No sólo arde el TSJ de Neuquén: una sospecha de espionaje también quema en la Justicia Federal
La historia empezó con un sumario y se transformó en denuncia, porque un secretario accedió a los registros de viajes de un juez. Las excusaciones se repiten y la Corte lleva dos años sin resolver.
No sólo el Tribunal Superior de Justicia de la provincia de Neuquén vive días complejos por la denuncia -finalmente archivada- de una vocal contra uno de sus pares. En la Justicia Federal de la región también hay causas que queman, por graves sospechas y acusaciones entre magistrados y funcionarios.
Uno de esos casos involucra a un excamarista y a un secretario interino de primera instancia. Todo empezó hace cuatro años como un sumario administrativo, pero con el paso del tiempo el proceso adquirió volumen, hasta convertirse en una denuncia para que se determine si existió el delito de violación de la Ley de Inteligencia.
Lisa y llanamente, el exjuez sospecha que ese funcionario “espió” sus movimientos fuera del país y pretende que se avance con una investigación formal dentro del fuero penal.
Sin embargo, el expediente está trabado, porque no se resuelve si se trata de un delito de acción pública o de instancia privada. Y los que deben zanjar la controversia se acaban de excusar esta semana, argumentando que el trato y conocimiento que tienen con los protagonistas del caso impide que intervengan.
El punto de partida de la historia hay que ubicarlo en los tribunales federales de Neuquén. Concretamente en el Juzgado Federal 1. Dentro de esas oficinas, el 2 de octubre del 2018, alguien con las claves necesarias para ingresar a la base de datos de la Dirección Nacional de Migraciones puso el DNI del entonces camarista Ricardo Barreiro, quien para esa fecha precisamente había hecho un viaje al exterior.
No pasó mucho hasta que el juez fue alertado sobre ese episodio y, poco después, la jueza Carolina Pandolfi abrió un sumario. La clave tenía un usuario asignado: el entonces secretario interino del juzgado, Manuel Castañón López, que antes de su trabajo en Neuquén había prestado servicios en la propia Cámara Federal de Roca.
El funcionario admitió su responsabilidad ante su superior, pero buscó justificarse, asegurando que todo fue producto de una especie de juego y que el ingreso al registro oficial fue muy breve.
Después de una serie de pericias, en las que intervino hasta Gendarmería, la decisión de la jueza Pandolfi fue aplicar una multa para el secretario. Esa medida quedó firme, pero el paso al Archivo -y al olvido- que muchos esperaban no ocurrió. El expediente llegó a la Cámara y Barreiro -que a esa altura ya había renunciado para jubilarse- pidió la intervención de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, por la vía de avocación.
Eso fue a principios del 2020 y según pudo saber RÍO NEGRO esta semana, el máximo tribunal todavía no resolvió el destino de ese proceso.
El camino en el fuero penal
Lo que hizo crecer el caso fue otra acción del excamarista federal. Como la jueza Pandolfi y los integrantes de la Cámara Federal de Roca no avanzaron con una denuncia, Barreiro puso los hechos en conocimiento de la Fiscalía Federal de Neuquén, para que se investigue la posible comisión de un delito por parte del secretario.
El excamarista recordó que la ley 25.520 de Inteligencia Nacional prohíbe expresamente realizar labores de inteligencia interna y sostuvo que “podría ser que lo obrado por el Secretario de Juzgado Castañón López no sea delito, pero a esa conclusión no puede llegarse sin la previa intervención y dictamen del MPF, por ser éste el titular exclusivo de la acción penal pública”.
El expediente, que ya era incómodo para la estructura judicial, se transformó en ese momento en un verdadero hierro caliente, que varias manos ya decidieron esquivar.
En principio, el otro juez federal de Neuquén, Gustavo Villanueva, se excusó y las actuaciones viajaron hasta Zapala, para que resuelva la jueza Silvina Domínguez.
Esa magistrada decidió la apertura de la investigación, con intervención del Ministerio Público Fiscal, por lo cual se ordenaron medidas de prueba, que llevaron la causa hasta un juzgado federal de Buenos Aires, donde tramita la conocida “megacausa” de espionaje contra funcionarios, jueces, periodistas y dirigentes políticos y sociales. Sin embargo, el juez a cargo de ese expediente se declaró incompetente para investigar lo concerniente a Castañón López, porque el presunto hecho delictivo se había llevado a cabo en Neuquén.
Antes de aceptar o rechazar esa decisión de su colega, la jueza Domínguez corrió vista y allí se produjo un punto de inflexión, porque la titular de la Fiscalía Federal 2 de Neuquén, Cristina Beute, opinó que el proceso debía reconducirse, porque se trata de un delito de instancia privada, por lo tanto no correspondía el impulso del Ministerio Público.
El excamarista se constituyó como querellante, pero no compartió el criterio de Beute y así lo dejó asentado en un recurso que presentó para que se revise esa medida. En consecuencia, el caso volvió a la Cámara de Roca.
Pero ahí aparecieron más diques. Con sendos escritos, el 10 y el 23 de mayo pasados, los camaristas Richar Gallego y Mariano Lozano se excusaron de intervenir. Este último recordó que Castañón López “por algunos años se desempeñó como relator en mi vocalía, además de que lo recomendé con énfasis cuando la doctora Pandolfi -titular del Juzgado Federal N°1 de Neuquén- me consultó sobre sus aptitudes para desempeñarse como secretario en ese Tribunal, lo que finalmente aconteció”. Y sobre Barreiro, sostuvo que “basta decir que con él compartí la magistratura integrando la única sala que conforma esta cámara por aproximadamente una década”.
Fuentes judiciales indicaron que la próxima estación del legajo seguramente será el Tribunal Oral Federal de Roca, para saber si alguno de sus integrantes puede resolver la controversia y definir quién debe investigar la conducta del secretario.
Mientras tanto, otros funcionarios consultados dijeron que Castañón López espera la resolución, porque de este caso depende mucho la chance de ser secretario definitivo del Juzgado Federal 1 de Neuquén.
Dos accesos con tres horas de diferencia, el interrogante central
Hay un dato clave dentro de las actuaciones iniciales, que llevó al excamarista Barreiro a pedir la intervención del Ministerio Público Fiscal, considerando que la búsqueda de información sobre sus salidas del país no se trató de un simple juego por parte de Castañón López.
Ese detalle está centrado en la cantidad de veces que el secretario judicial ingresó a los registros de la Dirección Nacional de Migraciones, durante la mañana del 2 de octubre del 2018.
Parálisis judicial
La documentación a la que accedió RÍO NEGRO indica que las consultas realizadas fueron dos, con una diferencia horaria de tres horas entre sí.
Ese segundo acceso a la base de datos de Migraciones fue detectado durante el tiempo en el que este caso regional estuvo dentro de la órbita de un juzgado de la Ciudad de Buenos Aires.
Y según expresa el excamarista en uno de los escritos presentados, esa diferencia horaria entre la primera y la segunda consulta “desvirtúan por completo las razones “lúdicas”, “ímpulsivas” o “espontáneas” que adujo en su descargo, todo lo que abre un gran interrogante acerca de los motivos de esas ilícitas constataciones, dudas que justamente deben ser aclaradas y que impiden descartar, sin investigar, la realización de actividades reñidas con la Ley 25.520”.
Comentarios