Un policía fue imputado por intentar besar por la fuerza a otra agente en una comisaría de Roca
Un oficial de policía fue imputado en Roca por abuso sexual simple en grado de tentativa y coacción, tras intentar besar a una subalterna en la comisaría donde compartían tareas. El hecho denunciado ocurrió el año pasado.
El oficial de Roca quedó imputado por abuso sexual en tentativa y coacción a una subalterna. Foto: archivo.
Un oficial principal de la Policía de Río Negro fue formalmente imputado por el juez de Garantías Julio Martínez Vivot por los delitos de abuso sexual simple en grado de tentativa y coacción, en perjuicio de una agente. El hecho ocurrió el año pasado, cuando ambos compartían espacio de trabajo dentro de la comisaría 21.
El magistrado se tomó dos días para poder analizar la situación y formular los cargos. Martínez Vivot consideró acreditada la acusación del intento que tuvo el imputado de besar a la empleada policial en contra de su voluntad, valiéndose de su rol jerárquico y dentro del ámbito de funciones en la institución. Además, dictó medidas cautelares que prohíben al acusado acercarse a la víctima y mantener cualquier tipo de contacto hasta diciembre.
El hecho y la acusación
De acuerdo con lo planteado por la Fiscalía-con adhesión de la querella- en la audiencia, el episodio ocurrió en septiembre del año pasado. El uniformado, en ese momento tercer jefe de la comisaría, intentó besar a una subalterna mientras ambos estaban en horario laboral.
Si bien la víctima se resistió el avance y logró evitar el contacto, el hecho siguió avanzando y quedó registrado en mensajes que el propio acusado le envió luego a la agente, reconociendo la situación.
En esos mensajes, el imputado hacía referencia explícita a “arreglar una autorización con un beso”, lo que, según el juez, demuestra que utilizó su posición de poder para presionar a la subordinada.
La fiscalía y la querella sostuvieron que la conducta constituye abuso sexual simple en grado de tentativa, agravado por el vínculo jerárquico y la condición de funcionario policial.
La calificación legal y la agravante por función policial
El juez Martínez Vivot coincidió con los planteos de la fiscalía y recordó que tanto la jurisprudencia como la doctrina consideran que dar o intentar dar un beso en contra de la voluntad de otra persona constituye abuso sexual. Señaló que en este caso se describe que hubo un intento de contacto físico y que fue la resistencia de la víctima lo que impidió la consumación.
Además, consideró pertinente imputar con el agravante previsto en el Código Penal por tratarse de un empleado policial en ejercicio de sus funciones. Según destacó, tanto la víctima como el acusado estaban en servicio, y la relación jerárquica sumó un desbalance de poder que facilitó la situación.
La imputación por coacción
Más allá del intento de abuso, el juez también dio por acreditada la acusación por el delito de coacción. La formalización se basó en el hecho de que, en su rol de jefe de operaciones de la comisaría, el oficial tenía injerencia en la autorización de licencias y en la disponibilidad del personal. Según testimonios de la propia fuerza, esa influencia le permitía condicionar o presionar a los subordinados.
La fiscalía relató cómo se otorgaban permisos en base a consultas al hombre, aunque él no firmara la autorización final. En este marco, el juez sostuvo que existió una utilización de la posición de poder para influir en la víctima, lo que configura coacción.
Las medidas cautelares
El magistrado impuso una prohibición de acercamiento de 50 metros entre el acusado y la agente denunciante, además de la prohibición de contacto por cualquier vía: llamadas, mensajes de texto o redes sociales. “Si se la cruza en cualquier lugar, debe dar media vuelta y retirarse”, advirtió Martínez Vivot en la audiencia.
El juez explicó de manera detallada las consecuencias de violar estas medidas, recordando que en otros casos personas fueron condenadas incluso por enviar un simple emoji a la víctima. La medida cautelar regirá hasta el 20 de diciembre, con posibilidad de prórroga.
El juez también puso de relieve el contexto institucional. Recordó que el hecho ocurrió dentro de una comisaría, en un ámbito donde la víctima debía acatar las órdenes de su superior inmediato.
Al mismo tiempo, aclaró que la imputación es el primer paso del proceso y que será el juicio oral el que determinará la responsabilidad penal del acusado. No obstante, subrayó que los elementos presentados por fiscalía y querella resultan suficientes para avanzar en la investigación.
Próximos pasos judiciales
La investigación tendrá un plazo de cuatro meses, hasta el 20 de diciembre. En ese período, fiscalía y querella deberán reunir pruebas, tomar declaraciones y preparar el caso para un eventual juicio oral.
Mientras tanto, la defensa del imputado buscará demostrar que no existió delito y que los mensajes fueron malinterpretados. El proceso continuará en los próximos meses y definirá si el jefe policial enfrentará un juicio oral por los delitos que se le imputan.
Un oficial principal de la Policía de Río Negro fue formalmente imputado por el juez de Garantías Julio Martínez Vivot por los delitos de abuso sexual simple en grado de tentativa y coacción, en perjuicio de una agente. El hecho ocurrió el año pasado, cuando ambos compartían espacio de trabajo dentro de la comisaría 21.
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