Un desarrollador inmobiliario de Bariloche enfrenta una nueva causa por maniobras fraudulentas con un loteo
Según la fiscalía, el empresario efectuó operaciones de compraventa en el loteo Laderas del Carbón que perjudicaron a los propietarios originales. El acusado se defendió y dijo que no había incurrido en violaciones del contrato.
El desarrollador inmobiliario Gabriel Di Tullio enfrenta una nueva causa judicial en Bariloche. Archivo
El empresario inmobiliario de Bariloche Gabriel Di Tullio quedó imputado en un nuevo hecho de defraudación por la venta irregular de tierras en el proyecto denominado Laderas del Carbón, aunque durante la audiencia de formulación de cargos tomó la palabra para alegar que no incurrió en violación alguna de lo convenido con los propietarios originales de la parcela.
El proyecto urbanístico nació con el propósito de desarrollar un nuevo loteo al pie del cerro que flanquea el ejido de Bariloche por el sur, sobre una fracción indivisa de 108 hectáreas, en un negocio valuado en 3 millones de dólares.
Di Tullio ya fue condenado en abril pasado a tres años de prisión en suspenso por administración fraudulenta, en un juicio en el que se evaluó su responsabilidad penal en la venta de once lotes correspondientes a la urbanización Solares. Su abogado defensor Sebastián Arrondo, recurrió en el intento de revertir la sentencia, que ya fue ratificada por el Tribunal de Impugnación y por el Superior Tribunal de Justicia.
En la audiencia de este miércoles, el fiscal Guillermo Lista efectuó un largo recuento de los hechos que fundan la acusación y refirió que Di Tullio cometió “defraudación por desbaratamiento de derechos” al vender parte del fraccionamiento sin estar habilitado, ya que no había pagado todavía los compromisos asumidos con los propietarios originales, hoy denunciantes.
Dijo que había firmado con ellos un contrato de fideicomiso y garantía “mediante escritura pública” el 19 de octubre de 2022, por el cual se constituyó en “fiduciante inversor”, con el fin de desarrollar el proyecto urbanístico y tramitar los necesarios permisos administrativos.
El precio de venta fue establecido entre las partes en 3 millones de dólares, a pagar en varias cuotas. Di Tullio quedó comprometido a desembolsar un primer pago de 480 mil dólares dos años después, en octubre de 2024. Pero antes de esa fecha, según el fiscal, efectuó varias operaciones de cesión a terceros a a pesar de que por contrato tenía expresamente vedado “prevender ningún lote ni unidad funcional hasta el primer pago”.
La acusación expuesta en la audiencia detalla que el imputado “comenzó a comercializar y a generar derechos a terceros” en presunta violación de lo convenido. El fiscal describió varias operaciones, por ejemplo una en la que Di Tullio firmó con un interesado un boleto de compraventa por el 20% de la fracción, por 1.138.000 dólares, “que no fueron aplicados al pago de la primera cuota” ni a inversiones en infraestructura. A otro inversor le vendió el 50% “indiviso” del inmueble por 1 millón de dólares y de esa forma “lo sacó del patrimonio de la fiduciaria”, según lo referido por Lista.
La querella y la defensa no se opusieron a la formulación de cargos
El fiscal encuadró los hechos bajo el tipo penal de defraudación y pidió un plazo de investigación de cuatro meses. Dijo que Di Tullio, pese a conocer que el inmueble se encontraba sujeto a las condiciones y restricciones establecidas por contrato, “realizó sucesivamente actos de disposición, ventas, transferencias y gravámenes sobre el inmueble y sobre la sociedad de la que era titular, generando derechos a terceros” en perjuicio de los vendedores originales.
El querellante que representa a los damnificados, Tomás Soto, manifestó su coincidencia con el ministerio público. El defensor Arrondo tampoco se opuso, aunque disintió con las responsabilidades atribuidas a Di Tullio y aseguró que hay constancias de que efectuó pagos menores, antes de la llamada “primera cuota”, que no fueron citadas entre las evidencias.
El propio imputado ejerció el derecho a declarar y aseguró que su intervención estuvo ajustada a derecho. “No hice ningún movimiento que estuviera prohibido en el contrato”, aseguró. Según Di Tullio hay un boleto de compraventa que lo habilitaba para gestionar y prevender, “al que nadie hizo mención”.
Dijo que el proyecto Laderas del Carbón, tal como fue planificado, es “complejo desde el punto de vista urbanístico” por la zona de emplazamiento, refirió que en su momento lo presentó al municipio en el marco de la emergencia habitacional y que había cumplido con los requisitos ambientales, pero cuando surgió la denuncia todo el proceso se paralizó.
El juez de garantías Víctor Gangarrosa validó la formulación de cargos y el tiempo de investigación solicitada. El defensor dijo que tenía elementos para oponerse pero eligió la opción de aceptar lo solicitado por el fiscal con la idea de utilizar el plazo de investigación preliminar para reunir prueba de descargo y llegado el caso pedir una reformulación anticipada.
Di Tullio fue condenado meses atrás por otra operación de venta de lotes que data de 2021, en el que dispuso de terrenos que pertenecían al inversor Fernando Boudourian, a quien -según la sentencia- causó un importante perjuicio patrimonial por acciones de compraventa a sus espaldas.
El empresario inmobiliario de Bariloche Gabriel Di Tullio quedó imputado en un nuevo hecho de defraudación por la venta irregular de tierras en el proyecto denominado Laderas del Carbón, aunque durante la audiencia de formulación de cargos tomó la palabra para alegar que no incurrió en violación alguna de lo convenido con los propietarios originales de la parcela.
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