Qué pasó con la red narco de Regina: cuatro imputados, sellos de cárteles y movimientos millonarios
El juez federal de Roca formalizó la investigación contra cuatro personas de Regina por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización. Un imputado quedó con prisión preventiva. Todo surgió tras siete allanamientos con participación de la policía de Río Negro.
La Justicia Federal de Roca formalizó la investigación preparatoria contra cuatro acusados tras una serie de siete allanamientos en Regina imputados por el delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización (Art. 5 inc. «c» de la Ley 23.737), en el marco de una megacausa por narcotráfico que develó grandes movimientos de dinero y presuntos vínculos entre criminales.
El juez federal Hugo Greca, en una audiencia de formalización solicitada por el Ministerio Público Fiscal, dictó la prisión preventiva por 120 días para uno de los principales imputados, de 22 años, al considerar la reiterancia delictiva y el alto riesgo de fuga. Los otros tres imputados, un hombre de 34 y dos mujeres de 21 y 27 años, quedaron sujetos a medidas cautelares menos gravosas, incluyendo la prohibición de salir del país y el control quincenal.
Dos hechos centrales y allanamientos simultáneos: «Una fotografía instantánea del momento»
La Fiscalía, representada por Sebastián Gallardo y Francisco Iglesia Frezzini, presentó la imputación detallada de dos hechos concretos, surgidos a partir de allanamientos simultáneos realizados el 1 de noviembre de 2025 en Villa Regina, luego de una investigación iniciada en mayo de este año.
El primer hecho se imputa a uno de los hombres y su pareja. Se les atribuye la tenencia, con fines de comercialización, de 314 gramos de cocaína compacta hallados en su domicilio. La sustancia fue encontrada debajo de la cama de la pareja, junto a un plato con vestigios de cocaína.
Además, se incautó una balanza digital, tres celulares, y $938.200 pesos en efectivo. En otro domicilio vinculado al acusado, se encontraron elementos de corte y prensado de drogas, como rollos de papel film, bandas elásticas y una máquina de compresión hidráulica.
Llamativamente, en la vivienda principal se halló una bolsa que contenía seis envoltorios vacíos de nylon, uno de ellos con vestigios de cocaína y la inscripción de dos presuntos cárteles: «Delfín» y «Rey del Sur».
El segundo hecho recae sobre otro hombre y su pareja. En su departamento, el personal de Toxicomanía incautó 9,74 gramos de cocaína y 2,2 gramos de marihuana, además de dos celulares y $18.600 en efectivo. La Fiscalía sostiene que el hombre operaba en la modalidad de «delivery» de estupefacientes, a menudo acompañado por la mujer.
«Este allanamiento es una fotografía instantánea del momento en que se realiza la la diligencia. Es llamativo que encontramos envoltorios de seis paquetes de cocaína que también se les realizó el test respectivo y dio positivo», dijo el fiscal Gallardo y aclaró que se presume que el tamaño eran compatibles a ladrillos de 1 kg que «estuvieron a su disposición».
La prueba clave: cuentas y millones
El corazón de la acusación fiscal reside en la prueba recolectada durante meses de seguimientos e intervenciones financieras. El auxiliar fiscal Iglesia detalló que la investigación inició con una denuncia que vinculaba a uno de los imputados con una permuta de un auto por 20 gramos de cocaína.
Sin embargo, el elemento que elevó la gravedad de la causa fue el análisis del secreto fiscal y bancario de los imputados, especialmente de Bascuñán. La policía detectó que el hombre que terminó con preventiva, quien no registra empleo formal, poseía cerca de 100 millones de pesos de movimientos en su cuenta de Mercado Pago.
Además, se registró un flujo constante de dinero: el otro acusado le remitió al principal imputado casi 9 millones de pesos en 105 transferencias en un lapso de dos meses y medio, lo que sostiene la hipótesis de que el joven de 22 años era el proveedor a mediana escala.
La fiscalía también mencionó que las IP de las transacciones del presunto distribuidor registraban «viajes fugaces» entre Regina, San Martín de los Andes y la provincia de Buenos Aires, presumiendo que eran utilizados para buscar la sustancia y luego distribuirla en el Alto Valle.
La defensa y la declaración de uno de los imputados
El defensor de los imputados solicitó el rechazo de la formalización por entender que no había indicios suficientes del dolo de tráfico, especialmente en el caso del hombre de 34 años, dada la escasa cantidad de droga incautada.
El imputado hizo uso de su derecho a declarar, explicando que sus ingresos provienen de la compra y venta de vehículos, motos y otros artículos a través de Facebook e Instagram, actividades que realiza desde hace años.
Justificó las transferencias al joven imputado aludiendo a negocios de venta de motos y autos entre ellos. Respecto al hallazgo de drogas, el hombre de 34 años reconoció ser consumidor de marihuana (posee carnet Reprocan) y cocaína, explicando que la cocaína secuestrada era para «consumo« personal debido a una depresión tras un accidente y la pérdida de un familiar cercano. Negó rotundamente haber vendido cocaína a cambio del auto denunciado inicialmente.
El juez resolvió: prisión preventiva por reiterancia
Tras escuchar a las partes, el juez Greca rechazó las peticiones de la defensa para desestimar la formalización, indicando que la Fiscalía había aportado prueba indiciaria suficiente para iniciar la investigación (transferencias, movimientos de dinero, elementos de corte).
Al momento de dictar las medidas cautelares, el juez se centró en el sospechado por la distribución de estupefacientes. A pesar de que la defensa argumentó el arraigo del joven, padre de un recién nacido, el juez consideró que el imputado incumplió las reglas impuestas tras una condena anterior por tenencia simple (3 años de prisión en suspenso), asumida hace menos de dos meses.
El magistrado citó la nueva legislación de reiterancia delictiva y determinó que, al ser imputado ahora por un delito con pena de cumplimiento efectivo (tenencia con fines de comercialización, cuya pena inicia en 4 años) y demostrar no someterse a las reglas del Estado, el riesgo procesal era inminente. Por ello, hizo lugar a la prisión preventiva por 120 días, con vencimiento el 4 de marzo de 2026.
Respecto al resto de los acusados, se dispusieron medidas cautelares de presentación quincenal en comisaría, contacto celular y prohibición de salida del país, a las que sus defensas no se opusieron. El juez fijó el plazo de investigación en 120 días, con fecha de vencimiento el 27 de abril de 2026.
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