contratistas.
En junio de 2026, la Fiscalía había desestimado las actuaciones contra Claudia Montanaro, aunque esa medida era provisoria y permitía reabrir la investigación ante la aparición de nuevas pruebas. Por ese motivo, la defensa de la funcionaria, a cargo del abogado Torres, solicitó el sobreseimiento definitivo. La Fiscalía acompañó el planteo y Lemunao consideró que estaba debidamente fundamentado.
La resolución establece que, una vez firme, el sobreseimiento impedirá iniciar otra persecución penal contra Claudia Yannet Montanaro por los mismos hechos.
Comentarios