Meopp ART advirtió sobre fraudes en peritajes médicos que amenazan al sistema de riesgos del trabajo en Neuquén

Gonzalo De la Sierra, gerente general de Meopp ART, alertó sobre los efectos de la litigiosidad creciente y los conflictos de interés en el circuito judicial. La Superintendencia de Riesgos del Trabajo y las ART investigan posibles irregularidades en el diagnóstico de incapacidades.

“El negocio de unos pocos está destruyendo el sistema de riesgos del trabajo”, advirtió Gonzalo De la Sierra, gerente general de Meopp ART Mutual, al alertar que en 2025 se superarán los 132.000 juicios por accidentes laborales. La advertencia apunta al creciente rol de los peritos médicos judiciales en un circuito que, según denunció, ha dejado de proteger a los trabajadores para transformarse en una oportunidad de renta sostenida por incentivos distorsivos.

Entre los principales puntos que planteó De La Sierra se encuentran:

  • El sistema de riesgos del trabajo atraviesa una crisis estructural, impulsada por fallas en los mecanismos de control y conflictos de interés en el circuito judicial.
  • Según Meopp ART, la designación de peritos médicos sin concurso ni control de idoneidad favorece un esquema de fraudes crecientes.
  • Las ART y la Superintendencia de Riesgos del Trabajo ya investigan casos con incapacidades del 92% en personas que continúan trabajando normalmente, e incluso sumatorias superiores al 100%.
  • La solución, afirman desde la entidad, no es una nueva ley sino aplicar la normativa vigente con transparencia en los cuerpos médicos forenses.

Uno de los principales focos del problema es la forma en que se designan y remuneran los peritos médicos, cuya intervención se ha vuelto central en el aumento de litigiosidad, afirmaron. Lejos de lo establecido por la Ley 27.348, que exige cuerpos forenses seleccionados por concurso y con honorarios fijos, actualmente cualquier profesional puede inscribirse sin control, y sus ingresos dependen del porcentaje de incapacidad que ellos mismos determinan.

Esta situación, explican desde Meopp ART, genera un conflicto de interés que se traduce en indemnizaciones “desproporcionadas e irreales”, dictámenes sin rigor técnico y un aumento inédito de juicios. Hay reclamos con incapacidades del 92% en trabajadores activos, e incluso sumatorias que superan el 100%, según los casos que ya están siendo investigados por las ART y la SRT.

El impacto de esta distorsión es amplio: encarece los costos laborales, desalienta inversiones y debilita la capacidad de respuesta del sistema ante casos genuinos. “Las empresas, especialmente las pymes, enfrentan una creciente incertidumbre jurídica y económica”, advirtió De la Sierra, al señalar que los recursos se desvían de la prevención hacia el litigio.

Las críticas de Meopp ART a la regulación actual

Desde la aseguradora insisten en que no hace falta una nueva ley para resolver el problema, sino aplicar la legislación ya existente. La Ley 27.348 prevé que los peritos médicos judiciales integren cuerpos forenses seleccionados por concurso, con honorarios fijos y criterios técnicos objetivos.

Sin embargo, esto no se cumple en la práctica. “El conflicto de interés es evidente”, remarcaron desde la entidad, al denunciar que los honorarios varían en función del porcentaje de incapacidad que dictamina el propio perito, lo que incentiva evaluaciones exageradas y fallos parciales.

Qué consecuencias genera la litigiosidad descontrolada

Según Meopp ART, el sistema judicial actual termina perjudicando tanto a las empresas como a los trabajadores. La creciente judicialización absorbe recursos que deberían destinarse a salud, prevención y mejora de condiciones laborales.

Las ART, explicaron, deben destinar cada vez más fondos a cubrir litigios en lugar de fortalecer sus programas. Y los trabajadores sufren un sistema menos eficiente y con menor capacidad de respuesta frente a casos reales, en un contexto de creciente inseguridad jurídica en las provincias.


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