Multa a una concesionaria de Cipolletti por demorar 239 días en entregar un auto 0 km

Además, la empresa deberá recompensar economicamente al comprador. El hombre abonó durante casi cinco años las cuotas mensuales.

Durante cinco años, un hombre de Cipolletti abonó las cuotas mensuales correspondientes a un plan de ahorro para poder ser adjudicado de un vehículo 0 km. Sin embargo, los plazos de entrega se vencieron y un fallo en el fuero civil determinó una multa para la empresa y la concesionaria, así como también, una multa a favor del comprador.

Como solución se ordenó una compensación económica para el cliente por daño moral y daño punitivo. También prosperó la penalidad contractual, que estaba prevista en las bases y condiciones del plan de ahorro.

Allí estaban expresos los plazos máximos de entrega de las unidades que, particularmente en este caso, se excedieron sin brindar explicaciones. La sentencia es de primera instancia y no está firme porque puede ser apelada.

El conflicto por la entrega de un Polo Trendline comenzó cuando el consumidor aceptó la adjudicación. Pese a haber cumplido con todos los requisitos y pagos en tiempo y forma, enfrentó múltiples obstáculos y falta de información por parte de las compañías demandadas: Iruña S.A y Volkswagen S.A de ahorro para fines determinados.

El fallo judicial destacó la «importancia del cumplimiento de los plazos de entrega estipulados en los contratos de adhesión y resaltó la responsabilidad de las empresas de brindar un trato digno y justo a los consumidores. La demora y la falta de comunicación efectiva fueron consideradas faltas graves, que justificaron la imposición de una compensación económica a favor del afectado».

La compensación incluye un monto destinado a penalidades contractuales, que reconoció el perjuicio económico directo sufrido por el consumidor debido al retraso en la entrega del vehículo.

Además, se admitió el daño moral, que representa el impacto emocional y las afecciones personales derivadas de la situación. También se aplicó el daño punitivo, con el objetivo de sancionar la conducta de las empresas y prevenir futuras infracciones a los derechos de los consumidores.


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