La querella sumó a dos nuevos imputados en la investigación por el homicidio de Cid en Bariloche
En el vehículo de donde partieron los balazos había cuatro ocupantes. Dos de ellos habían quedado desvinculados por la fiscalía, que los quiere como testigos. Pero la querella consiguió que la habiliten para mantenerlos sujetos a la investigación penal.
La querella sumó a dos nuevos imputados en la investigación por el homicidio de Cid en Bariloche
El crimen cometido contra Diego Cid en febrero pasado en Bariloche tiene ya dos acusados con formulación de cargos, entre ellos el presunto autor de los disparos, pero la fiscalía había desistido de incorporar a la persecución penal a dos de los ocupantes del vehículo que emplearon los atacantes. La querella que representa al hermano de la víctima, en una áspera audiencia, logró que le acepten la “conversión de la acción pública en privada” por continuar la imputación contra ambos por cuenta propia, con una imputación provisoria por encubrimiento agravado.
Los abogados Horacio Brucellaria y Pablo Calello, en representación de la familia de Cid, cuestionaron el “archivo” que dispuso la fiscal Sofía Ocampo a comienzos de agosto sobre el rol que jugaron en el hecho Marcos Barros y Alvaro Sala. Esa decisión fue ratificada por el fiscal jefe Martín Lozada, quien en la audiencia de ayer objetó con profusión de argumentos la continuidad de la investigación sobre ambos sujetos como reclamó la querella. Pero no consiguió torcer la decisión de aceptar la “conversión”, que dispuso el juez Ricardo Calcagno.
Los dos jóvenes que ahora serán investigados por la acusación particular en forma autónoma iban en el vehículo junto a Luciano y Demis Castillo la noche de la cita fatal para concretar una venta de drogas, que terminó con la muerte de Cid. El autor de los disparos, según la imputación, fue Luciano Castillo, mientras que Demis conducía el rodado. Los otros dos ocupantes, según la fiscalía, no tuvieron ninguna conducta reprochable.
El propósito que expuso Brucellaria (y fue admitido por Lozada), sería el de poner a ambos a salvo de la persecucion penal y sumar sus aportes como testigos. La audiencia se extendió más de una hora e incluyó una curiosa pulseada en la que el fiscal jefe y el defensor de los dos jóvenes, Miguel Zeballos, asumieron posturas coincidentes y enfrentadas con la querella. Ambos se opusieron de modo tajante a la conversión de la acción pública en privada para ambos sujetos, que tienen domicidio en Fernández Oro.
Incluso Ezequiel Cid, hermano de la víctima, tomó la palabra para descalificar al fiscal Lozada, dijo que parecía “subrogante” del defensor y pidió su apartamiento de la causa. El juez debió pedirle que se exprese “con respeto”, si no le cortaría el micrófono.
El eje de la polémica
Brucellaria dijo que el archivo dispuesto por la fiscalía respecto de los dos investigados fue “desprolijo”. Señaló que falta prueba por producir, entre ellas la investigación de los teléfonos, y que hubiera correspondido pedir una prórroga y no desvincularlos de la causa. “Tenemos estrategias distintas”, afirmó. Dijo que la fiscalía pretende “no imputar a estas dos personas y tenerlos como testigos, en lugar de darles el rol que les corresponde, como encubridores”.
Aseguró que según las constancias existentes “no solo estuvieron en el lugar de los hechos, dentro del automóvil de donde se efecturaron los disparos, sino que brindaron colaboración para la huida con los autores materiales, contribuyeron a ocultar el arma, el vehículo y los teléfonos. Sin su participación (el homicidio) no podía llevarse a cabo”. Calello dijo que ante el desistimiento de los fiscales la querella estaba en condiciones de “asumir la persecución” en soledad sobre Sala y Barros.
El fiscal Lozada no ahorró críticas a esa pretensión. Aceptó que en las causas penales la querella “tiene una participación autónoma” y puede desplegar una estrategia distinta, “pero no puede transformar por sí sola una discrepancia estratégica en una decisión judicial que obligue al Ministerio Público Fiscal a formular cargos contra determinadas personas”.
Dijo que sobre Barros y Sala “no existen elementos suficientes para ubicarlos como encubridores” y que la conversión de la acción en este caso sería “una vía de promoción originaria de persecución penal contra personas que el órgano constitucionalmente designado para imputar ha decidido no hacerlo”. Aseguró que esa desvinculación, decidida el mes pasado, “no es algo caprichoso o antojadizo”, y citó jurisprudencia. Confirmó que al no existir “atribución penal concreta” contra los dos sujetos “son fuentes testimoniales del hecho”.
El defensor Zeballos dijo que “el archivo fue ajustado a derecho” respecto de Barros y Sala y que si la querella quería convertir la acción debía “aportar pruebas”.
Ninguna de estas razones convenció al juez Calcagno, quien subrayó que en una etapa inicial los dos jóvenes orenses estuvieron investigados en condición de “sospechosos”, que para la querella el archivo dispuesto por la fiscalía fue “prematuro” y que correspondía habilitar la conversión de la acción pública en privada, dado que la investigación existió y “la querella tiene derecho a continuarla, si cumple los requisitos y si hay resultados pendientes”. Pero no otorgó más plazo para investigar, como pidió Brucellaria, quien deberá aportar resultados en los próximos 30 días.
El crimen cometido contra Diego Cid en febrero pasado en Bariloche tiene ya dos acusados con formulación de cargos, entre ellos el presunto autor de los disparos, pero la fiscalía había desistido de incorporar a la persecución penal a dos de los ocupantes del vehículo que emplearon los atacantes. La querella que representa al hermano de la víctima, en una áspera audiencia, logró que le acepten la “conversión de la acción pública en privada” por continuar la imputación contra ambos por cuenta propia, con una imputación provisoria por encubrimiento agravado.
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