Procesamiento y embargo para los integrantes de la familia de una importante firma frutícola

El Juez Federal Hugo Greca dejó sin efecto la orden de captura pero ordenó el pago de una caución por más de 1 millón de pesos a cada uno de ellos.





Luego de la orden de captura emanada la semana pasada por parte de la Justicia Federal, los integrantes de la sociedad que conforman la empresa frutícola San Fomerio se notificaron del proceso que había impulsado la AFIP por «apropiación indebida de recursos de la Seguridad Social». Finalmente fueron procesados y se les trabó embargo por 1 millón de pesos a cada una de las cinco personas involucradas.

La medida recayó sobre Manuel Muñoz, Hugo Muñoz, Fernando Muñoz, Elvira Muñoz y Eladio Muñoz, quienes forman parte de la reconocida empresa vinculada a la actividad frutícola San Formerio y quienes se presentaron en el juzgado federal de calle San Martín y España, apenas se difundió la orden emanada por el juzgado la semana pasada.

Es así que tras notificarse del proceso iniciado por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) volvieron a su actividad normal.

Después de una semana, se conoció que el Juez Federal Hugo Greca los procesó por «la retención indebida de los Aportes SIPA (Sistema Integrado Previsional Argentino) y aquellos que corresponden a los de la obra social«, según lo requerido por el organismo nacional y que se encuentra tipificado en el artículo 7° del Régimen Penal Tributario previsto en la Ley 27.430 (art. 45 del Código Penal y arts. 306, 308 y cctes. del Código Procesal Penal de la Nación).

Cabe recordar que la orden de captura había surgido desde el tribunal, ante la imposibilidad de notificar a los involucrados del inicio del proceso. Desde marzo de este año se intentó contactar a los propietarios de la firma quienes nunca se pusieron a disposición de la Justicia, según reconocieron las fuentes judiciales consultadas por este diario.

«A raíz de dicho comportamiento ajustado a derecho, se dejó sin efecto la rebeldía y orden de captura decretada, puesto que aportaron domicilio de residencia y teléfono de contacto», indicó la resolución del juez.

Embargo

Además del procesamiento, el magistrado trabó embargo sobre sus bienes y/o dinero hasta cubrir la suma de 1.000.000 de pesos, respectivamente, mediante un oficio que ya tuvo su diligencia conforme el artículo 518 del CPPN.

Greca también dispuso la «prohibición de salida del país sin previa autorización de estos estrados, su comparendo mensual ante la División Unidad Operativa Federal de esta ciudad». Y además deberán comunicar al Tribunal cualquier cambio de domicilio como así también «si se ausentaren del mismo por más de 48 horas, y comparecer ante cada convocatoria judicial».


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