Red narco entre el Alto Valle y Bariloche | Hay tres nuevos imputados: detectaron movimientos por más de $400 millones

En una extensa jornada desarrollada este jueves en los tribunales federales de Roca, el juez de garantías Hugo Greca formalizó la investigación y dictó la prisión preventiva para dos de los principales sospechosos de liderar una sofisticada red de narcotráfico que operaba entre el Alto Valle y Bariloche. Se trata de Martín Alejandro Castillo y Emiliano Rodrigo Jara, quienes permanecerán detenidos por un plazo de 147 días, mientras que un tercer implicado, Luis Ariel Morales, recuperó la libertad tras el pago de una caución real de 6 millones de pesos.

La investigación, que se extiende desde hace más de un año y ha sido declarada como «causa compleja», busca desarticular una organización de «mediana a gran escala» dedicada al transporte, distribución y comercialización de cocaína y marihuana. Según la fiscalía, la banda utilizaba una estructura aceitada que incluía el uso de vehículos particulares y «mulas» en colectivos de larga distancia para asegurar el flujo constante de sustancias hacia la cordillera.

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Millonarias transferencias y una flota de vehículos

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Uno de los puntos más impactantes presentados por el Ministerio Público Fiscal, representado por Sebastián Gallardo, Francisco Iglesia y Greta Dómina, fue el volumen de dinero que manejaba la organización. A través de un minucioso levantamiento del secreto bancario y bursátil, se detectó que los imputados movieron sumas de dinero que no coinciden con sus actividades lícitas declaradas.

En el caso de Castillo, quien se identificó como vendedor de ropa y celulares, los informes de Mercado Pago y en un banco revelaron ingresos y egresos por casi 400 millones de pesos en un período de apenas 13 meses. Por su parte, Jara, que manifestó ser peluquero, registró movimientos por más de 166 millones de pesos en el mismo lapso.

La ostentación de la banda también quedó reflejada en la cantidad de vehículos detectados durante las tareas de campo. Según los informes policiales, en 13 meses se observó a Castillo utilizando ocho vehículos diferentes, entre ellos unidades de alta gama como Hyundai Veloster y Volkswagen Vento GLI. Jara fue visto con cinco rodados distintos y Morales con otros siete, incluyendo una camioneta Amarok V6 y motos tipo Trail. Al respecto, la fiscalía fue tajante: «Los bienes que poseen no se corresponden con ninguna actividad legal registrada».

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El rol del «agente revelador digital» y las ferias por WhatsApp

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La red operaba fundamentalmente a través de plataformas virtuales. La Justicia Federal autorizó el uso de un “agente revelador digital”, lo que permitió a las fuerzas de seguridad infiltrarse en tres grupos de WhatsApp denominados “Bariloche al ritmo”, “La Feria Marciana” y “Feria BRC”. Estos espacios contaban con una audiencia de entre 500 y 1.100 integrantes cada uno.

En estos chats, los líderes ejercían un rol activo en el ofrecimiento sistemático de estupefacientes, imponían reglas de convivencia y administraban el ingreso de nuevos usuarios. Según la acusación, Castillo y Jara no solo organizaban el traslado de la droga, sino que también utilizaban estos medios para amenazar y coaccionar a deudores.

Uno de los hechos más graves ventilados en la audiencia involucra a Jara en una serie de amenazas contra un menor de edad en Bariloche, a quien le reclamaba una deuda por estupefacientes. «Enfierrate porque donde te vea te pongo, ya sé dónde vivís», rezaba uno de los mensajes de texto captados por la fiscalía. El fiscal Iglesia destacó que este accionar infundió un “temor real y directo” en la víctima, superando la mera manifestación verbal.

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Argumentos de la defensa

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A pesar de las objeciones de los defensores Oscar Pineda y Pablo Iribarren, representantes de Castillo y Gabriel Pérez, particular de Jara y Morales, quienes cuestionaron la falta de pruebas directas sobre la autoría de los mensajes y la inexistencia de denuncias por amenazas, el juez Greca ratificó la gravedad de los cargos.

La defensa de Castillo argumentó que su cliente tiene arraigo en Allen y un emprendimiento legítimo de venta de ropa. «Es una persona que nació en Allen. Vivió toda su vida en Allen. Arraigo es el primer supuesto dentro de lo que el juez debe tomar en cuenta para saber que existe en ese sentido algún riesgo de fuga, está totalmente descartado«, explicitó Iribarren.

«Nos vamos a oponer a la complejidad. Tuvieron todo el tiempo suficiente como para poder eventualmente buscar la evidencia y formalizar caso», sostuvo Pineda

Mientras que la defensa de Jara subrayó que el joven se presentó voluntariamente a la justicia. «Con todo el respeto que le tengo a los fiscales, creo que meten a todos los imputados en la misma bolsa», dijo.

El letrado cuestionó que la fiscalía intentara aplicar la misma situación jurídica y cargos a todos los implicados por igual, argumentando que en el caso de su defendido, Rodrigo Jara, no se había secuestrado droga ni teléfonos que lo vincularan directamente con la organización.

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La decisión del juez Greca

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Finalmente, el juez federal Greca resolvió la prisión preventiva para Castillo y Jara por un plazo de 147 días. Ambos están imputados por los delitos de distribución y venta de estupefacientes, agravado por la intervención de tres o más personas, mientras que a Castillo se le sumó el cargo de tenencia con fines de comercialización.

En contraste, Morales obtuvo la libertad bajo una caución real de 6 millones de pesos, sujeta a pautas de conducta que incluyen presentaciones semanales en la comisaría y la prohibición de salir del país.

Respecto al delito de amenazas que incluía la imputación de la fiscalía, decidió no dar por formulados los cargos por amenazas contra Rodrigo Jara por el momento, dejándolos en «stand by» debido a que faltaba una denuncia formal de la víctima o la intervención del asesor de menores para acreditar legalmente el amedrentamiento

Cabe recordar que, previamente el juez Gustavo Zapata había dictado la prisión preventiva por 150 días para Julián Alberto Pérez y Nicolás Alejandro Correa. Estos sujetos fueron capturados en Bariloche con 1,67 kilogramos de cocaína, armas y dinero en efectivo, y se los vinculó con el transporte y la recepción de la droga proveniente del Alto Valle.

Tras esta audiencia, se produjo otra instancia de revisión de las medidas cautelares de los primeros encartados. En este sentido, Pérez recuperó la libertad aunque seguirá ligado a la compleja investigación federal.

Con estas resoluciones, tres de los cinco sospechosos permanecen detenidos en el marco de un legajo que busca desarticular la logística de la banda entre Allen y la ciudad andina.

Siguiendo la teoría fiscal, la magnitud de la organización involucra a unas 26 personas y el manejo de fondos superiores a los 400 millones de pesos en billeteras virtuales. Fue por eso que, la Justicia declaró el caso como «causa compleja». Esto permitió unificar el plazo de la investigación penal preparatoria hasta el 30 de mayo de 2027. Durante este tiempo, la fiscalía avanzará con pericias técnicas sobre más de 20 dispositivos electrónicos y el análisis de la trazabilidad bancaria para profundizar en posibles delitos de lavado de activos

En su fallo, Greca calificó a la narcocriminalidad como un “delito aberrante” que corrompe las estructuras del Estado. «Estamos frente a una banda narcocriminal que tiene un gran manejo de dinero y movilidad dentro de la provincia», sostuvo el juez al justificar la medida más gravosa.

Por último, el juez ordenó el bloqueo de las cuentas de Mercado Pago de los imputados y dispuso la apertura de los más de 20 teléfonos celulares, notebooks y tablets secuestrados en los allanamientos realizados en Allen y Bariloche.