Vignaroli tomó medidas de prueba en la causa por irregularidades en los fondos del ministerio de Salud
El fiscal jefe pidió informes al Banco Provincia de Neuquén y al ARCA. A partir del escándalo renunció la directora provincial de Recupero Financiero.
La fiscalía de Neuquén comenzó a investigar las presuntas irregularidades en la administración y rendición de fondos públicos ocurridas en el ministerio de Salud de la provincia. La semana pasada el gobierno de Rolando Figueroa, a través de la fiscalía de Estado, presentó la denuncia penal contra la funcionaria que se desempeñaba como directora de Prestaciones y Recupero Financiero.
Según pudo confirmar Diario RÍO NEGRO ya se tomaron medidas de prueba para determinar si se cometió el delito de peculado, que implica la desviación o utilización indebida de recursos.
El fiscal jefe Pablo Vignaroli pidió informes al Banco Provincia de Neuquén y al ARCA, además de disponer una serie de medidas investigativas a la división de Delitos Económicos de la policía.
Una vez que cuenten con esos datos continuarán con las demandas de documentación al ministerio.
La fiscalía de Estado pretende intervenir en el caso como querellante. Ya lo ha hecho en la causa por la estafa con planes sociales y en la de peculado que involucró a Pablo Ruiz, exdirector de Casa de las Leyes y hermano de la exvicegobernadora.
La funcionaria fue apartada preventivamente y luego presentó su renuncia al cargo.
La auditoría interna
Hasta el momento lo que se sabe es la información divulgada por el gobierno. A partir de una auditoría interna del ministerio de Salud se detectaron inconsistencias en tres expedientes administrativos mediante los cuales se habrían otorgado anticipos para gastos de funcionamiento por un total de $21.307.500.
De acuerdo al informe técnico, las rendiciones efectuadas no permitieron acreditar el destino final de esos recursos.
En un primer expediente se observaron irregularidades sobre fondos por $7.837.500.
Entre los principales puntos detectados se mencionan la falta de autorizaciones jerárquicas correspondientes, ausencia de justificación para utilizar el mecanismo excepcional de anticipo de fondos, concentración de funciones en una misma persona y falta de documentación bancaria que permitiera comprobar los pagos realizados a proveedores.
En un segundo expediente, la auditoría identificó una reiteración del procedimiento observado: la solicitud, intervención y autorización del pago habrían sido gestionadas por la propia funcionaria denunciada, sin los controles internos correspondientes. Se detectaron facturas con conceptos generales, ausencia de remitos, falta de constancias sobre servicios prestados y documentación insuficiente para verificar la efectiva utilización de los recursos. En este caso las inconsistencias son por $5.660.000.
El tercer expediente involucra una suma de $7.810.000. La auditoría señaló la falta de autorización administrativa correspondiente, inconsistencias en la justificación del gasto y ausencia de documentación que permitiera vincular los pagos realizados con necesidades concretas de funcionamiento del área.
Para el gobierno los fondos habrían quedado bajo disponibilidad de la funcionaria que intentó justificar su utilización con documentación, cuya correspondencia con servicios prestados no pudo ser comprobada durante la auditoría.
Las rendiciones fueron rechazadas y se remitió las actuaciones al Tribunal de Cuentas.
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