Más condenas y más rápidas: la Legislatura de Neuquén trata la reforma procesal penal
Hay dos proyectos para modificar un artículo del Código Procesal Penal para endurecerlo. La defensa pública tiene reparos.
Los robos organizados ocurrieron durante el fin de semana largo de agosto. (Archivo/Matías Subat)
La comisión de Asuntos Constitucionales y Justicia de la Legislatura tratará en su reunión del próximo martes los proyectos de modificación del Código Procesal Penal de Neuquén que cambiarían las reglas para el juicio directo. El objetivo es conseguir más condenas y más rápido.
El tema fue incluido en la agenda de la comisión luego de reiteradas presiones públicas del gobernador Omar Gutiérrez quien, en sintonía con el candidato presidencial Sergio Massa, exigió herramientas más duras para los autores de delitos. La embestida se renovó luego de los robos organizados del fin de semana largo de agosto, durante los cuales según la policía asaltaron 11 comercios. En uno de ellos balearon por la espalda a un adolescente de 15 años, el presunto autor está con prisión domiciliaria.
Hay dos proyectos de reforma. Uno es autoría del diputado Carlos Coggiola (reelecto como estado libre asociado a Rolando Figueroa) en 2020. El otro, con un texto más severo aún, lo presentaron en septiembre del año pasado el fiscal general José Gerez y el intendente de San Martín de los Andes, Carlos Saloniti.
La teoría de Gerez, según expresó públicamente, es que si una persona recibe una condena rápida aunque sea en suspenso y por un delito menor, se cuidará de reincidir en el delito porque con una segunda condena irá preso. Nunca reveló en base a qué estudios estadísticos o criminológicos llegó a esa conclusión.
El artículo que quieren modificar
El Código Procesal Penal tiene una herramienta: el artículo 222. En caso de que haya un acuerdo entre la fiscalía y la defensa, y con el control de un juez de Garantías, se saltea toda la etapa de investigación y se va a juicio directamente. Está pensado sobre todo para casos de flagrancia, aquellos en los cuales el autor es detenido en el momento del hecho, identificado y se prueba que cometió el delito en cuestión de horas. Sin embargo, podría utilizarse para cualquier delito, incluso un homicidio o un abuso sexual.
El proyecto de Gerez-Saloniti consiste en modificar el artículo 222 para prescindir del acuerdo de la defensa. Dice el fiscal general que los defensores «se oponen sistemáticamente» al juicio directo.
La secretaria penal del Ministerio Público de la Defensa, María Luisa Andrada, afirma que «si el imputado quiere ir a un juicio común, tiene todo el derecho. Si no quiere juicio directo, no quiere. Nosotros somos responsables de resguardar sus garantías».
Hasta ahora las y los diputados no habían reaccionado a las presiones del gobernador para tratar esta nueva reforma procesal. Con la excepción de Soledad Salaburu quien propuso pedirle información a la fiscalía, básica y elemental antes de decidir sobre este tema: el número de casos que ingresan por año a la Unidad de Delitos Flagrantes, con un detalle del tipo de delito; el porcentaje que finaliza por medidas alternativas (como criterio de oportunidad o suspensión de juicio a prueba); la cantidad que se archiva y la que finaliza en sentencia condenatoria.
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